• En 2014, el ministro Marlon Escoto suspendió el pago de calificación académica a 119 docentes. El hecho está en la impunidad.
• Los maestros se sacrifican, compran materiales de su bolsillo sabiendo que no volverán a tener aumento hasta dentro de cinco años y ahora las condiciones de su pensión han empeorado.
Comayagüela, Honduras (Reporteros de Investigación). “Nada, profesora aún no le tenemos respuesta”.
La profesora mide 1.43 de estatura, tiene el pelo negro. Simpática, sonriente, alborota los grupos con una sonrisa, pero cada vez que va a la Secretaría de Educación, su ánimo decae.
Desde hace más de 10 meses, la profesora Claudia atraviesa la puerta de vidrio del edificio de paredes con pintura carcomida de la Secretaría de Educación, situado en Comayagüela, rodeado de vendedores de frutas, verduras, ropa y productos inimaginables traídos de china, Taiwán, El Salvador, Panamá.
Tan solo al verla, los empleados del despacho de la Secretaría de Educación en Honduras, sin esperar una pregunta, a modo de saludo le dicen:
-“Nada, profesora aún no le tenemos respuesta”.
Cuatro Secretarios de Estado en los Despachos de Educación y ninguno resuelve.
Sentada en un bordillo de una macetera, ubicada en el parqueo de la Secretaría de Educación y con un folder abanicando su rostro desencajado, la profesora Claudia esperaba pacientemente la llegada de la periodista de Reporteros de Investigación para ser acompañada en su visita rutinaria de monitoreo a su denuncia.
Después de pasar varios filtros de seguridad sin ningún problema, pues, todas las personas ya están familiarizadas con las visitas recurrentes de la profesora Claudia al despacho del Secretario de Educación, finalmente la maestra obtuvo la misma fría e indiferente respuesta por parte de una joven que no dio tiempo ni siquiera de saludar.
La respuesta que ella busca es la resolución firme del expediente número 044-SE-018 que contiene el reclamo administrativo porque desde 2014 le bajaron su salario por un periodo de nueve meses y desde entonces ha venido agotando recursos para recuperar la deuda que le permitirá sufragar gastos cotidianos y de salud.
“Ya son cuatro ministros y ninguno tiene interés en resolver, inicié mi proceso de justicia con Marlon Escoto, luego Rutilia Calderón, después Marcial Solis y ahora Arlando Bueso y lejos de ver solucionar mi problema cada día veo más cuesta arriba el que se me haga justicia”, susurró la educadora.
De acuerdo con lo denunciado por la maestra Claudia, el entonces titular de educación, Marcial Solis tuvo en su despacho el documento que validaría el pago de su deuda desde el mes de marzo del año 2018 y “nunca tuvo tiempo para firmar la resolución, no era necesario más de 30 segundos para firmar, porque es un documento respaldado por el área legal de la misma Secretaría, solo debía firmar”.
Efectivamente, RI solicito vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), el 29 de octubre del año 2018, información sobre el estado del oficio No. 3828-SE-2018, (Recurso a favor del pago de la profesora Claudia Mejía). La SE incumplió con la entrega de la información en el periodo establecido de 10 días hábiles, razón por la cual el 14 de noviembre de ese mismo año, se interpuso un Recurso de Revisión por incumplimiento de entrega de información ante el Instituto de Acceso a la Información Publico (IAIP).
La respuesta por parte del personal del IAIP en relación al Recurso de Revisión fue “El señor Ministro de Educación no ha tenido tiempo para firmar”, la misma respuesta que por más de nueves meses recibió la profesor Claudia, curiosamente RI tuvo acceso al Oficio No. 2063-SE-2018 de fecha 22 de octubre y en la cual daba respuesta a una solicitud de permiso gremialista para procesos de proselitismo, enviada el 17 de octubre, es decir,se demoró solamente dos días hábiles en responder la solicitud.
Este documento contradice la narrativa de suma ocupación del Secretario en Educación de ese entonces Marcial Solis quien no firmó por “falta de tiempo en consecuencia de múltiples ocupaciones”, el Recurso interno a favor de la profesora Claudia y el Recurso de Revisión enviado por el IAIP.
Y si se logra firmar, se hará efectivo el pago de la deuda
“Finanzas ya me ha manifestado que lo más probable es que ese dinero vaya a deuda pública, pues aunque no me lo pagaron y en teoría debería estar disponible ya que estaba presupuestado, ese dinero ya no está en las arcas de la Secretaría de Finanzas”
“Para donde agarró ese dinero, si más bien es menos de lo que dejé de percibir”, es la pregunta que queda en el aire.
Mientras, la profesora Claudia, parece entrar a un círculo porque el proceso de firma del Recurso para dejar en firme la resolución de pagar la calificación académica que de manera arbitraria le quitaron, tendrá que iniciar de nuevo ya que ahora es otro titular el que está a cargo de la Educación.
La educadora aseguró que no desistirá en su proceso de búsqueda de justicia en el pago de un dinero que siempre le correspondió y que jamás debió habérsele quitado de su sueldo, “yo no puedo dejar las cosas en manos de Dios, eso sería contradecir mi política de vida, siempre les dije a mis hijos, a mis alumnos y a mis compañeros que uno debe luchar eternamente por lo que cree justo y eso es lo que estoy haciendo”.
Para la profesora Claudia la docencia le ha dado gratas y grandes satisfacciones y aunque en los maestros han involucionado en materia de derechos y conquistas laborales, así como un discurso estigmatizador y de odio por parte de los gobernantes que además también ejercen represiones administrativas-sutiles en contra de los educadores, la misión de los docentes siempre estará por sobre una visión economicista.
Los caminos en el rostro de la profesora Claudia describen la impotencia y frustración del abuso y apatía de funcionarios cuyos actos arbitrarios nunca contraen consecuencias.
Claudia Miriam Mejía Sandres es una profesora del área de matemáticas y lleva más de la mitad de su existencia impartiendo clases de manera oficial en al menos siete colegios del departamento de Francisco Morazán. La Secretaría de Educación solo le reconoce 20 años de carrera porque en los primeros seis no tenía título.
Su pasión por la docencia la ha convertido en una profesora muy apreciada por alumnos y ex alumnos a quienes según ella se encuentra en todos lados “mi mayor satisfacción es ser recordada con cariño por los cipotes, siempre me encuentro a un joven o no tan joven que con una sonrisa sincera se me acerca y me saluda emotivamente, eso es el mejor regalo para un maestro”, aseguró la profesora Claudia.
A nivel gremial, la maestra es una reconocida defensora de los derechos laborales y sindicales de los docentes, su beligerancia y convicción la ha hecho merecedora del respeto y credibilidad de sus colegas a tan punto que en la actualidad dirige un movimiento a nivel nacional cuya finalidad es la lucha por una jubilación digna denominado “profesora Ilsi Ivania Velasques”, una maestra asesinada durante una represión contra los docentes en el año 2010.
En relación a su núcleo familiar, Claudia Mejía es madre de cinco hijos: una periodista, un maestro de ciencias naturales, una profesora de inglés, una trabajadora social y una maestra de matemáticas, todos productos del sistema educativo público en todos sus niveles.
Con mucha seriedad la profesora dijo: “Mis hijos son mi mayor orgullo, son personas nobles y solidarias, profesionales de bien que contribuyen desde cada uno de sus espacios a la construcción de un mejor país, mis hijos sufrieron mis ausencias porque no es fácil ser docente, yo me perdí todos los actos cívicos del día de la madre por festejar los días de las madres con las mamis de mis alumnos, pero ellos siempre supieron comprender al igual que mi esposo”.
“Hubo un tiempo que viajaba a jalón en los carros pailas para llegar a mi trabajo en el municipio de Ojojona por la mañana, por la tarde a un centro de educación básica en la Aldea los Pinos y finalmente por la noche a un colegio nocturno, en ese entonces incluso nos pagaban con cheque en Tesorería donde se armaban filas interminables en condiciones indignas, pero haciendo una comparación incluso con esa deficiencia administrativa, era mucho mejor, pues había por lo menos acceso a los ministros y estos resolvían de mala gana, pero solucionaban”, aseguró la profesora mientras encogía sus hombros.
Cuatro años tratando de recuperar lo arrebatado arbitrariamente
En el año 2014 el entonces titular de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto, exigió de manera arbitraria a un grupo específico de docentes activos dentro del sistema público que presentaran de manera física su título universitario y poder con ello respaldar el pago por concepto de la calificación académica.
La calificación academica es una figura contemplada en el Estatuto del Docente para aquellas personas que se titulan con el grado de licenciatura, ya que anteriormente la Escuela Superior del Profesorado, ahora Universidad Nacional Francisco Morazán (UPNFM), egresaba a sus profesionales sin el grado de licenciatura, entonces la calificación académica fue un incentivo para la profesionalización del personal docente del sistema público hondureño.
El oficio en mención fue publicado bajo el número 0266-SGRH-2014 y este precisaba la investigación del estatus profesional de 119 docentes en un periodo de 10 días hábiles por parte de la Sub Gerencia de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación.
Esta acción fue catalogada como “persecusión política” en contra de docentes de los 18 departamentos de Honduras, en consecuencia, de sus posturas ideológicas vinculadas a la crisis política originada por el Golpe de Estado en el año 2009.
Aun y cuando la maestra Claudia, cumplió con las directrices de presentación de su título universitario, sin explicación alguna, se le rebajó de su sueldo el porcentaje equivalente a la calificación académica por un monto mensual de 4,000 Lempiras.
El procedimiento -catalogado por la maestra- como una falta administrativa por parte de Educación, fue un acto sin precedentes puesto que si la docente no contaba con un título universitario que le permitiera impartir clases, la sanción correspondiente era el despido inmediato, puesto que no contaba con ningún requisito para poder impartir clases.
“Yo soy Bachiller en Ciencias y Letras, graduada en el año 1979 en el Instituto Central Vicente Cáceres y luego estudié en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, la Licenciatura en Matemáticas, es decir, que no puedo impartir clases sin mi título universitario, entonces lo que compete es un despido e incluso un procedimiento penal por usurpar funciones y mentir sobre mi profesión, pero no fue así, lo único que hicieron es rebajar mi salario”, denunció la docente.
A partir de esa fecha la profesora inició un proceso de gestión ante la oficina de Escalafón del docente hondureño y no fue hasta nueve meses después de la suspensión de la calificación académica y sin mayor protocolo, que la Secretaría de Educación regresó a la maestra, la parte de su salario correspondiente a la calificación académica.
A esperar “el sueño de los justos”
Cuando el ministro Escoto volvió a pagar la calificación académica, reconoció tácitamente el error administrativo cometido por la Secretaría de Educación en contra de la profesora Claudia. Pero, la Secretaría de Educación no hizo efectivo el rembolso del pago dejado de percibir durante nueves meses de suspensión de la calificación académica.
Al respecto, la mentora aseguró que: “Mi caso es un claro ejemplo de abuso de poder por parte de Miguel Yovani Gómez, quien era en ese entonces Director Departamental de Francisco Morazán y también del mismo titular de la Secretaría de Educación, Marlon Escoto y de la misma Yesenia Martínez que era la Sub Gerente de Recursos Humanos Docentes”.
Con la finalidad de recuperar su dinero, la maestra fue con insistencia a las instancias correspondientes, pero después de cinco meses de presentar reclamos de manera escrita e incluso exponer de manera verbal ante decenas de funcionarios, decidió formalizar su denuncia.
“Interpuse un reclamo administrativo a través de una abogada particular a la que tuve que contratar ya que el protocolo me exigió la representación de un apoderado legal y ahí inicie de nuevo mi víacrucis”, citó la docente.
Ante la insistencia de la profesora Claudia por exigir el cumplimiento de una deuda y en consecuencia de una presión legal e incluso la intervención del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), el área Legal de la Secretaría de Educación se pronunció a favor de la maestra en el año 2018, es decir cuatro años después de iniciar su proceso.
“Yo sabía que estaba nadando contra la corriente y que lo más fácil era dar por perdido ese dinero, pero recuerdo que en una ocasión una abogada del Área Legal de la Secretaría me dijo, con una sonrisa sarcástica:
-Espere el sueño de los justos.
“Eso fue cuando yo le pregunté por mi expediente y eso me hizo comprender que no debía desistir de un reclamo justo”.
“No fue hasta finales del año 2017, que la resolución a mi favor se dio, pero esta no contemplaba el pago por concepto de daños y perjuicios aun y cuando tuve que contratar abogada, interponer denuncia ante el CONADEH, acudir un promedio de tres veces a la semana a la Secretaría de Educación para preguntar por mi expediente y lo peor aún es que solamente me reconocen el pago de siete meses de deuda y no los nueve que me quitaron”, continúo la maestra.
