Tegucigalpa, Honduras. Una serie de irregularidades como la pérdida de evidencia, notificaciones sin entregar por falta de ubicación de militares y policías y una aparente red de encubrimientos al más alto nivel, evidencia el expediente de investigación por tratos crueles e inhumanos y abuso de autoridad contra 13 mujeres periodistas, atacadas el 13 de diciembre de 2011 con bombas lacrimógenas y golpes por parte de la Guardia de Honor Presidencial del exmandatario, Porfirio Lobo Sosa.
Con la ayuda de los abogados Kennia Oliva y Edy Tábora que se apersonaron al proceso como acusadores penales, se revisó el expediente y se pudo constatar que hay un acta donde se consigna la cadena de custodia y el traslado de evidencia, pero del expediente desaparecieron vídeos y otros indicios.
Para esta investigación se ha solicitado información a funcionarios y ex funcionarios como el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, el ex jefe policial, Juan Carlos Bonilla, la ex subsecretaría de Seguridad Marcela Castañeda, entre otros.
Por la denuncia, la Fiscalía ha pedido información del capitán de navío, Mauricio Alemán Quiroz, al ex jefe del Estado Mayor Conjunto, René Osorio Canales, general Andrés Felipe Díaz, este último está en «honrosa condición de retiro».
Asimismo, fueron llamado a declarar Olman Amilcar Herrera Rodríguez, es el único que aceptó declarar y señaló que fue agredido por las periodistas cuando le quitaron su tolete; José Francisco Estrada Pacheco, exjefe de Apoyo Logístico en el momento de la agresión; Daniel Mendoza Vallecillo, asignado a la Unidad Especial de Protección de la Dirección Nacional de Unidades Especiales y José Elías Bustillo, también han sido citados a rendir declaración. La mayoría de investigados se abstuvieron de declarar.
El abogado Tábora en su rol de acusador privado y como director del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) explicó que el 24 de mayo de 2018, luego de una protesta pacífica llevada a cabo por las periodistas agredidas para pedir justicia, se solicitó a la Fiscalía citar al expresidente Lobo Sosa que admitió ante la prensa nacional esta agresión.
A juicio de Tábora hay suficiente evidencia en este caso para presentar una acusación criminal contra los agresores de 13 periodistas que se manifestaban para pedir justicia por el asesinato de la primera mujer periodista, Luz Marina Paz Villalobos, el 6 de diciembre de 2011.
Durante esta manifestación, las mujeres fueron agredidas por militares mientras intentaban cruzar las vallas para llegar hasta la parte frontal de Casa Presidencial para pedir justicia.
Las autoridades militares han encubierto el caso y la información de los militares bajo el argumento de la seguridad nacional. La fiscal Loany Alvarado también ha firmado denegatorias de información pública solicitadas al Ministerio Público para conocer cómo avanza esta investigación, la información se ha negado bajo el argumento de la «seguridad».
