Iguala, Lempira; Honduras | Reporteros de Investigación. El fiscal coordinador nacional de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, Franklin Orlando Morales Ocampo autorizó a la fiscal de la Unidad Antidrogas, Noemy Bruner Moncada, para rebajar la calificación a los dos implicados en el laboratorio de La Iguala.
En el expediente penal aparece también el coordinador nacional de Fescco, Arody Reyes Canales y Marcio Cabañas como parte de los fiscales que participaron en el caso.
De esa forma en menos de un año, Pinilla y Jacinto Miranda recibieron carta de libertad por tráfico ilícito de drogas. De ahí, pasaron de estar acusados de tràfico de drogas a un tipo penal menor de siembra y cultivo.
Los fiscales los salvaron de una pena que iba de 12 a 16 años de cárcel y de una multa de más de seis mil a treinta y tres mil.
La nueva pena les quedaba de nueve a 12 años y una multa entre cinco mil y veinticinco mil lempiras.
Pero, los fiscales fueron más allá les permitieron un procedimiento abreviado para estar el mínimo tiempo en prisión. No importó que a Pinilla Roldan lo hayan acusado antes por deforestar un bosque y por detenerlo dos veces en la misma plantación de marihuana.
Fue tan benevolente la justicia —en contubernio con el clan Hernández Alvarado — que a Pinilla Roldan, la Procuraduría General de la República le permitió conciliar por una escopeta calibre 20 que le encontraron durante el allanamiento.
El Ministerio Público (MP), en sus consideraciones para rebajar de tráfico a cultivo, estableció que no existía medio de prueba para acreditar que eran traficantes y solo se les podía acusar por siembra debido a la semilla y cultivo de las plantas.
“…conforme al principio de legalidad las acciones cometidas se enmarcan cabalmente en el artículo 16 de la Ley Especial que establece las personas que siembren y planten cultivo con plantas estupefacientes o parte de plantas como lo señala el artículo 7 de la presente ley serán sancionados con 9 a 12 años de reclusión.
Por tanto, esta coordinación en ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 321 de la Constitución, 92, 93, 284 del Código Procesal Penal 111, 16, 33, 40 y demás de la Ley del MP resuelve autorizar a la fiscal Noemí Brunner a fin de que solicite en audiencia preliminar, el sobreseimiento a favor de los imputados Rubén Darío Pinilla y Yester Orlando Jacinto Miranda por tráfico en perjuicio de la salud.
Autorizar a la fiscal Bruner a fin de que en audiencia preliminar se formalice causa únicamente por siembra y cultivo en perjuicio de la salud y por el delito de portación en perjuicio de la seguridad del interior del estado”.
La Audiencia Preliminar
El 2 de marzo de 2015, la jueza Liz María Núñez citó a la audiencia para dictar auto de apertura a juicio porque los imputados no llegaron a un acuerdo para declararse culpables.
Dos meses después, apareció en escena la abogada Irma Yamileth López. El 28 de mayo de 2015 solicitó una audiencia de conciliación y procedimiento abreviado para lograr el beneficio de la rebaja de la pena.
La audiencia fue el 5 de agosto de 2015, ambos se declararon culpables. Un año más tarde ya su caso estaba en el juzgado de ejecución con la jueza Rosa Irene Gudiel para hacer, más adelante, el trámite que les ayudaría a recuperar la libertad en 2018.
Para entonces, los fiscales ya les habían quitado la gravedad de la pena por tráfico de drogas.
El 24 de noviembre de 2016, Jacinto Miranda fue trasladado de la Penitenciaría Nacional hacia la cárcel de Gracias, Lempira por razones humanitarias. El escrito fue firmado por el teniente coronel de infantería César Augusto Jara Méndez.
El 7 de noviembre de 2018, el juez José Motzer Acosta llevó a cabo la audiencia de libertad condicional. Tenían una nueva defensora privada diferente a Irma Yamileth López.
Ambos salieron libres con las medidas de firmar el 30 de cada mes en el juzgado, no podían ir a sitios donde bebieran alcohol y drogas, ni portar armas de fuego, les prohibieron salir del país. El 31 de enero de 2023 cumplieron su condena y quedaron libres.
El expediente número 4-14 revisado para esta investigación, en el Juzgado de Ejecución, tiene los folios reenumerados y le colocaron corrector blanco en el número de folio. Desde el folio 100 al folio 186 aparece con corrector.
En este mismo apartado está la formalización del cargo que hace la Fiscalía y la rebaja de la pena para el colombiano y para el hondureño.
El 5 de agosto de 2015, un año y medio después de ser detenido, siendo las 10:30 minutos de la mañana, Pinilla Roldan fue a audiencia de conciliación con la PGR por suponerlo responsable del delito de portación ilegal por violar la seguridad interior del Estado.
Víctor Núñez, el secretario Ariel Fernando Miranda, la fiscal Noemí Bruner, el representante de la PGR, Pedro Escobar, fueron los agentes judiciales que participaron en la conciliación. Le interpusieron una multa de diez mil lempiras.
Los primeros fiscales que participaron en este juicio fueron Franklyn Morales y Marlen Martínez y los defensores eran Renán Orlando Lozano Oquelí y Cinthya Karina Bueso Zepeda; los policías que intervinieron desde el primer momento en la escena fueron José Orlando López, inspector, Miguel Arcangel Rosales Izcano, Juan Carlos Cruz Pèrez; los peritos Raúl Antonio Pérez, Antonieta Zúniga y Reina Yesenia Mendoza.
Los jueces de ejecución fueron el inspector Óscar Giovanni Lobo e inspector de policía Ismael Raudales, juramentados el 30 de enero de 2014. Los fiscales que acusaron al colombiano y al hondureño fueron Aura Sabillòn Zaldivar y Jimmy Francisco Nùñez Aguilar.
Participó el agente de investigación, Pablo Edgardo Alvarenga Espinal y el abogado del poder judicial Jonathan Molina.
Dos años después de haber enjuiciado a los dos capturados en el narco laboratorio de la Iguala, la jueza Liz María Núñez sería exhibida en la prensa.
Publicaron su foto en primera plana como la principal responsable de un caso de supuesta corrupción en el juicio por Lavado de Activos conocido como Shalóm. La exhibieron más a ella que al vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla.
La acusación
“A las 7:20 minutos de la mañana del viernes 31 de enero, personal de la policía y elementos de la ATIC y fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes, por lo que procedió a ingresar la propiedad, en donde se pudo observar a un individuo que al percatarse de la presencia de la policía tiró a un lado un arma de fuego que portaba por lo se requirió y fue identificado con el nombre de Rubén Darío Pinilla, de nacionalidad colombiana”, dice el requerimiento fiscal.
El personal técnico de “Inspecciones Oculares inició la inspección observándose que la propiedad se encontraba cercada con alambre de púa, en su parte frontal había tres barriles, tres botes plásticos, una carreta de mano, una pala, se observó tirada un arma de fuego tipo escopeta y un generador de electricidad”.
“Asimismo, se observó un inmueble el cual está elaborado con madera y material plástico transparente de color negro dividido en cuatro secciones, la cual consta de una cocina, sala, un lugar destinado como dormitorio en el que había dos tiendas de campaña y un televisor plasma y otro que era utilizado como vivero con varias plantas de hierba, color verde, supuesta marihuana para ser sembrada”.
El lugar estaba dividido en tres lotes rectangulares.
«En el primer lote había 840 plantitas, en el segundo lote: 510 plantitas y en el tercer lote, 633, haciendo un total de 2013 plantitas, de las cuales se levantaron 10 plantitas para muestras de laboratorio”.
“También, en el interior de referido mueble se encontraron varias ramitas secas, supuesta marihuana y bolsitas pequeñas conteniendo hierba seca supuesta marihuana, así como recipiente y semilla supuestamente marihuana”.
“Un segundo vivero tiene 154 metros de largo y 101 metros de ancho, el cual está labrado con tubo de acero, nylon color negro y transparente en donde hay varios cables de tendido eléctrico de color blanco y muchos bombillos, dicho vivero está techado por completo, observando desde la entrada principal de referido vivero varias plantas sembradas de hierba, color verde, supuesta marihuana de varios tamaños pequeños y grandes, había un total de 600 plantas sembradas de las cuales tomaron 25 para muestra de laboratorio”.
“Una vez llegando al lugar de los posibles hechos se puede observar que se encontró con un clima lluvioso, poca luz natural verificando que es un terreno inclinado, cerrado a su alrededor con poste de madera y alambre de púa, el cual es aproximadamente media manzana donde se encontró construido un vivero”.
El comando Cobra
El entonces jefe de investigación criminal, Leandro Osorio, dirigió el comando policial Cobra que allanó este narco laboratorio en 2014. En sus declaraciones habla sobre la operación de 2014. No dio más detalles de la detención en 2013.
Osorio relató que decidió llevarse a policías de acá, es decir de la capital hondureña, porque estaba contaminada la policía de allá, de Gracias Lempira, la tierra natal del presidente.
El comandante Osorio llevó fiscales y policías Cobra desde Tegucigalpa, incluso oficiales que ahora son miembros de la cúpula de la Policía Nacional. El general había sido comandante Cobra. Eso le permitía tener un perfil de los oficiales que escogió.
Según Osorio escogió policías que no serían corruptibles. En ese momento, no sabía que estaba metido el presidente de la República y aunque se hablaba de los nexos con su hermano Tony Hernández, Osorio cumplió con su deber.
“Era un lugar húmedo, lleno de neblina”. Llegaron a las 5 de la mañana, iban con indumentaria porque sabían que iban a lugar de difícil acceso, diseñado para cultivo de droga con doble techo, con una malla negra llamada sarán, utilizada para evitar plagas en el cultivo y regular la sombra. Desde Gracias viajaron casi dos horas. Caminaron como 45 minutos, la naturaleza era espesa.
“Mi ropa estaba llena de lodo. Yo iba con una camisa y pantalón blue jean con una camiseta blanco y suéter gris. Con botas policiales”, recordó.
Descubre más desde Reporteros de Investigación
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
