Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La construcción de la sede de la embajada de Estados Unidos, como le conoce popularmente la población, no solo genera que cierren calles públicas cuando quieren aunque obstaculicen el tráfico vehicular en la capital de Honduras sino que ahora los obreros de esta edificación han emprendido un «vía crucis» laboral para exigir sus derechos.
En los últimos días se ha visto un cordón de policías acorazando la construcción de la embajada frente a lo obreros en protesta. Esta misma policía tiene en sus estructuras amplia influencia estadounidense.
A través de un comunicado, enviado por los trabajadores que construyen el nuevo complejo de la Embajada norteamericana en Tegucigalpa, denunciaron el supuesto despido injustificado de sus puestos de trabajo por parte de la empresa BL Harbert International.
«La acción afecta a todos los líderes de las protestas que se extienden por más de 40 días, como represalia por la exigencia del respeto a las leyes hondureñas, los obreros denuncian que la empresa de forma abusiva pretende seguir dando contratos por hora a los trabajadores, quienes después de tres años de trabajar hasta 10 horas diarias bajo la modalidad de contratos por hora, exigen contratos como establece el Código de Trabajo, tras la derogación de la Ley de Empleo por Hora», dice la comunicación enviada por las víctimas.
Como es usual en casos de violaciones laborales en Honduras, los afectados denuncian que han usado tácticas para dividir a los obreros, les pagan a unos y a otros no; les mienten con que no habrán despidos, identificaron a los líderes de la exigencia y los despidieron y han ejercido diversas medidas de presión para desarticular su petición grupal, según un audio enviado por Adolfo Álvarez.
Por ley y sin subordinación a un gobierno extranjero, la Secretaría de Trabajo de Honduras debe tutelar las relaciones obrero patronales por medio de «los servicios de inspección del trabajo velando porque estas relaciones se ajusten a las leyes sobre la materia; la intervención con carácter conciliatorio en la solución de los conflictos individuales y colectivos de trabajo, así como el manejo de los procedimientos administrativos de solución de controversias de conformidad con las leyes», de acuerdo con lo que establece el Código Laboral.
El 8 de mayo de 2015, Honduras acudió al “Segundo Examen Periódico Universal (EPU)” en materia de derechos humanos. Una de las recomendaciones del EPU fue «continuar fortaleciendo la capacidad gubernamental para investigar de manera efectiva y procesar todos los delitos, incluyendo violaciones de la legislación laboral».
Ante eso, el Estado respondió que aprobó la Ley del Consejo Económico y Social en enero 2014. «Se trata de una instancia de diálogo entre representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, con competencias de opinión y recomendación en temas estratégicos de estado, tales como las políticas salariales, de empleo y formación profesional».
El 27 de febrero de 2015, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos presentó el Informe Público del Examen de la Comunicación Pública ante los Estados Unidos 2012-01 (HONDURAS).
En ese examen, Estados Unidos advirtió que «Sobre la base de ese examen, la OTLA ve con gran preocupación la aplicación eficaz de la legislación laboral relativa al derecho de asociación y al derecho a sindicarse y negociar colectivamente, en particular la protección del estado, el fuero sindical, las represalias antisindicales, la disolución de sindicatos y la injerencia patronal en el derecho de asociación y de negociación colectiva; y las condiciones de trabajo aceptables con respecto a salario mínimo, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional».
Hoy quienes sufren las consecuencias diagnosticadas por Estados Unidos, son los obreros que trabajan en la edificación que levantan en varias metros cuadrados a la redonda en Tegucigalpa, en el mismo espacio donde antes funcionaron tres edificaciones.
