El caos de las primarias fue una estrategia política

Redacción: José Manuel Serén | Edición: Wendy Funes

La empresa de transporte fue la misma de las elecciones generales de 2021, contratada por Rixi Moncada.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El Partido Nacional y el Partido Libre son los que más motivaciones tenían para el caos. Libre por conservar el poder y el Partido Nacional para retomar el narcoestado.

Si se analizan los pactos ocultos detrás del caos de las elecciones primarias, el Partido Libre aparece vinculado a una facción del Partido Nacional.

Del otro lado, se ve una facción del Partido Liberal y figuras del Partido Nacional, señaladas por Libre como las fuerzas conspiradoras.

La aparente perdedora del caos y considerada heroína mediática es Cosette López, pero eso es solo apariencia porque el gran perdedor es Salvador Nasralla, relegado a un tercer lugar y la gran ganadora del caos fue Rixi Moncada, la candidata que quedó en primer lugar.

Cossette López fue desnudada por el partido en el poder al revelar presuntos audios en los que aparece conspirando junto al diputado Tomás Zambrano.

Esto da una idea de que López podría estar detrás del caos de las primarias, pero todo es muy confuso aun meses después del hecho.

En este panorama, la confusión fue usada como una estrategia política para repartir culpas, los transportistas culparon a los militares; los militares culparon a las órdenes contradictorias.

Los liberales y nacionalistas la agarraron contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Libre culpó al Partido Nacional y Liberal y estos, a Libre.

Una facción de Libre culpa al coronel Ramiro Muñoz y al general que comandó el golpe de Estado de 2009, Romero Vásquez.

De esta forma, Rixi Moncada y Cossette López quedaron atrapadas en una narrativa donde aparecen como víctimas o heroínas.  Acá el caos se convirtió en un laboratorio político a ocho meses de las elecciones generales.

Nuevo campo de disputa y caos

Esta vez, las maletas ya han sido llevadas a los centros de votación por la empresa Gold Rent a Car S.A. de C.V., ya no son un campo de disputa y de caos sino ahora el punto crítico estará en el conteo, la transmisión, la custodia final y la narrativa.

Será vital, el escrutinio en mesa, el acta, la transmisión de resultados y el centro de cómputo; el rol de los representantes de partidos políticos en la mesa.

Acá cada pieza jugará un rol estratégico, los observadores nacionales e internacionales y los medios para la legitimidad del conteo y de la narrativa mediática.

La batalla política de este 30 de noviembre está centrada en las actas versus Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El TREP muestra la tendencia y con esta tendencia se empieza a perfilar quién va ganando.

Libre aduce que el TREP está controlado por el bipartidismo y la narrativa mediática, también por lo tanto no es creíble para Libre lo que digan los medios.

La candidata Rixi Moncada indicó que solo aceptará los resultados de las actas físicas algo que es más lento, también el jefe de las Fuerzas Armadas coincidió con ese criterio.

Cosette López se aparta de licitación del transporte

Días después de que trascendiera un supuesto audio en el que se menciona el presunto complot de la consejera Cossette López para sabotear las elecciones, a través del transporte, la consejera del CNE, anunció su decisión de no participar en el proceso de licitación para el transporte del material electoral correspondiente a las elecciones generales de mañana 30 de noviembre de 2025.

En una circular dirigida a la presidenta de este organismo, Ana Paola Hall, explicó que su abstención se limita exclusivamente al proceso de contratación y no implica su renuncia al cargo ni su retiro del pleno del CNE.

“Estimo que, dentro del contexto, lo prudente, aunque no tengo ninguna relación con ninguna empresa, por la protección de la democracia de Honduras y del proceso, es abstenerme de la contratación”, manifestó López.

Transparencia bajo tensión

El proceso de licitación del transporte electoral y la impresión de papeletas se convirtió en un nuevo foco de tensión dentro del CNE, en un contexto político marcado por la desconfianza y las presiones entre las distintas fuerzas representadas en el organismo.

El 5 de noviembre la empresa Latin Cargo exigió garantías al CNE antes de firmar contrato para transporte electoral. Esta empresa anunció su retiro del proceso que el CNE le adjudicó bajo el procedimiento especial CNE-PEG-UCCE-026-2025.

De esta manera, a menos de tres semanas, había quedado en incertidumbre el traslado y retorno de las maletas electorales, kits tecnológicos y materiales esenciales.

El gerente de la empresa Phill Ávila mencionó que la falta de garantías de pago hacia las empresas que prestaron el servicio en las Elecciones Primarias generó incertidumbre el sector transporte.

“Solicitamos que se garantice el pago a la empresa de transporte anterior que brindó el servicio el 9 de marzo, eso sería una mejor garantía para nosotros”.

Unión Latin Cargo presentó todas las garantías requeridas que incluyen la documentación legal, técnica y financiera solicitada por el órgano electoral.

El gerente de esta empresa denuncia que nunca se recibió una respuesta ante la exigencia de garantías que ellos exigen.

Phill Ávila refirió que la empresa prefiere trabajar bajo un esquema de 50 por ciento de adelanto en el pago, además de contar con veeduría constante y acompañamiento de observadores nacionales e internacionales, para garantizar la transparencia y seguridad del proceso.

Entre las exigencias de Latin Cargo figuraron:

• Garantías de independencia ante presiones políticas.
• Que el contrato sea únicamente con el CNE, sin participación de las Fuerzas Armadas.
• Acompañamiento de observadores nacionales e internacionales durante el proceso.
• Respaldo jurídico del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
• Supervisión de organismos privados, como el COHEP, como veedores del cumplimiento.

“No queremos salir mal en este proceso; tenemos más de 30 años de experiencia y nuestro compromiso es brindar un servicio completo, responsable y transparente”, expresó la empresa.

Este rechazo de la adjudicación por parte de la empresa provocó que a escasos 21 días para las elecciones generales, el CNE anunció el proceso de contratación expedita para el transporte del material electoral que será utilizado.

Sabotaje en las primarias

Volviendo a las Primarias. Las evidencian apuntan a que la responsabilidad por el sabotaje en el transporte del material electoral fue del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández. La opinión pública ha dejado de lado a Cossette López que era la consejera presidenta del CNE y se centran en el gobierno.

En ese momento, la ministra de Defensa era Rixi Moncada, pero las Fuerzas Armadas estaban a disposición del CNE, presidido por Cossette López.

Ramiro Muñoz

Del otro lado, las versiones oficialistas acusan que militares, supuestamente aliados con el coronel Ramiro Muñoz y el general, Romeo Vásquez Velásquez, fueron quienes orquestaron el caos para dejar en mal la imagen del jefe de las Fuerzas Armadas.

En julio de 2025, el ex precandidato a alcalde del Distrito Central, Melvin Cevallos,  denunció que hay fotos y pruebas de la conspiración para dar un golpe de Estado y que por eso el coronel Ramiro Muñoz renunció como jefe del Instituto Nacional Penitenciario.

El coronel Muñoz, sostuvo Cevallos, se reunió con el ex presidente Carlos Flores, del Partido Liberal; Ana García de Hernández, esposa del ex presidente traficante de drogas, Juan Orlando Hernández,del PN; políticos vinculados al ex presidente de facto en el Golpe de Estado, el liberal Roberto Micheletti Bain y también el jerarca castrense habló con el prófugo de la justicia, Romeo Vásquez Velásquez, el general que comandó el golpe de Estado contra el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro.

Muñoz estaba marginado en los últimos años por el gobierno de Honduras, había una relación incomoda con él y la inteligencia estatal lo señala como uno de los supuestos conspiradores para el caos en las elecciones generales.

A Muñoz lo miraban con recelo desde el gobierno, como un militar conservador mientras Hernández es concebido como un hombre más progresista y de confianza de la familia presidencial.

En ambas hipótesis el camino más contundente es que se le salió de las manos al jefe de las Fuerzas Armadas, frenar el caos que se venía. Un hecho extraño, puesto que cuenta con órganos de inteligencia.

Una empresa afín a Libre

La empresa de transporte es la misma que había sido contratada para elecciones generales cuando Rixi Moncada presidía el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Es complejo llegar a una conclusión porque pareciera que todas las evidencias fueron fabricadas para que apunten al partido de gobierno y en realidad, la mayoría de evidencias públicas señalan errores de Libertad y Refundación, aunque la verdad es que las Fuerzas Armadas estaban bajo el mando del CNE.

La contratación del transporte también fue una potestas de los consejeros del CNE.

Los transportistas denunciaron desde el primer momento que permanecieron parados por orden de los militares que iban en los autobuses que llevaban el material.

Por su lado, los dirigentes políticos del Partido Liberal señalan como responsable del caos al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas para favorecer a la que era su comandanta, Rixi Moncada.

Entrevistados para esta investigación, creen que el caos fue una orden del partido de gobierno. El militar estaba entonces bajo el mando de la ministra de Defensa y candidata gubernamental.

Transportistas nacionalistas y de Libre

En cambio, el oficialista Partido Libre, a través del fiscal general Johel Zelaya, acusó a transportistas y a funcionarios del Partido Nacional. Para nadie es un secreto que dirigentes del transporte de Honduras han estado más vinculados al Partido Nacional que a los demás partidos.

La empresa a cargo del transporte del material electoral fue la misma que prestó el servicio de traslado del material electoral de las elecciones generales de 2021.

Este documento fue certificado por Allan Alvarenga,  esposo de la candidata a designada presidencial de Rixi Moncada, Angelica Álvarez, quién en ese entonces fungía como asesor legal del Consejo Nacional Electoral y que ahora se desempeña como codirector de este organismo.

El contrato se cerró con el representante legal de la empresa Ingeniería, Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., Carlos Fonseca, quién fue acusado por el Ministerio Público por el delito de fraude, estaba valorado en más de 29 millones de lempiras, y hoy, cuatro años después el costó aumentó a casi 35 millones de lempiras más.

Presunta relación de la empresa y el Partido Libre

El representante legal de Ingeniería, Logística y Transporte S. de R.L. de C.V. Carlos Fonseca, reveló durante una entrevista con medios de comunicación, que el retraso en la entrega del material electoral no fue responsabilidad de la empresa, sino de personas que están dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE):

Fonseca reveló que uno de los socios de su empresa, es hijo de Óscar Aguilera, uno de los fundadores del Partido Libertad y Refundación y que también es hermano de Bernardo Aguilera, un supuesto funcionario del Consejo Nacional Electoral, dejando al descubierto un posible acto de favoritismo.

Con respecto a la acusación realizada en su contra por el Ministerio Público, señaló que se trata de un acto político y planificado, apuntando a la guerra interna que hay en los partidos políticos por mostrarse fuertes ante la ciudadanía lo que provoca un conflicto entre el consejo.

MP presenta requerimientos fiscales por irregularidades en transporte de material electoral

La empresa contratada para el traslado del material electoral durante los comicios primarios del 9 de marzo también obtuvo el contrato de transporte para las elecciones generales de 2021, según un dictamen de asesoría legal del CNE.

El Fiscal General Johel Antonio Zelaya informó sobre dos requerimientos fiscales contra los responsables del área de transporte del material electoral de las elecciones primarias del 9 de marzo.

Estos fueron contra los ciudadanos: Joel Ramos García (Libre), Excoordinador del proyecto de transporte electoral;  Raúl Amílcar Rivera Montoya (Partido Nacional), Denis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo (Partido Nacional), José Martín Pastrana Sánchez, miembro de la Comisión Evaluadora para la contratación del transporte;  Carlos Salomón Fonseca Robles,  representante de la empresa Ingeniería Logística.

MP conoce a profundidad los hechos

“Tenemos los testigos que manifiestan el porqué de los atrasos”, declaró el Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya.

Según el fiscal, la contratación de la empresa de transporte encargada del traslado y retorno del material electoral, presentó señales de irregularidad desde un inicio, pues según declaraciones realizadas, se pidieron 21 millones de lempiras más del monto presupuestado inicialmente.

Zelaya manifestó que el excoordinador del Proyecto de Transporte, Joel Ramos García, realizó un estudio en el que detalló que se necesitaban 43 millones de lempiras para ejecutar esta actividad, y que posteriormente solicitó el monto adicional antes mencionado.

El titular del Ministerio Público remarcó el incumplimiento de los requisitos de idoneidad por parte de la empresa contratista, ya que ésta carecía de la flota vehicular incluida en el contrato, donde se estableció que debía proporcionar 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies y 82 camiones livianos de 12 pies.

El Ministerio Público amplió en su requerimiento fiscal el papel de la Comisión Evaluadora, señalando que los integrantes de la misma, afirmaron que realizaron una inspección física y mecánica de los vehículos requeridos y verificaron la disponibilidad de los mismos.

El ente investigador acusa a los integrantes de dicha Comisión de realizar acciones en colusion con la empresa contratista, pues esta, no declaró fracasado el proceso ni aplicó las sanciones correspondientes incumpliendo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones.

Ministerio Público señala que la Unidad de Inteligencia Patrimonial poseía registros en los que se evidenciaba que la empresa contratada contaba con una reducida flota vehicular. 

Caos electoral en las primarias

Una práctica antidemocrática en las elecciones internas derivó en un desorden y confrontación entre miembros de los partidos.

Denuncias e indicios de fraude marcaron el inicio de las elecciones primarias, que habían despertado por primera vez expectativas positivas por uso del sistema biométrico y participación de observadores nacionales e internacionales.

Los 5,735 centros de votación, en todo el país, tenían que abrir las votaciones a las 7:00 am, pero las 24,858 maletas electorales enviadas por el Consejo Nacional Electoral llegaron, en algunos casos, hasta 12 horas más tarde. Es decir a las 7:00 de la noche.

En San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades, a las 10:30 de la mañana, soldados de las Fuerzas Armadas aún descargaban maletas electorales.

En la zona céntrica de la capital industrial, la escuela José Trinidad Cabañas del barrio Guamilito, los partidos políticos ingresaban a las 11:00 de la mañana, las maletas electorales.

A la misma hora, ciudadanos se quejaban porque aún no había iniciado las votaciones en la escuela Oswaldo López Arellano de la colonia Kennedy, Tegucigalpa.

En Santa Bárbara, los delegados de las Juntas Receptoras de Votos del Partido Liberal recibieron en las maletas las papeletas de diputados de Lempira y no las de ese departamento.

Muchos municipios sin maletas electorales

En otros municipios, la situación era más caótica porque hasta el mediodía no habían llegado las maletas electorales, como en San Juancito, ubicado a 43 kilómetros de Tegucigalpa.

En horas de la mañana, Cossette López, consejera del CNE, criticó la demora de la entrega del material electoral y anunció que las personas que hayan provocado retrasos tendrán consecuencias legales. Con esta declaración lejos de aparecer como culpable, en la narrativa, se ubicaba como víctima.

Dado que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) abrieron tarde las votaciones, los ciudadanos esperaron en extensa filas a las puertas de los centros de votación.

Sumado a la demora de la apertura de centros de votación, en muchos municipios delegados de las JRV de los tres partidos políticos denunciaron ante los medios de comunicación que no habían recibido las credenciales extendidas por el CNE, otros informaron que había venta de estos documentos.

Para celebrar estas elecciones primarias e internas, el Estado de Honduras gastó L2,092,045,280 en impresión de más de 34 millones de papeletas, adquisición de 8,258 kits tecnológicos y sufragar otros gastos, entre ellos los logísticos, para que el material estuviera en los centros de votación.