Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). Una delegación de estadounidenses, ha revelado este mediodía de domingo, en conferencia de prensa, que el gobierno de su país apoya la criminalización de defensoras y defensores en este país de América.
Honduras es considerado el más peligroso del mundo para la defensa de derechos humanos por Global Witnnes y por Amnistía Internacional.
«La Delegación de Estados Unidos vinimos de forma urgente para observar los procesos legales en contra de los 12 defensores medioambientales, quienes han sido criminalizados por proteger el ambiente y el agua de un proyecto minero en Guapinol».
«Reiteramos nuestra profunda preocupación por la estrategia de criminalización de la defensa de la vida y del medioambiente por parte del Estado de Honduras y la actuación del poder judicial y del Ministerio Público, siendo su máximo responsable el Fiscal General Óscar Chinchilla, que ha contado con el apoyo firme de la embajada de los Estados Unidos», cita el comunicado.
«Hemos sido testigos de que 12 medioambientalistas son procesados como si fueran terroristas o parte del crimen organizado» .
El Estado de Honduras ha utilizado diferentes tácticas para ello, entre ellas, la aplicación de delitos como la asociación ilícita, y la jurisdicción de tribunales que juzgan a la criminalidad organizada, ha denunciado la delegación.
También constatamos la decisión del Ministerio Público de identificar a este grupo de defensores una «banda organizada», construyendo delitos comunes graves haciendo un uso amañado de los testigos sin rostros y pruebas anticipadas, violando las garantías de los defensores.
«Repudiamos que el gobierno de Honduras decida dar respuestas penales a problemas sociales, que tienen su origen en la corrupción e impunidad institucional, como es en este caso, en el que concesiones mineras ilegales y un decreto inconstitucional que reduce la zona protegida del parque Carlos Escaleras para poder llevar a cabo estos proyectos, han provocado daños ambientales y altos riesgos a la vida de los defensores».
El Escaleras lleva su nombre en cumplimiento de una sentencia de la CorteIDH por el asesinato del ambientalista, Carlos Escaleras, ocurrida en Olancho en la década de los 90. Este crimen sigue impune en el país porque los autores intelectuales, mencionados en el proceso, siguen libres, son figuras políticas de la zona y tienen nexos con el Partido de gobierno. Sus nombres se pueden constatar en la sentencia interamericana.
«La embajada de Estados Unidos debería de estar protegiendo a los defensores y defensoras de derechos humanos y del medioambiente, y no un gobierno ilegítimo y a los intereses económicos que provocan estos conflictos, como lo confirma el apoyo público que el día de hoy la embajada ha manifestado para Corporación Dinant, cuyos dueños son de la misma familia dueña de Inversiones Los Pinares y el proyecto minero de Guapinol».
El comunicado es firmado por:
* Claire White, doctorada de la universidad de Harvard, profesora y asociada de la Hermanas de San José de Boston, hija del gran luchador de los derechos humanos, el embajador Robert White.
* Pastora Kathleen McTigue, Directora del Centro de Justicia Social de la Iglesia Unitaria Universalista de los EEUU, dedicado a la defensa de los derechos humanos.
