Tegucigalpa, Honduras. La abogada Kenia Oliva y el defensor de Derechos Humanos, Carlos Del Cid, denunciaron que corren peligro en vista de que los apoderados legales de la cúpula policial implicada en torturas de defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios, han ejercido espionaje policial para presentar en juicio información privada de las víctimas.
La estrategia es intimidar y desacreditar la legitimidad de las organizaciones defensoras de derechos humanos, pero el punto en debate es la tortura ejercida por policías y no las condiciones en que se defienden estos derechos en Honduras, señaló la abogada Kenia Oliva.
Por su parte, Del Cid reveló que es una situación peligrosa porque «durante el juicio los abogados defensores de estos policías andaban en sus manos como pruebas en defensa, las personerías jurídicas e informes de las organizaciones de derechos humanos, entregadas a ellos por la URSAC en una descarada violación al derecho de respeto y privacidad que las organizaciones tenemos y en una clara persecución de inteligencia policial al trabajo que las mismas desempeñamos».
También, los abogados presentaron «vaciados a aparatos de comunicación de las victimas, en claras amenazas a la privacidad y siempre a una vigilancia peligrosa de inteligencia de los aparatos represivos del Estado en contra de las victimas y en favor de los victimarios», denunció la víctima.
La abogada Oliva indicó que estos vaciados fueron solicitados por la Fiscalía y nos los habían presentado en juicio, hasta ahora que fueron utilizados por la parte defensora de los imputados.
«Es evidente que en la estrategia de defensa y ataque de los abogados de los policías, los mismos están contando con todo el apoyo de las otras instituciones del Estado quienes les están proveyendo información de las victimas y las organizaciones de DD. HH, hablamos del mismo Ministerio Público, la Secretaría de Justicia y el Poder Judicial. En mi caso personal denuncio una campaña de desprestigio contra mi persona y la organizacion y proyecto para el que trabajo. Hago responsable de cualquier daño que a mi o mi familia nos suceda al Estado de Honduras y en particular a los comisionados:
Juan Manuel Aguilar, Felix Adrián Colindres y Marlon Agustín Vásquez», declaró Del Cid.
El periódico Pasos de Animal Grande confirmó que como parte de su estrategia, la defensa de los policía presentó este 13 de marzo de 2018, en la Audiencia Inicial, las personerías jurídicas de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, (CIPRODEH) y de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), así como una constancia de que el Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos (OEIDH) no está inscrito como organización.
La estrategia pretende justificar las torturas y otros abusos de derechos humanos contra cuatro defensores y ocho estudiantes, ocurridas en 2017.
«El Ministerio Público libró requerimiento Fiscal contra los oficiales de la Policía Preventiva Félix Colindres, Marlon Palma y Manuel Aguilar, por los delitos de lesiones, tortura, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios y detención ilegal contra cuatro defensores y defensoras de derechos humanos y ocho estudiantes, hechos ocurridos el 08 de septiembre del 2017 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,(UNAH)».
El 08 de septiembre pasado los defensores de derechos humanos Carlos del Cid, del OEIDH, María Tomasa Morales, de ASOPODEHU; Ariel Díaz de la Asociación de Jóvenes por los Derechos Humanos y Hedme Castro de ACI-Participa junto a siete estudiantes fueron torturados por policías comandados por altos jefes policiales, y posteriormente los llevaron enchachados a celdas de detención, siendo criminalizados, reportó el periódico.
La tortura en contra de las y los defensores ocurrió mientras hacían su labor durante las protestas estudiantiles por el conflicto de criminalización de más 200 estudiantes y la falta de democracia interna en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), originada por la gestión de la exrectora, Julieta Castellanos.
«Los delitos suman más de 200 años de prisión pero la jueza a cargo, en la Audiencia de Imputado dictó medidas cautelares a favor de los oficiales y se están defendiendo en libertad pero por la gravedad de las actos violatorios a los derechos humanos tendrían que estar en prisión preventiva. La togada adujo que si bien es cierto las arbitrariedades son graves “no están probadas”, dejando de lado el mínimo indicio de culpabilidad que señala el Código Penal».
El abogado González expresó a pasosdeanimalgrande.com que la presentación de las personerías jurídicas y la constancia del OEIDH es una muestra que los oficiales están haciendo uso de su cargo y tienen acceso a documentos que la URSAC les entregó violentando el procedimiento legal para hacerlo.
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