Una banda armada, militares y hasta «coyotes» sometieron a votantes en Protección Santa Bárbara

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Esta es la quinta entrega de un relato documentado de ¿cómo ocurrieron las elecciones en Honduras, en el año 2025?

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Santa Bárbara, Honduras | Reporteros de Investigación. El audio es turbador.

—9-11. ¿Cuál es su emergencia? —, pregunta la operadora.

—Estoy llamando para denunciar que el alcalde de Protección, Santa Bárbara, barrio El Centro. Rodearon El Centro. El alcalde está en peligro de muerte. En el Centro Educativo Florencia, en el escrutinio de acta, llegaron hombres armados y tuvimos que salir corriendo. Las maras llegaron.

Es la tarde del 30 de noviembre y al 911 llegan llamadas desesperadas de todo el país por las operaciones de bandas armadas en los centros de votación. Escuchamos estas llamadas con la abogada Miroslava Cerpas en su despacho en Tegucigalpa. Protección está a 265 kilómetros, al noroccidente. 13 días después estaremos frente a la plaza central para reconstruir lo que pasó ese domingo.

13 días después

El 13 de diciembre de 2025, la serpiente de tierra blanca con abismos recurrentes lleva a Protección, Santa Bárbara. Han pasado trece días y el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue mostrando su incapacidad. Aun no se sabe quién presidirá este país de América Central.

En el camino aparece uno que otro camión, una que otra rastra. Mientras las llantas calientes por las horas de viaje avanzan, desgarradas por la tierra.

Hasta ahora, la documentación analizada —pienso— se parece al modo de operar de las montoneras de la FUDD en la UNAH, cuando el Frente Unido Universitario Democrático (FUUD) era controlado por el Partido Nacional y atacaba con armas a sus oponentes estudiantiles. Se me hace parecido a lo que pasó con los ataques a mano armado por la descentralización de la salud en Candelaria Lempira que tuvieron como resultado el crimen contra el comunicador Nery Jeremías Orellana, anoté.

Para viajar a Protección hay que viajar en un carro con doble tracción, la carretera es una zona sin iluminación, así que quien llegue a Protección debe tener logística y conocer la zona.

La calle se parece a las de Copán por donde pasa cocaína y café; calle hecha de tierra, pero con mantenimiento.

Al llegar, hay un rótulo que dice: “Bienvenidos a Protección, Santa Bárbara”, un boulevard de la entrada, y un rótulo que dice: “Xiomara, sí cumple”, en alusión a una calle que está en pavimentación ya en los últimos metros.

No hay señalización vial, hay desorden vial. Vehículos estacionados en contravía.

Es una zona tranquila, comercial, atractiva, con un parque, una iglesia y, a un costado, está la alcaldía, como suele pasar en los pueblos de Honduras.

Alcalde en riesgo

El alcalde de Protección es Antonio Guillén. Fue electo en 2021, por el Partido Salvador de Honduras y se fue en alianza con una facción del Partido Nacional. En estas elecciones iba optando a una reelección por Libre. Las encuestas indicaban que era el candidato más fuerte.

Acá las familias más conocidas por su influencia son Alvarado, Miranda, Sarmientos.

En las internas de 2020, Antonio Guillén era el candidato a alcalde, Hermes Alvarado, de la corriente de Tito Asfura, perdió la candidatura del Partido Nacional y denuncio que hubo fraude. El candidato nacionalista que quedó es Orbin Miranda con la corriente de Mauricio Oliva.

Entonces Hermes y Antonio se unen con el PSH, una facción del Partido Nacional y Libre. Antonio Guillén llega así a la municipalidad y la tradición de voto nacionalista cambia. Ahí empiezan las fricciones políticas por este cambio. Hermes Alvarado murió durante el COVID.

Amenazas y coacción

En la actual elección, al alcalde de Libre, lo favorecían todas las encuestas, pero ese día de las elecciones, había gente amenazada; no dejaron que la gente votara. Los dominaron con amenazas, con audios. Eso pasó en dos de los municipios, recorridos para esta investigación, en Ojojona, Francisco Morazán y acá en Protección, donde el oficialista partido Libre llevaba ventaja.

En la zona, se documentaron denuncias de una supuesta alianza entre Orvin Miranda, que era el candidato a alcalde del Partido Nacional, la exalcaldesa Teresa Sarmientos, también del Partido Nacional, y un empresario solo identificado como Keneth con interés en una zona verde de 23 manzanas.

El alcalde Antonio Guillen sufrió un atentado, en marzo de 2022, por la disputa de tierras en La Loma. Por este mismo hecho, mataron a Josué Vega.

«Una banda armada y coyotes»

En el contexto de este conflicto por tierras y en la disputa electoral, la banda armada llegó el día de las elecciones, el 30 de noviembre, y se instaló en todos los centros de votación del municipio.

La gente armada amenazaba a los votantes. Los «militares estaban vendidos con ellos». Solo a los nacionalistas les permitían hacer política; no permitían que Libre hiciera política, dijo un funcionario municipal.

Este es un departamento donde se menciona además que hay al menos tres alcaldes ligados al tráfico de personas hacia Estados Unidos. Son alcaldes o candidatos y al mismo tiempo son “coyotes”, coludidos con cuerpos de seguridad. Es un contrasentido que esta gente haya operado en sintonía con Donald Trump que condena la inmigración de América Latina y, por ende, el tráfico de migrantes.

El modo de operar del Partido Nacional de Honduras fue que compró militares, identificó líderes, los amenazó, les advirtió que no tenían que votar por el alcalde de turno ni por Rixi. La presencia armas más visible fue en el centro de votación Florencio Martínez. Nadie se atrevió a tomar foto.

La policía no contestó en todo ese día. El alcalde de Protección los estuvo llamando y no contestaron.

“Ese día el alcalde estuvo en alas de Cucaracha. Se vivieron momentos tensos”.

La banda de hombres armados empezó sembrando el pánico, gritando que había muertos, para que la gente abandonara los centros de votación. Había armas, amenazas. A uno del Consejo Electoral Municipal del Partido Libre, le dijeron que tenían que irse, porque él estaba llamando a la gente que no se preocupara. Le decía a la gente que no se preocupara, que todo estaba bien. Entonces le dijeron que si no se iba, iba a ser apuñalado. Y él se fue.

Andaban uniformados, con chalecos falsos, de la ENEE, en todo el centro de votación.

¡Lo quieren matar!

El alcalde llegó a ejercer el sufragio, como a las 4 p.m. Se le acercaba gente desconocida y se vivía un ambiente amenazador, se miraba gente con armas de fuego visibles. Hay un momento en que la gente se alarma y le dice que se vaya, que lo quieren matar.

En un momento se le denunció a la policía y se le dijo, ese hombre de negro, anda un arma de fuego. Y la policía no registró al hombre que se le señaló, sino que se fue donde otro hombre de camisa negra. El hombre de camisa negra que andaba armado, se fue rápidamente. Y al rato regresó y la policía no hacía nada.

Los antecedentes en la zona y las presunciones son que en 2021 Orvin Miranda pagó personas, se habrían robado sellos y luego se presentó de manera voluntaria a declarar.

El triunfo de Miranda en este 2025, se impugnó en el Consejo Nacional Electoral. Se intentó conocer la versión de Miranda, pero informaron que vive en una comunidad lejana a la que solo se puede ingresar con los vidrios abajo.

¿Por qué la policía no hizo nada?

A las 12.46 del 13 de diciembre de 2025, llegamos a la posta de Protección. La subestación policial es un paisaje deprimente. En todo el país, los policías estaban inconformes porque no les habían pagado el bono de comida de noviembre y diciembre.

Esta mañana, hay dos mesas desteñidas, papeles apiñados, el dormitorio a la vista en la misma posta, un dormitorio con camas curtidas.

El jefe en ese momento es el Clase Lima, pero dicen que no está autorizado. En medio de una conversación escueta se le explica que los acusan de no hacer nada respecto a la violencia armada, el día de las elecciones ¿por qué no hicieron nada frente a la banda armada?

—Pues, depende si denunciaron. Estuvimos en varios lugares—, platica Lima. Ahí queda la conversación. Este día que visitamos la posta había solo tres policías. Pero se ve una instalación realmente triste, olvidada.

Hay buses con el sticker de Miranda que pasan por las calles, el aire es espeso, las calles lucen vacías. La gente tiene miedo aún y ha preferido atrincherarse en sus casas. No habían vivido un ataque armado como el de ese domingo de las elecciones.

Quimistàn, Santa Bàrbara

En Quimistán la dinámica es diferente, el alcalde Rubén Darío Pacheco es de Libre e iba a reelección, pese a los cuestionamientos en su contra por la represa El Tablón, ganó con una apretada ventaja.

El ingeniero Elio Rivera Hernández junto al profesor Adalid Martínez, crítico de la actual gestión y uno de los líderes de la lucha ambiental, contaron que en Quimistán el proceso fue tranquilo.

Hubo algunos gritos, insultos, violencia de activistas del Partido Nacional y una supuesta activista de Libre, pero eso es algo mínimo. No hubo amenazas, no hubo remores de reparto de dinero. El conteo sí fue agresivo por insultos contra los escrutadores. Los amenazaban con que contaran bien. Eso sí pasó.

Previo a elecciones, sin embargo, hubo 1.800 despidos de la maquila. La corporación les dijo a sus empleadas que como iba a ganar Libre las despedían y que si se ganaba Libre se iba a reducir el personal, pero que solo las iban a reintegrar si ganaba el Partido Nacional.

El alcalde ganó con un margen de apenas 560 votos.

 Esta investigación se hizo recorriendo nueve municipios en cinco departamentos de Honduras, luego de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Se recogieron testimonios, fotografías, evidencias de violencia, monitoreo en redes sociales, se usaron aplicaciones para análisis de grandes cantidades de datos y monitoreo de bases de datos abiertas. Los hallazgos periodísticos están resumidos acá, se ofrecen descripciones y hechos reportados por diversas fuentes, documentos citados, son evidencias que respaldan la reconstrucción de hechos de interés público, esta serie de reportajes es informativa y de investigación, conforme a los estándares de periodismo, libertad de expresión, derechos humanos y periodismo de investigación. Estos hechos no constituyen imputaciones penales definitivas si no hay condena, ni afirmaciones de culpabilidad judicial si no hay condena. Las personas e instituciones mencionadas tienen derecho a réplica.

Créditos: Equipo de investigación: Melissa Hernández | Wendy Funes | Jared Olson, difusión en alianza con Diario en Altavoz, Reportar Sin Miedo.

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