Tegucigalpa, Honduras. Al declarar la pretendida inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia estaría «desarticulando la MACCIH y cerrando las posibilidades de continuar con los procesos de investigación que tratan de devolver la credibilidad en el sistema judicial hondureño».
La cita anterior forma parte del comunicado que emitió el Frente Parlamentario de Apoyo a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El FPAM dijo en su comunicado que el recurso fue promovido por el fiscal anticorrupción y ahora abogado defensor del escándalo de corrupción, Caso Red de Diputados, Juan Carlos Sánchez.
Los cinco diputados fueron acusados por el supuesto desvío de fondos de programas sociales a cuentas privadas, el ex vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, denunció que por este caso se investigaba una red que podría estar investigado hasta por 140 dipitados, incluído el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva. Jiménez Mayor dijo además que se había aprobado una reforma a la Ley de Presupuesto al que denominaron pacto de Impunidad, el mismo día la jueza Alma Guzmán uso esta ley para liberar de la justicia a los cinco diputados.
Puede ver: Los siete casos de la MACCIH en riesgo por Pacto de Impunidad
En relación con estos antecedentes, el comunicado cita que la decisión de la CSJ llama a sospechas innecesarias porque recientemente no aceptó recursos de inconstitucionalidad en contra la reforma a la Ley del Presupuesto, aprobada el pasado 18 de enero. Ahora esta misma Corte acepta un recurso presentado por el abogado Juan Carlos Sánchez.
Fragmento del comunicado
«Para el FPAM es motivo de una profunda preocupación y malestar, el hecho de que desde el poder desde donde se imparte justicia, se esté pensando en revertir este logro, producto de la presión ciudadana en contra de la corrupción.
Para aprobar la presencia de la MACCIH en Honduras, se tuvo la participación de los tres poderes del Estado. La Corte Suprema emitió una opinión favorable que garantizaba la constitucionalidad del convenio; hoy este Poder del Estado no puede argumentar una posición diferente porque esto se percibiría como una decisión política manejada por los sectores oscuros que trafican con el poder y se rehúsan a abandonar sus privilegios. El Poder Legislativo también debió debatir y aprobar el Convenio previo a su ratificación por el Poder Ejecutivo.
Como instancia multipartidaria integrada por las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional para apoyar los esfuerzos encaminados a asegurar el cumplimiento de todas las cláusulas del convenio de la MACCIH, el FPAM hace un llamado para que este hecho sirva más bien para que con su opinión, la Corte Suprema fortalezca y consolide el trabajo de este órgano persecutor de los delitos de corrupción y otra instancias anticorrupción como la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) del Ministerio Público y el Consejo Nacional contra la Corrupción».
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