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Apartheid garífuna en el caribe de Honduras (II) 

Apartheid garífuna en el caribe de Honduras (II)

Desplazamiento de territorio

Tomado del periódico Pasos de Animal Grande en el marco de una alianza con Reporteros de Investigación.

Trujillo, Colón.«Eso fue dos años después de que la policía hubiese allanado las tiendas de AOV en 14 municipios de Ontario. Se apoderaron de copias de películas como La Bimbo, Lawyers in Heat y D-Cup Delights y Jorgensen fue finalmente condenado por distribuir material obsceno. Apeló hasta el Tribunal Supremo de Canadá y, en 1995, ganó», así resume la prensa canadiense una de las batallas del Rey del Porno, Randy Jorgensen.

«Para entonces, él se había divorciado, y había comenzado a vacacionar en Trujillo, una ciudad de la playa situada entre dos cadenas montañosas imponentes. Jorgensen compró una casa allí, y se hizo amigo de varios empresarios locales, entre ellos Ramón Lobo, cuyo hermano, Porfirio, se convertiría en presidente», relata el artículo.

Randy Jorgensen hizo fortuna con la industria de la pornografía, según la prensa de Canadá, perono sólo es mencionado por usurpación.

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Randy Jorgensen, un hombre de negocios de Saskatchewan que hizo fortuna en el negocio de pornografía para adultos. Foto: www.thestar.com


Pornografía infantil

En febrero de 2004, el periódico Revistazo.com reveló que «Casa Alianza denunció cómo extranjeros ofertaban menores y jovencitas a través de la red a los turistas extranjeros. Como resultado se desbarataron dos lugares, uno en San Pedro Sula, el otro en Trujillo, y los extranjeros fueron procesados, explica el asesor legal de esa institución, Gustavo Zelaya.

Mike Wyatt y Randy Jeorgensen, ofrecían servicios de turismo sexual y pornografía por internet abusando de menores hondureños, pero usaban como pantalla un simulado estudio fotográfico en Trujillo, ambos fueron procesados, pero se fugaron del presidio de esa ciudad », públicó entonces Revistazo. Contra Jorgensen no hay una sentencia  por el caso.

Karen Spring que trabaja para Rights Action reveló:

«También inquietante para las comunidades hondureñas es la sórdida historia legal de Jorgensen. La revista canadiense Macleans informó en 2001 que Jorgensen había sido “acusado de hacer películas X-rated con niñas menores de edad en su casa de vacaciones en Honduras».

El 21 de noviembre de 2011, el National Post, informó que «el magnate de la tienda de video para adultos que ayudó a legitimar la pornografía en Canadá, ha sido acusado en Honduras de hacer videos X-rated de niñas menores de edad en su lujosa casa de campo. El Sr. Jorgensen dijo que recibió una carta del juez hondureño el 5 de octubre que lo exoneró de los cargos más recientes. Pero Alma Reina Cruz, fiscal especial encargada del caso, dijo ayer al National Post que presentó cargos criminales contra el señor Jorgensen y dos estadounidenses, Mike Wyatt, de 60 años, y Woody Abbott, de 59 años de California Quien también se llama Willard Lee. “Tenemos un testigo que lo denunció a él ya los dos estadounidenses por tomar fotos pornográficas y videos de menores, y dijo que los hombres drogaron a las niñas y les dieron alcohol antes de filmarlas”. Él culpó el incidente en un desacuerdo con su administrador anterior de la casa, Arlene Esther Ramírez Marín, que trabajó para él por cuatro años. Dijo que lo acusó de los cargos después de que tuvieran una disputa sobre su incapacidad de producir registros contables por el dinero que envió de Canadá a una cuenta bancaria en Honduras».

Por este caso, Jorgensen parece haber salido bien librado en la justicia hondureña.

“El caso de los negritos…”

No obstante, Jorgensen está nuevamente implicado en otro enredo con la justicia. La situación se ha vuelto más tensa a partir de 2016 que Jorgesen y Patrick Daniel Forseth –su yerno, según los garífunas, pero no se obtuvo ningún documento para probar ese extremo-actuaron para apresar a miembros del pueblo garífuna de Guadalupe.

Las acusaciones fueron promovidas en el Juzgado de Letras de Trujillo, Colón, gestionado por mestizos que se refieren al “caso de los negritos” cuando hablan de la usurpación que los canadienses promueven.

Es que la Corte de Apelaciones ya había ordenado que se diera auto de prisión en un caso similar y por eso apelaron porque el  juzgado dio carta de libertad, platicaba una las funcionarias judiciales el viernes 4 de agosto que le consultaron por el juicio de “los negritos”, como le llaman despectivamente.

Este juicio se encuentra en el expediente 206-16 del Juzgado de Letras de Trujillo, Colón. El juicio evidencia presunta colusión de jueces de paz, abogados, habitantes garífunas y operadores judiciales.

Los acusados en el expediente 206-16 son los garífunas “Cesar Jeovanni Bernardez, Medaline Martínez David, Celso Alberto Guillén Mejía y Cosme Enrique Ávila Bernardez”, cita el Libro de Entradas. Todos recibieron una carta de libertad provisional. La parte acusadora es la Fiscalía de Honduras a petición del canadiense, Patrick Daniel Forseth.

Vea el título de propiedad título de propiedad

fotosExpediente 47890, INA

En el juicio, los garífunas demostraron que tienen un título comunitario, según expediente 47890 del Instituto Nacional Agrario (INA).

«Este título de propiedad constituye un patrimonio inalienable de la comunidad Beneficiaria, excepto en los casos en que la transferencia del dominio se haga con el propósito de construir vivienda a favor de los miembros de dicha Comunidad que carezcan de ella, así mismo la trasnferencia de dominio que hagan los propietarios de vivienda tiene que ser a favor de los miembros de dicha Comunidad. En ambos casos tiene que haber aprobación de la Junta Directiva del Patronato misma que debe constar en el instrumento de transferencia de dominio», dice el título.

Según se constató, este título de propiedad está inscrito en el Instituto de la Propiedad (IP) de Trujillo, con registro 5-380 del año 2000. Este título no tiene ninguna anotación, es decir, la comunidad garífuna no ha vendido ninguna de las 237.75 hectáreas (340.23 manzanas) establecidas en el título comunitario, según consta en el IP.

Vea Instrumento 61, de compra venta

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Sin embargo, mediante instrumento público No. 61, de compra venta, el canadiense Patrick Daniel Forseth, representante de la comunidad Carivida, le compró al señor Leuterio Arriola Fernández, cuatro manzanas y media de terreno ancestral cuya venta a extranjeros está prohibida. El instrumento está firmado por el notario Luis René Amador.Este instrumento aparece en el IP como inmueble con la matricula 1087556 del 11 de abril de 2013.

El expresidente del patronato Celso Guillén Mejía denunció que el alcalde de Santa Fé, Lucas García, juramentó a Severino Chavez Güity como presidente del patronato, pero el legítimo representante de la comunidad, era él, dijo Guillén Mejía. “Me dieron un golpe de Estado”, asegura.

Sostuvo que los canadienses tienen en su poder aproximadamente el 80 por ciento de los terrenos que le pertenecen a los garífunas, concentrados en el proyecto Altavista. Según Guillén Mejía el juez Carlos Emenelio Reyes se prestó para una serie de supuestas triquiñuelas para violentar la tierra que ellos consideran sagrada.

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Celso Guillén aseguró que el 80 por ciento de las tierras de la comunidad garífuna de Guadalupe, están en manos de los canadienses.

Una constancia del 5 de marzo de 2012, firmada por Güity como “presidente del patronato de Guadalupe” autoriza a los señores Saúl Simón Gómez, Sixto Nolasco Flores, Leuterio Arriola Fernández, Celso Flores Martínez y Desary Clother para hacer gestiones ante el Registro de la Propiedad, de compra venta, donaciones, enajenaciones, sucesiones entre vivos…o hipotecas en el mismo terreno ancestral con registro 5-380 del año 2000.

Mediante la escritura pública No. 2304, de donación, el señor Severino Chávez Güity le donó el terreno a Leuterio Arriola Fernández.

Pese a que las evidencias muestran que los garífunas ocupaban territorio ancestral, el sistema judicial del país, encarceló a una mujer garífuna en medio de maltratos el 10 de noviembre de 2016, llevada al juzgado al día siguiente y fue hasta el 30 de noviembre de 2011 que le dieron carta de libertad.

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El señor Román Bernardez trabaja como empleado de los canadienses, en labores de seguridad.

Uno de los testigos de la Fiscalía para perseguir criminalmente a los indígenas fue Román Bernardez Fernández, hermano de Leuterio Arriola Fernández.

Román Bernardez dijo ante el juzgado que llegaron unas 20 personas con tambores al terreno mientras él estaba de turno trabajando para la empresa Carivida en el terreno en disputa.

En una entrevista sobre el tema, Román Bernardez declaró que estaba en casa y su compañero lo llamó para decirle que el 12 de octubre de 2016 se tomaron la propiedad. «Mi deber como empleado fue sólo llamar al abogado, le mencioné los nombres de los que estaban aquí porque como trabajador es mi deber», indicó el garífuna.

Dijo que nunca vendió tierra en Guadalupe, aceptó que Eleuterio es su hermano de madre. Según su historia, este predio era del señor Felipe López y el señor Felipe López era marino, envejeció aquí, quedó abandonado, se rumoró que la gente ladina lo quiere invadir y se reunió la comunidad, Eleuterio lo cuidaba. Bernardez expresó que se rumoró que el patronato anterior había empeñado este terreno. «Le dije a mi hermano que no vendiera este predio, me dice él que estaba haciendo trámites para vender esta tierra», indicó.

«No estoy en contra de la lucha de mi pueblo, pero trabajo con la empresa Carivida, yo quiero que se pongan en mis zapatos, yo como de mi trabajo», expresó. Bernardez contó que tiene 4 años de trabajar con Carivida.

Se trató de conocer la versión del abogado de Forseth, Carlos Barahona Flores, pero no respondió su celular, asimismo se le envió por pasosdeanimalgrande.com un correo electrónico con preguntas alrededor del tema pero tampoco ha respondido. En la expresión de agravios del recurso de apelación para reactivar el proceso penal contra los garífunas el apoderado legal expresa: …A lo largo de todo el proceso, el enfoque de la defensa ha sido tratar de establecer que la compra-venta de terrenos hecha por la sociedad Carivida, ha sido ilegal porque los terrenos son «herencia ancestral de los morenos bla, bla, bla», dice el escrito penal.

¿Qué es Carivida?

Es una sociedad bajo la denominación de Carivida Resorts en sociedad con la empresa Skycore International Holdings LTD cuya socia es la estadounidense, Samantha Irene Richie.

Skycore International Holdings LTD es una empresa constituida bajo la Ley International Business Companies Acto (IBC) de Belice, bajo esta ley las empresas están exentas de impuestos. No se encontró un sitio electrónico específico de esta empresa constituida bajo las leyes de Belice para «desarrollo turístico, bienes raíces, adquisición de propiedades para proyectos habitacionales y comerciales con fines turísticos…».

Según un boletín de Ofraneh, de diciembre de 2016, las empresas del canadiense Jorgensen, Campa Vista, Coroza Alta, New Palm Beach, Alta Vista,Carivida y Banana Coast, se ven cuestionadas ante la adquisición de tierras de forma indebida, además de estar proseguido por el Juzgado de Letras de Trujillo por usurpación.

Jorgensen sí dio entrevista a la prensa canadiense. El sitio electrónico canadiense Ricochet.media por medio de un artículo que inicia con la frase “Pequeña Canadá”, informó en diciembre de 2014 que: Jorgensen desestima las reclamaciones de tierras de la comunidad Garifuna. Es la misma historia en Guadalupe que en Río Negro y no se trata realmente de la tierra, dice.

“Ellos tienen facciones extremistas que están extremadamente motivadas políticamente y salen de su camino para crear cualquier problema que puedan para cualquier cosa que realmente no pone dinero en sus bolsillos personales”.Otros desarrolladores canadienses han seguido desde entonces, pero Jorgensen sigue siendo el principal jugador en el área, destaca el sitio.


Captura de pantalla del slitio web www.ricochet.media 

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Ricochet.media informó que la empresa de Jorgensen, Life Vision Developments, está desarrollando varios proyectos en la zona: Campa Vista, Coroz Alta, Nueva Palm Beach y Alta Vista. “Tenemos cerca de 1.500 acres de desarrollo residencial en marcha ahora. Vendimos 500 propiedades a los canadienses. Empiezan a llamarlo Pequeño Canadá.

Jorgensen niega categóricamente que el proyecto de Alta Vista se superponga con el título de la comunidad de Guadalupe, pero también alega que la comunidad no utilizó la tierra para nada de todos modos. “No es como si esta tierra tuviera que ser preservada para” este propósito “. No tienen un propósito. Ellos no tienen un plan. No tienen nada que ver con eso.

Dejando a Guadalupe atrás, el viejo autobús escolar amarillo ruge ante la comunidad garífuna de San Antonio antes de pasar Njoi Santa Fe, otro proyecto inmobiliario en construcción por parte de desarrolladores canadienses. Después de la comunidad de Santa Fe, es un flujo constante de turismo de propiedad canadiense y proyectos de bienes raíces a lo largo de los 11 kilómetros de regreso a Trujillo: New Palm Beach, el Banana Beach Resort, Njoi Trujillo, Coroz Alta y Campo del Mar, Campa Vista y El Tranquility Bay Beach Resort, cita la publicación canadiense.

Contradicciones en el MP

Entretanto en Tegucigalpa está la sede del Ministerio Público (MP) y mientras, la Fiscalía regional procesó a los indígenas, la Fiscalía de las Etnias y el Patrimonio Cultural acusó al canadiense Randy Jorgensen por vulneración de derechos de los garífunas de Guadalupe.

La portavoz del MP Lorena Cálix, explicó que como producto de  las denuncias se acusó a la registradora del IP, Tanía Yamileth Santos Antunez, porque la Fiscalía investiga la supuesta apropiación por parte de extranjeros de un título ancestral comunitario que data del año 1862.

Sin embargo, el sistema judicial le dio carta de libertad definitiva a Santos Antunez. Más bien, según se constató en expediente 262-2015 del Poder Judicial –en el transcurso de esta investigación- el 4 de septiembre de 2015, Santos Antúnez solicitó hacer examen para convertirse en notaria pública.

También, el MP ha presentado una acción penal contra el señor Jorgensen, tiene auto de prisión, una de estas es la prohibición de salir del país, dijo la abogada y periodísta Cálix.

El MP investiga a Jorgensen porque supuestamente se apropió de una cantidad superior de terreno a la que se había acordado con miembros de la comunidad. Aunque hayan sido territorios vendidos por miembros de la comunidad garífuna, lo que el MP  ha establecido en forma clara es que ese es un territorio ancestral altamente tutelado por tratado y convenciones internacionales, declaró la portavoz.

Guillén Mejía contó que durante una asamblea comunitaria, Forseth llegó violentando todas sus ceremonias de reunión con prepotencia y actitud de superioridad, como si fueran una raza superior. Ese día el mensaje era ¿Que por qué no queremos el desarrollo? Queriéndo imponer su visión de desarrollo por encima de la cosmovisión garífuna.

El ingeniero agrónomo Henry Norales explicó que otro aspecto es que la visión de desarrollo del gobierno es la siembra de palma africana, dejando de lado la dieta tradicional garífuna de yuca, coco y otros tubérculos, además, sus cultivos diversos embellecen el paisaje y no lo vuelven oscuro y monótono como ocurre con el monocultivo, dijo.

LEA TAMBIEN: Apartheid garífuna en el caribe de Honduras (I)

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