Un fraude electoral con sabor a golpe de Estado imperial

Tomado de la revista Envío

Por Ismael Moreno * Director de Radio Progreso y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).

El gobierno que se inauguró el 27 de enero de 2018 será el más  débil de la historia política hondureña, al menos de los últimos 35 años. Y lo será porque su legitimidad está carcomida.  No importa que el gobierno de Trump lo haya reconocido y felicitado, y que muchos otros lo hayan hecho posteriormente. Juan Orlando Hernández no podrá gobernar en paz, porque es inevitable que los sectores que rechazan la imposición de la dictadura busquen construir escenarios propicios para revertir el fraude.

El presidente que el departamento de Estado eligió

Los promotores del fraude anunciado y ejecutado antes, durante y después del 26 de noviembre quedaron con la razón, con la ley y con las armas apuntando a transgresores
del orden público. Los que se oponen al fraude y demandan nuevas elecciones o rechazan una dictadura, quedan fuera de la ley. Washington hizo caso omiso a todas las voces y protestas que denunciaron el fraude y exigían anulación de elecciones y la convocatoria a nuevos comicios.

Con su reconocimiento del 22 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos dio su espaldarazo al desacreditado Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, a través de su presidente David Matamoros, oficializó el 17 del mismo mes los resultados electorales que dieron por triunfador al gobernante actual.

Una vez que Washington reconoció al presidente electo, el reconocimiento de los países comenzó a divulgarse uno tras otro como cuando van cayendo las hojas de los árboles en el otoño gris del hemisferio norte. La comunidad internacional dobló sus rodillas. Y todos, sin excepción, se hicieron eco del llamado al diálogo nacional, convocado por el mismo presidente Hernández, para buscar consensos que pusieran fin a la crisis política.

El reconocimiento en su conjunto dejó entre líneas diplomáticas que en Honduras hay un problema, que una dosis importante de ese problema reside en el gobierno al
que reconocen, y que por eso mismo la sociedad debe tener una participación
activa en la búsqueda de resolución de la crisis. El poder de Estados Unidos se
hizo sentir con toda su fuerza. Bastó que hablara para que los demás
rompieran el silencio. No importó la protesta contra el fraude. No importó si hubo o no hubo fraude en las elecciones del 26 de noviembre.

Tampoco importó el país en que había ocurrido esta crisis. Lo que le importó a la “comunidad internacional” fue su sumisión a la palabra dictada por Washington.  Una vez más quedó patente el poder del imperio y la inexistencia de países como Honduras. Lo que pase en el presente y el futuro de este país es lo de menos. Si se despedazan sus gentes por conflictos internos, si se instaura una dictadura, eso no interesa. Lo que pesa son intereses geopolíticos y financieros. Y para esto la comunidad internacional necesitará siempre estar bien con Washington.

Femicidios en ascenso: El año 2018 inicia marcado por los femicidios.  Cuando aún no había terminado el mes de enero, más de 52 mujeres ya habían ingresado a las morgues de San Pedro Sula y Tegucigalpa. La mayoría son víctimas de sus compañeros de hogar o exparejas, “cegados por los celos” y bajo los efectos de drogas y alcohol, pero también empoderados por una sociedad que consiente y fomenta la cultura machista y la violencia. Merly Eguigure, coordinadora del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, criticó la inoperancia de las autoridades, que no actúan ante el problema. Es el caso de una joven en La Lima, cuyo esposo la asesinó pese a que ella lo había denunciado por violencia doméstica ante los cuerpos de seguridad. Mientras, el Conadeh informó que en los últimos 15 años han muerto asesinadas unas 5600 mujeres, y que más del 90% de los casos permanecen en la impunidad.

El miedo a un fantasma geopolítico ganó las elecciones 
El miedo a un fantasma ganó las elecciones del 26 de noviembre. Un fantasma revoloteó por las oficinas hondureñas de los políticos de la extrema derecha primitiva, de la
élite empresarial, de un conspicuo sector autodenominado de “sociedad civil”, de misiones extranjeras, de misiones especiales de observadores, y especialmente por las
oficinas de la embajada americana y de altos funcionarios del Departamento de Estado en Washington.
El miedo a un fantasma impuso finalmente la decisión que se decantó a favor del nada confiable, en muchos de esos círculos, Juan Orlando Hernández. Ese fantasma tiene nombre y apellido: Manuel Zelaya Rosales, un fantasma que por estar en los hechos desprendido de sus rasgos humanos naturales, en todas estas oficinas acabó siendo tratado bajo la categoría de un auténtico mito, como si se tratara del monstruo de la laguna negra con el que los padres amenazan a los niños si no se van temprano a la cama.
No ha sido Juan Orlando Hernández quien propiamente ganó en esta vorágine política. No fue tanto el fraude el que por sí mismo se impuso. Si el gobierno de los EUA no
se hubiese decidido por respaldar a Juan Orlando Hernández, había muchas razones para acusarlo de fraude y obligar al TSE a declarar ganador a Nasralla.
No ganó Juan Orlando Hernández, tampoco el fraude. Ganó el miedo y prejuicio del gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, a un gobierno
que tuviera a Manuel Zelaya Rosales como principal protagonista. Nunca tuvo reparo en Salvador Nasralla. A lo sumo rió con sarcasmo cuando lo imaginaba de presidente.
Pero persistió el convencimiento de que quien gobernaríatras Nasralla sería el hombre con el bigote y el sombrerón, típicos de un caudillo rural.

Se impuso la lógica geopolítica 
De nuevo se ha impuesto en Honduras la geopolítica imperial por sobre los dinamismos nacionales. De nuevo ha pesado la lógica de la Banana Republic: los asuntos hondureños se definen sin el país, fuera del país y en contra del país. El Departamento de Estado y el
Comando Sur, por encima de las tibiezas de los demócratas que están en la embajada en Tegucigalpa, decidieron cerrar filas contra el peligro que para ellos supone un gobierno
imprevisible como el que se veía venir con un pendular Salvador Nasralla y un Zelaya Rosales con sus vasos comunicantes con el tambaleante Socialismo del Siglo Veintiuno.

Cualquier cosa, incluso seguir avalando a un rufián y mafioso Juan Orlando Hernández, a tropezar de nuevo con la misma piedra o la reedición en Honduras de un gobierno al que se le dio golpe de Estado en 2009 por haber establecido sospechosas alianzas no controladas por el Departamento de Estado ni por la élite más exclusiva de la oligarquía criolla.

El fantasma de Manuel Zelaya revoloteó en todo el proceso electoral, estuvo presente en el conteo de los votos, formó parte de las sumas y restas de Juan Orlando con los
obedientes miembros del TSE, y de las pláticas y decisiones con la Embajada y los miembros del Departamento de Estado.

Actualidad nuevo pacto de impunidad

La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) denunció que el Congreso Nacional aprobó un “pacto de impunidad” al reformar la Ley General del Presupuesto para que no se acuse a ninguna persona que haya manejado recursos estatales, mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no termine las
auditorías. Mediante el decreto 141-2017, el Congreso aprobó, el 18 de enero de 2018, el Presupuesto de Egresos e Ingresos de 2018, en el que modifica los artículos 16 y 131-A de la Ley Orgánica del Presupuesto para que el TSC realice auditorías, durante
tres años, de recursos invertidos en proyectos sociales en los periodos gubernamentales 2006-2010, 2010- 2014 y 2014-2018. Mientras el TSC realice las auditorías, “no se procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad, sea esta administrativa, civil o penal”, con lo que se limitan las funciones de investigación y acusación del Ministerio Público. La reforma, que se aprobó con el voto a favor de 75 diputados, diez abstenciones y dos votos en contra, fue publicada en La Gaceta con una
celeridad inusitada: el 19 de enero, al día siguiente de su aprobación.

Juan Orlando perdió las elecciones Él lo sabe, lo sabe David Matamoros,
presidente del TSE, lo saben los miembros de la Misión de Observación de la OEA y de la
Unión Europea. Lo sabe el Departamento de Estado. Y lo sabe y lo convierte en rabia un sector mayoritario de la ciudadanía hondureña, que votó no tanto porque creyera con firmeza en Salvador Nasralla, sino por el repudio a Juan Orlando Hernández, quien se ha convertido en el individuo más repudiado en la historia política de Honduras, al menos de los últimos 40 años.

Rasgos por los que se recuerda a los presidentes hondureños 
A los militares que dieron golpes de Estado en los años setenta se les recuerda con burla por sus acumuladas ignorancias, y todo mundo en Honduras se mofa de Suazo Córdova, el primer presidente en la era de las democracias representativas, por abrir las puertas
a las políticas intervencionistas de los gringos con sus alardes pueblerinos y su concepción de alcalde de pueblo.

A Azcona Hoyo se le recuerda por la mediocridad con que tratóla demanda internacional de sacar a la contrarrevolución nicaragüense del territorio hondureño, mientras que a Callejas se le asocia inevitablemente con el más feroz neoliberalismo teñido de galopante
corrupción patrimonial. Callejas es el símbolo del gobernante corrupto, que hasta lo convertía en héroe de la cleptocracia.

Carlos Roberto Reina. Quedó en el imaginario hondureño como el presidente que quiso adecentar la institucionalidad con una inexistente “revolución moral”, aunque dejó el imperecedero recuerdo de haber abolido el servicio militar obligatorio.

Carlos Roberto Flores Facussé. Se le recuerda por una agenda política arrasada por la tormenta tropical Mitch, y por ser un eximio controlador mediático a través de la
sublime compra de periodistas. Fue el auténtico constructor del “cerco mediático”.

Ricardo Maduro. Quedó en la memoria popular como el hombre de la mano dura, que pasó su gobierno entero vengando la muerte de su hijo y capitalizando las ayudas
del Mitch para fortalecer las alianzas de la élite más pura de la oligarquía con el capital transnacional, expresadas en la ratificación de los tratados de libre comercio.

Manuel Zelaya Rosales. Se le asocia con un “poder ciudadano” que puso a temblar todo lo que de neoliberalismo se había consolidado desde Callejas hasta Maduro, la Cuarta Urna el golpe de Estado de 2009. De Roberto Micheletti apenas se recuerda su estridente tripleta de gritos “Viva Honduras”, propios de la afortunada mentalidad de un
“gorilete”.

A Porfirio “Pepe” Lobo se le asocia con la mano extendida hacia la comunidad internacional, suplicando reconocimiento político y tapando los agujeros que dejaban
a su paso las prácticas corruptas de sus más cercanos colaboradores, incluyendo a su amada “mi Rosa”.

¿Y Juan Orlando Hernández? La memoria colectiva lo identifica como el individuo cínico y ambicioso que alcanzó los niveles de repudio que ni por asomo alcanzaron sus
predecesores en la silla presidencial. Hernández representa al sector de la oligarquía que tuvo el mayor liderazgo en la implementación

LOS BENEFICIADOS
En conferencia de prensa,
el vocero de la Maccih, Juan
Jiménez Mayor, explicó que, como
consecuencia de la reforma a la
Ley General del Presupuesto, la
investigación conocida como “red de
diputados, que abarca a más de 60
parlamentarios y exparlamentarios,
incluyendo al propio presidente del
Congreso Nacional, quedaría sin
efecto”.
La Maccih investiga el uso de
unos 1300 millones de lempiras
otorgados a diputados por el Fondo
Departamental, entre 2010 y 2017.
Así quedó al descubierto la red de
diputados, un caso en el que cinco
legisladores fueron acusados de
recibir fondos públicos por medio de
una ONG.
Los fondos debieron ser invertidos en
obras sociales, pero los diputados los
destinaron a gastos personales, de
acuerdo con un requerimiento fiscal
del Ministerio Público.
Según Jiménez, esta reforma podría
provocar, incluso, la excarcelación
de personas procesadas por el
megafraude contra el Instituto
Hondureño de Seguridad Social, si se
hace una “interpretación tendenciosa”
de la misma.
El hecho de que las investigaciones
penales sean diferidas al TSC es
un riesgo porque este órgano está
politizado, ya que la elección de sus
magistrados en 2016 fue producto de
acuerdos entre partidos políticos.
del golpe de Estado del 28 de junio
de 2009. No existe contradicción
entre el hecho político de haber defenestrado
a Zelaya Rosales con el
argumento de buscar la reelección
y de respaldar con fervor a Juan
Orlando Hernández en su empresa
de reelegirse pasando por encima
de la Constitución de la República,
porque en ambos eventos persiste
la defensa de negocios y el control
del Estado como el mayor de los
negocios. Lo de la ley es asunto
contingente y pragmático.

Cinco líneas de la estrategia para blanquear el fraude 
Para la élite que lidera Hernández, el ciclo electoral se cerró con el reconocimiento del Departamento de Estado. Como parte del proceso hacia la asunción de su gobierno en esta etapa especialmente difícil, squipo puso en marcha una estrategia política con al menos cinco líneas simultáneas de trabajo.

1. Línea conducente a buscar el reconocimiento de la comunidad internacional,
que temporalmente se ha ido logrando con notable éxito De la mano del Departamento
de Estado, el equipo de Juan Orlando Hernández, encabezado por Arturo Corrales, excanciller de la República y exministro de Seguridad, además de experto en el uso de
encuestas para blanquear fraudes o crear maliciosamente tendencias electorales, penetró los pasillos del gobierno de Estados Unidos, y en una jugada del más descarado servilismo, se ofreció a ser uno de los países en votar a favor de la propuesta del gobierno de Trump de declarar Jerusalén capital de Israel, a cambio del reconocimiento del triunfo electoral de Hernández. Una vez alcanzado el favor de Washington, el resto de reconocimientos vendría por añadidura.

2. Línea del “pos blanqueo” y maquillaje de la dictadura a través del recurrente llamado al “diálogo nacional” y el restablecimiento de la Secretaría de Derechos Humanos,
una línea íntimamente unida a la primera, puesto que todos los países, en el concierto armónico del reconocimiento, incluyeron en su carta oficial el llamado a que el
diálogo condujera a la superación de la crisis política suscitada por el estrecho margen electoral con el que finalmente el TSE le adjudicó el triunfo a Juan Orlando Hernández.
Esta línea referida al “diálogo” ya fue utilizada en 2015, en el fragor de la crisis que se expresó a través del movimiento de las antorchas contra la corrupción y la impunidad,
cuando se estrenó la consigna “¡Fuera JOH!”, sin duda la más popular que se haya conocido en Honduras en las últimas décadas, y que dio origen a la canción “¡JOH,
es pa’ fuera que vas!”, tan cantada y sonada en las redes sociales que, de acuerdo con una encuesta de internet, logró ocupar a finales de diciembre el lugar número tres entre
las 50 canciones más escuchadas en 2017 en Honduras. Cuando Juan Orlando y su equipo
se vieron acorralados por las presiones para investigar y enjuiciar a quienes saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se convocó a un diálogo “incluyente,
abierto y sin condiciones”. Sin embargo, solo participaron los afines a Juan Orlando Hernández, y del mismo surgió lo que hoy se conoce como Maccih (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) como respuesta oficial que, en arreglo con el Secretario General de la OEA, logró amarrar Arturo Corrales, a la
sazón canciller de la República; esta fue la respuesta a la demanda de una Cicih, una comisión de la ONU al modo como se instaló en Guatemala.

La Maccih fue una especie de híbrido que nunca acabó de cuajar, no obstante la buena voluntad de algunos de sus integrantes. Sin embargo, el auténtico fruto de aquel “diálogo” fue haber “normalizado” la situación, aplacando la crisis y allanando el camino
para que Juan Orlando y su equipo avanzaran con precisión hacia la reelección  presidencial. Este asunto devino en la crisis electoral que orilló al país a una auténtica
convulsión política y social, que hoy se trata de solventar con la reedición de un “diálogo” cuyo punto de partida es dejar intactas las reglas del juego en torno a la
aceptación de los polémicos resultados electorales. Esto es así porque el “diálogo”,
que no fue ni abierto ni incluyente, buscaba aplacar la crisis, no resolverla, y fue como una tapadera puesta en una olla hirviendo en un fuego que no se aplacó.

Ese fuego llevó a que la olla rebalsara con ocasión del proceso electoral conducido por una reelección que desde todo punto de vista fue el factor que disparó todos los conflictos, malestares y repudios concentrados en la figura de Juan Orlando Hernández. Hernández tuvo que ceder a la presión internacional al retomar la conformación de la Secretaría de Derechos Humanos, que él mismo eliminó cuando se instaló en enero
de 2014. Esta Secretaría es un auténtico contrasentido en relación con el peso que en su gobierno tiene la inversión en los cuerpos armados y en sus respuestas represivas ante
las demandas y protestas populares. De esta manera, la Secretaría de Derechos Humanos, un proyecto autoritario dictatorial, se convierte inevitablemente en la sonrisa del verdugo y en la palmadita del torturador.

3. La tercera línea de trabajo es la alianza magistral de Hernández con los propietarios de los principales medios de comunicación. Es la línea mediática de blanqueo del fraude.
Aquí se han afinado todos los dispositivos para ignorar a los opositores cuando hay que hacerlo; estigmatizar su trabajo y sus vidas, presentándolos como enemigos de
la paz, aliados del crimen organizado, promotores del vandalismo y el desorden; sobornarlos o cooptarlos si encuentran la ocasión, cosa que buscaron hacer con mucho esmero con el candidato de la Alianza Opositora Salvador Nasralla, a quien consideraron el eslabón más débil para provocar fricciones conducentes a la división interna; criminalizarlos, como en efecto ha ocurrido con la captura y el levantamiento de procesos judiciales contra decenas de manifestantes con algún liderazgo en las zonas con mayores índices de protesta; y finalmente, la persecución y eliminación física de varios
líderes de base de la oposición. Todo esto se ha manejado de manera proverbial y sin fisuras, a través de los medios de comunicación, los cuales se han dedicado a elevar el perfil humano, espiritual, familiar y de estadista de Juan Orlando Hernández, a destacar los beneficios del “diálogo nacional” para unir y reconciliar a la familia hondureña, a destacar los daños y perjuicios ocasionados por el vandalismo de quienes se resisten a aceptar las reglas del juego de la democracia donde hay un ganador y un perdedor, a destacar el reconocimiento internacional de los países a la democracia hondureña, y a celebrar con alegría y regocijo espiritual la magia de la Navidad y del año nuevo.

4. Línea de trabajo: compra de gobernabilidad —que no gobernanza— como inversión económica descarada para afianzar su alianza con altos oficiales de las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del Orden Público, la Policía Nacional, y sus colaboradores más cercanos. Esta línea comenzó con los oficiales y clases del batallón Cobras de la Policía Nacional, tras un conato de sublevación suscitado días después de las elecciones. El Presidente atajó personalmente la crisis con una inversión notable de dinero. El éxito de este operativo lo ha trasladado a todos los mandos de las estructuras armadas del Estado, y a otros colaboradores civiles a quienes le interesa tener muy a gusto para evitar que emerja en esta crisis una desagradable sorpresa sin control.

5. Línea de trabajo: la represión y fuerza bruta contra manifestantes y opositores. Para el éxito de esta línea, Hernández decidió nombrar nuevos comandantes del ejército, entre ellos al general René Orlando Ponce Fonseca, su amigo personal y formado en el Batallón 3-16, un escuadrón de la muerte responsable de asesinatos y desaparición forzada de decenas de opositores en la década de los ochenta. Mientras organiza con diligencia y publicidad el “diálogo”, que se propone “amplio e incluyente”, como en 2015, las fuerzas represivas persiguen, capturan, torturan, desaparecen, y cuando los perseguidos tienen “suerte”, los entregan a la Fiscalía para que los acuse por delitos de terrorismo, daños a la propiedad privada y sedición, que suponen una condena por varios años de cárcel sin derecho a fianza o a medidas sustitutivas.

Para muestra un botón de sangre: entre el 27 de noviembre y el 26 de diciembre de 2017, los organismos de derechos humanos contabilizan al menos 30 personas asesinadas, la mayoría en las diez noches que duró el toque de queda entre el uno y el 10 de diciembre.
De acuerdo con el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras, al menos 15 de esas muertes fueron producidas por balas disparadas por efectivos de la Policía Militar del Orden Público, el cuerpo armado creado para recibir órdenes directas y personales del Presidente de la República.

EL CONGRESO A LA
DEFENSIVA
Ofendido por las denuncias
formuladas por el vocero de la
Maccih, el Congreso Nacional emitió
un comunicado el 24 de enero, en
el que rechazó que la reforma legal
sea un mecanismo que genera
impunidad, y exige a la Maccih que
respete la independencia de poderes.
Con pasmosa frialdad, el comunicado
argumenta: “El objetivo de la
reforma, lejos de generar impunidad,
promueve la transparencia y la
rendición de cuentas, ya que
pide que se investiguen todos los
movimientos de recursos destinados
a proyectos comunitarios y ayudas
sociales, desde el Gobierno de
Manuel Zelaya hasta el presente…”.
Igualmente, sostiene que los
procesos administrativos de rendición
de cuentas no tendrán efecto
retroactivo, es decir, que seguirán su
curso normal hasta terminar, y el MP
conservará su atribución de investigar
y acusar.
Sin embargo, Jiménez Mayor
sostuvo que “el Tribunal de Cuentas,
y lo reiteramos con valentía,
no cuenta con las condiciones
de independencia respecto a
directrices políticas a efecto de
garantizar investigaciones idóneas,
independientes e imparciales”.
También dijo que la Maccih consultará
a la OEA si la Misión debe continuar
en Honduras, ya que la reforma
legal le cercena las atribuciones
de investigación que le otorga el
convenio que firmó con el gobierno.

Entre todos los escenarios, el peor
Entre todos los escenarios, ninguno ideal, Honduras entró a partir del 22 de diciembre en el peor de todos, el que confronta y polariza sin posibilidades de entendimientos
o negociaciones: el proyecto autoritario que, por la vía de la reelección y el fraude, se erigió a partir del 27 de enero en una auténtica dictadura con una oposición que, aunque sin una articulación sólida, hace coincidir a todos los sectores en el repudio, rechazo y
accionar contra la misma. Ese es el contexto en que se sitúa este escenario por el cual optó el gobierno de los EUA y que conduce a una inevitable ingobernabilidad en los próximos años. Cuando el 27 de enero de 2018 Juan Orlando Hernández recibió la banda
presidencial por segundo período consecutivo, a lo menos tres cuartas partes de la sociedad hondureña entendió ese gesto como la instauración de un gobierno de facto, que llegó por la vía fraudulenta. El estigma del fraude no se lo podrá quitar el gobierno entrante, y seguirá siendo el factor decisivo como detonador de conflictos, movilizaciones y protestas.

Una dictadura enclenque, pero muy peligrosa
El gobierno que se instaló el 27 de enero de 2018 será el más débil de la historia política hondureña, al menos de los últimos 35 años. Y lo será porque su legitimidad está
carcomida. Ya la primera administración de Hernández se caracterizó por su escasa legitimidad. Pero en su segunda administración, Juan Orlando Hernández representará a
un gobierno con el nivel más bajo de legitimidad y una alta dosis de ilegalidad. A esos dos rasgos habrá que añadir la mayoritaria percepción de que el gobierno es usurpador de la voluntad soberana del pueblo; por tanto, una dictadura impuesta inconstitucionalmente. A este usurpador habrá que hacerle la vida imposible; no puede gobernar en paz un gobierno que le ha quitado la paz a la sociedad, dirían estos
amplios sectores. Y finalmente, el gobierno de Juan Orlando Hernández seguirá cargando con el calificativo de corrupto, ganado a pulso por el manejo oscuro de los bienes públicos por parte del círculo más estrecho de sus colaboradores en su primera administración.

¿En qué se ha de sostener JOH en su segunda edición?
Un gobierno ilegal, ilegítimo, usurpador y corrupto no puede sostenerse en el poder si no es a costa de, por lo menos, seis factores íntimamente articulados:

Primer factor: una enorme inversión en la compra y soborno de voluntades, conciencias, estómagos en todos los niveles de la sociedad, desde los más encumbrados empresarios, políticos, profesionales y empleados, hasta los líderes de base necesarios para la atención clientelar de las demandas. El presupuesto de Casa Presidencial y el discrecional del presidente deberán elevarse a niveles desconocidos, incluso por los círculos de poder dentro del gobierno. Será inevitablemente un gobierno mercenario, que no podrá sostenerse sin invertir en comprar lealtades.

Segundo factor: la fuerza de las armas, con una inversión permanente en la militarización de la sociedad y el fortalecimiento de la PMOP. No le queda otro camino que recurrir a la represión y a la coerción, porque el Estado bajo la conducción de un gobierno fraudulento, usurpador, ilegal e ilegítimo perdió la capacidad de construir consensos, porque su naturaleza lo conduce únicamente a promover disensos. Y eso lo obliga a convertirse en un Estado esencialmente coercitivo. La militarización y la amenaza con armas a la sociedad para mantenerla con miedo, serán instrumentos
mortíferos indispensables para un gobierno con tan altos niveles de debilidad. El poder del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad se elevará hasta llegar a ser la instancia donde se toman todas las decisiones determinantes para el país, porque serán la defensa y la seguridad, basadas en las armas y la inteligencia militar, los instrumentos fundamentales del gobierno dictatorial.

ADVERTENCIA
El Departamento de Estado
de Estados Unidos pidió a sus
ciudadanos reconsiderar viajes a
Honduras, debido al aumento de la
criminalidad.
El comunicado, emitido el 10 de
enero de 2018, clasifica a Honduras
en la categoría de “reconsiderar
viaje”. También explica que los
empleados del Gobierno de Estados
Unidos en Honduras tienen prohibido
acercarse a Gracias a Dios, por
tratarse de una zona destinada a
actividades criminales y tráfico de
droga.
Además, afirma que los servicios
estatales de Honduras son limitados
y hay poca presencia policial y militar.
En caso de que un estadounidense
hago caso omiso al reporte y realice
el viaje, brinda algunos consejos:
* Ten cuidado de tu entorno.
* Evite caminar y conducir en la
noche.
* No se resista físicamente a ningún
intento de robo.
* Sea extra vigilante cuando visite
bancos o cajeros automáticos.
* No muestre signos de riqueza,
como usar relojes caros o joyas.
* Sea cuidadoso al utilizar el
teléfono celular en la vía pública,
incluyendo en el interior del
automóvil cuando se detiene en el
tráfico.
Debe tener un plan de contingencia
para situaciones de emergencia

.
“NO SON SOÑADORES”
El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, insistió el 1 de febrero
en que a los jóvenes indocumentados
que llegaron al país siendo niños no
se les debe llamar “soñadores”, y
advirtió que no hay que caer “en esa
trampa”.
Trump hizo ese comentario en
una reunión de los legisladores
republicanos, al referirse a la situación
de los inmigrantes que llegaron al
país de forma irregular siendo niños, y
cuya protección a la deportación, por
orden suya, termina el 5 de marzo.
Cuando en septiembre pasado
Trump decidió poner fin al programa
conocido como DACA, impulsado
por Barack Obama y que supuso un
alivio a la deportación de unos 800
mil jóvenes, el presidente instruyó
al Congreso para que hallara una
solución permanente.
Republicanos y demócratas han
estado negociando durante meses
al respecto, y hace unas semanas
encontraron un principio de acuerdo
que cumplía los requisitos exigidos
por la Casa Blanca; sin embargo,
el presidente se negó a aceptar la
medida.
El debate sobre cómo regularizar a
estos jóvenes continúa, y la falta de
consenso provocó incluso el cierre
parcial de la Administración federal
hace dos semanas.
hasta llegar a ser la instancia donde
se toman todas las decisiones determinantes
para el país, porque serán
la defensa y la seguridad, basadas
en las armas y la inteligencia militar,
los instrumentos fundamentales
del gobierno dictatorial.
Tercer factor: este gobierno deberá
buscar, permanentemente,
alianzas con la élite más rica de
Honduras y con el capital transnacional
para establecer una alianza
sólida por medio de Coalianza. La
privatización de los bienes, los proyectos
extractivos y los contratos
basados en sobornos y chantajes
serán típicos de un gobierno que
necesita congraciarse con quienes
manejan los capitales para evitar
tenerlos en algún momento como
enemigos, porque eso le resultaría
fatal.
De especial importancia será
el cuidado de las relaciones con el
gobierno de Estados Unidos, con
quien de manera muy particular
se habrá de expresar la ausencia
de libertad y autonomía a través de
vínculos y prácticas serviles frente
a la política de seguridad de Estados
Unidos; este será el factor determinante
en sus relaciones con el
gobierno hondureño.
Cuarto factor: el manejo mediático
a través de compromisos
directos con los propietarios de los
medios de comunicación y con la
inversión en publicidad en todos los
medios posibles, con el propósito de
controlar la noticia y el manejo de
la opinión pública.
De igual manera, deberá invertir
en el soborno permanente de periodistas
a título personal para fortalecer
la línea oficial de la noticia y
de la línea editorial, y en atenazar,
chantajear, amenazar a medios y
comunicadores que se salen de la
égida del “cerco mediático”.
El sabotaje a una antena y torre
de Radio Progreso, ocurrido entre
la noche y la madrugada de los
días 9 y 10 de diciembre, es apenas
una advertencia de lo que podría
ocurrirles a los medios de comunicación
que no se sometan a la línea
oficial del cerco mediático.
Quinto factor: el manejo de lo
jurídico a través de la legislación
que se aprobará en el Congreso en
virtud de contar con la mayoría de
diputados, y de los instrumentos
que se aprueben para endurecer leyes,
para aplicar penas a los detractores
y para facilitar salidas legales
a los aliados con quienes necesita
mantener excelentes relaciones.
Sexto factor: el sustento divino
como necesidad de dar legitimidad
sobrenatural a una debilidad
política casi insostenible. Nunca
se hablará tanto de Dios y de la
providencia divina como en este
segundo período de Juan Orlando
Hernández.
Recurrir a Dios y al providencialismo,
como conductores de la obra
humana de Hernández, se concretará
sin duda en alianzas específicas
con las iglesias, tanto evangélicas
como católica.

 

Tercer factor: este gobierno deberá buscar, permanentemente, alianzas con la élite más rica de Honduras y con el capital transnacional para establecer una alianza sólida por medio de Coalianza. La privatización de los bienes, los proyectos extractivos y los contratos basados en sobornos y chantajes serán típicos de un gobierno que necesita congraciarse con quienes manejan los capitales para evitar tenerlos en algún momento como enemigos, porque eso le resultaría fatal. De especial importancia será el cuidado de las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con quien de manera muy particular se habrá de expresar la ausencia de libertad y autonomía a través de vínculos y prácticas serviles frente a la política de seguridad de Estados Unidos; este será el factor determinante en sus relaciones con el gobierno hondureño.

Cuarto factor: el manejo mediático a través de compromisos directos con los propietarios de los medios de comunicación y con la inversión en publicidad en todos los medios posibles, con el propósito de controlar la noticia y el manejo de la opinión pública. De igual manera, deberá invertir en el soborno permanente de periodistas
a título personal para fortalecer la línea oficial de la noticia y de la línea editorial, y en atenazar, chantajear, amenazar a medios y comunicadores que se salen de la égida del “cerco mediático”. El sabotaje a una antena y torre de Radio Progreso, ocurrido entre la noche y la madrugada de los días 9 y 10 de diciembre, es apenas una advertencia de lo que podría ocurrirles a los medios de comunicación que no se sometan a la línea
oficial del cerco mediático.

Quinto factor: el manejo de lo jurídico a través de la legislación que se aprobará en el Congreso en virtud de contar con la mayoría de diputados, y de los instrumentos que se aprueben para endurecer leyes, para aplicar penas a los detractores y para facilitar salidas legales a los aliados con quienes necesita mantener excelentes relaciones.

Sexto factor: el sustento divino como necesidad de dar legitimidad sobrenatural a una debilidad política casi insostenible. Nunca se hablará tanto de Dios y de la providencia divina como en este segundo período de Juan Orlando Hernández. Recurrir a Dios y al providencialismo, como conductores de la obra humana de Hernández, se concretará sin duda en alianzas específicas con las iglesias, tanto evangélicas como católica.

Los escenarios ciudadanos para derrotar la dictadura
El escenario ideal, pero menos posible, es el que revierte a corto plazo el proceso del fraude, se anulan las elecciones y se convoca a nuevas bajo estricta supervisión internacional. Esto supondría que el Departamento de Estado rectifique, retome con responsabilidad el análisis de los riesgos para la sociedad hondureña, y acabe dando un respaldo a la Secretaría General de la OEA.

Una variable de este escenario es lo que sostiene Libre, a través de su coordinador Manuel Zelaya. Por una parte, demanda un mediador internacional que en tiempo corto
examine el proceso electoral y sus resultados, y que al confirmar la existencia de fraude, se reconozca el triunfo de Salvador Nasralla. Por otra parte, de repetirse las elecciones, se admitiría la anulación de los resultados que dan el triunfo a Juan Orlando Hernández, y los comicios solo serían entre los dos candidatos confrontados. Esto supondría el reconocimiento de Washington de que se ha equivocado, al tiempo que oficialmente se estaría aceptando el fraude. Sin duda, estamos en un escenario más propio de la política
ficción que de la realidad hondureña con sus complejidades en las relaciones de poder.

Otro escenario es el fortalecimiento de una convocatoria amplia de ciudadanía en rebeldía, que presiona desde diversos ámbitos para que el gobierno tenga cada vez menos espacios para impulsar su propuesta autoritaria y su amenaza a la soberanía nacional y popular. Este escenario es el necesario y obligado a construir por los sectores que rechazan el fraude y la imposición de la dictadura. Es el escenario que busca revertir el fraude a mediano plazo. El punto central de esta movilización y presión ciudadana se basa en que la reelección de Hernández es el origen del fraude electoral, por su ilegalidad. Cuando el TSE lo inscribió como candidato a la Presidencia de la República, cometió un delito de traición a la patria que es imprescriptible, como también lo es la decisión personal del mandatario de impulsar su candidatura, de acuerdo con los juristas más serios del país.

Por tanto, todo el proceso electoral se tiñó de fraude, porque reside en la institucionalidad responsable de velar por la legalidad del proceso electoral. A partir de estos hechos, la demanda de anular las elecciones de noviembre de 2017 es permanente y, obviamente, unida a la convocatoria a nuevos comicios, no solo en el nivel presidencial, sino en todos los niveles de las elecciones generales, porque todo el proceso electoral está viciado de fraude. Como se trata de una lucha por revertir el fraude electoral, esto conlleva impulsar un amplio espectro de alianzas que iría desde los sectores más radicales del partido Libertad y Refundación y de otros sectores radicales de la izquierda hondureña, pasando por el espectro que conformó la Alianza de Oposición contra la Dictadura, hasta llegar al sector del Partido Liberal que lidera Luis Zelaya y extenderse a los sectores ciudadanos y populares que se aglutinan en la Convergencia Contra el Continuismo. Se trataría de una amplia alianza entre sectores políticos partidarios de oposición y los sectores políticos y sociales. Una convocatoria
amplia opositora será sólida en la medida que tome en cuenta las siguientes condiciones:

1) Partir del reconocimiento de que más allá del repudio y de las coyunturas efervescentes, la organización social, comunitaria y popular sigue siendo muy débil;

2) Que las agendas particulares se sumen a esa agenda nacional de convocatoria y de lucha, es decir, que las diversas organiza

3) Tener en cuenta las diversidades, y que toda ampliación de alianzas ha de reforzar las
luchas y demandas particulares de los diversos sectores y espacios;

4) Evitar la dispersión y la inversión de todas las energías en una única coyuntura. Asumir que la resistencia y lucha es prolongada.

5) Precisar que las demandas políticas han de estar muy definidas y concentradas en la lucha contra el fraude representado en la reelección de un presidente, y por consiguiente que las elecciones de noviembre de 2017 son inválidas. Una amplia alianza así, a partir de consensos básicos, podrá impulsar una estrategia que puede ir desde la ampliación de
las convocatorias para que cada vez quepa más gente, y se integren las estrategias mediáticas, la estrategia legal y de derechos humanos, la estrategia de incidencia internacional y la de contenidos, hasta la actividad en la calle. Con una convocatoria opositora amplia como esta, y una estrategia basada en consensos, no habría manera de que el proyecto dictatorial tenga éxito. Aunque tenga las armas y se esfuerce en imponer su ley, llegará un momento en que se verá en la obligación de negociar una salida, que desde la perspectiva actual debería suponer el nombramiento, a través de un plebiscito, de un gobierno provisional transitorio, cuya tarea primordial sería la convocatoria de nuevas elecciones en un plazo no mayor de seis meses, bajo supervisión internacional y
con un nuevo Tribunal Supremo Electoral. En estas elecciones Juan Orlando
no podría presentarse como candidato, partiendo del hecho de que la reelección es ilegal según la Constitución de la República. En caso de hablar de reelección, el gobierno que se elija en las elecciones convocadas por el gobierno provisional, podría poner en marcha
una consulta nacional para que el pueblo-soberano decida si se convoca o no a una Asamblea Constituyente originaria, que redefina los pilares de la democracia y la institucionalidad del Estado hondureño.

LOS DERECHOS HUMANOS
EN LA MIRA INTERNACIONAL
El secretario general de la
Organización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, solicitó al
gobierno de Juan Orlando Hernández
que acepte en Honduras a un
delegado especial para revisar las
denuncias de violaciones a los
derechos humanos.
En su carta, Almagro explica que el
envío de este delegado tendría como
objetivo “conocer la situación de las
protestas y respuesta del Estado ante
las mismas”.
Amnistía Internacional denunció a
las autoridades de Honduras por ser
las “responsables de la muerte de al
menos 14 personas” y de violaciones
de los derechos humanos, “al reprimir
las protestas populares” tras las
elecciones presidenciales del 26 de
noviembre.
El organismo detalla que las
fuerzas de seguridad usaron
gases lacrimógenos, persiguieron
y arrestaron a manifestantes. En
algunos casos, dispararon armas de
fuego contra ellos.
Y destaca el caso de Raúl Antonio
Triminio, uno de los 14 muertos en
el contexto de la crisis postelectoral.
Los familiares de Triminio, de 39
años, quien trabajaba como albañil,
relataron que él participaba en una
manifestación pacífica la noche del 3
de diciembre, cuando la Policía Militar
llegó y le disparó en la cara.

¿ESTADO DE DERECHO?
Según el informe del Índice de
Estado de derecho 2017-2018, que
elabora el World Justice Project
(WJP), Honduras figura entre los
países latinoamericanos peor
evaluados junto a México, Venezuela,
Guatemala, Bolivia y Nicaragua.
Con base en encuestas a hogares
y a expertos, este Índice evalúa
el desempeño de los países
utilizando 8 indicadores: Límites al
poder gubernamental, Ausencia
de corrupción, Gobierno abierto,
Derechos fundamentales, Orden y
Seguridad, Cumplimiento regulatorio,
Justicia Civil, y Justicia Penal.
Honduras empeoró con respecto a
2016 y sin tomar en cuenta la actual
crisis poselectoral. Bajó una posición,
al pasar del lugar 102 al 103, de un
total de 113 países. Esto la ubica
en la posición 28 de 30 países en la
región.
Nuestro país obtiene malas
puntuaciones prácticamente en todos
los factores. La peor calificación es
en Justicia criminal, donde quedamos
en el lugar 111; en el Cumplimiento
regulatorio nos ubicamos en el 104 y
en ausencia de corrupción quedamos
en 98 de 113.
El Índice del Estado de Derecho
2016 afirma que un Estado de
derecho efectivo “reduce la
corrupción, combate la pobreza
y las enfermedades y protege a
las personas de injusticias tanto
pequeñas como mayores”.