Redacción: Wendy Funes
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Faltaban 24 horas para el terremoto que estremecería y enlutaría a Venezuela cuando un estruendo alteró la mañana en el sur de la capital de Honduras, Centro América.
Era la mañana del 23 de junio, la gente iba hacia sus oficinas y todo transcurría como de costumbre cuando en la vulnerabilidad y descuido de Tegucigalpa ocurrió un hecho cuyos efectos son comparables con un terremoto.
Cuando el cuerpo de bomberos empezó a dar respuesta al desastre en Ofibodegas Perisur, encontró un escenario que combinó el colapso de estructuras, rescate en espacios confinados, deslizamiento de tierra y un incendio que generó riesgo biológico, “asemejándose a los efectos de un terremoto”, respondió el comandante del Cuerpo de Bomberos, el general Marco Antonio Artica.
En las labores con técnicas de rescate en estructuras colapsadas, los bomberos fueron apoyados por planos arquitectónicos de la bodega y perros especializados. Y en vista de que el incidente también provocó un incendio de baterías de litio y plomo, requirieron mascarillas especiales y arena seca para su control.
Los bomberos y militares se arriesgaban a realizar la búsqueda incesante en un terreno con la parte alta inestable.
Mientras trabajaban en buscar las víctimas —explicó el comandante — realizaban lo que ellos llaman apuntalamientos para evitar nuevos colapsos.
Cada vez que había vibración de la maquinaria pesada, aumentaba el riesgo de otro derrumbe.
Aun con el peligro, tardaron dos días en rescatar tres cuerpos de personas que no sobrevivieron y 30 fueron rescatadas con vida en las primeras horas.
Cuando el comandante daba esta entrevista, los elementos de bomberos llevaban 40 horas continuas de trabajo buscando un tercer cuerpo.
Habían pasado solo unos minutos desde que sacaran de entre los escombros, sin vida, a Karen Dinora Girón Ordóñez.
Arriba del cerro que cedió
Al recorrer la parte alta del cerro, que cedió y soterró a tres personas, descubrimos que opera una planta fotovoltaica, hay calles pavimentadas que lucen nuevas y aparentemente un centro religioso en cimentación.
Un propietario oculto
Las bodegas donde ocurrió el desastre tienen un par de décadas de haber sido construidas, dijo en el lugar el comisionado titular de Copeco, Reinaldo Sánchez.
El periodista Nelson Sorto reportó para HCH que hace unos años había ocurrido un deslave que soterró un vehículo porque detrás de la empresa pasaban vehículos.
No se encontraron registros públicos que indiquen de quién es propiedad la empresa que construyó las Ofibodegas Perisur.
En internet hay comunicado del 13 de noviembre de 2025, difundido por el Grupo Midence-Soto-Pierrefeu (Grupo MSP) que denuncia y advierte a las personas que pueden ser víctimas de fraude.
El comunicado señala que el MSP tiene en El Loarque 45 manzanas de tierra y señalan un sitio aledaño a donde ocurrió el accidente. El ministro Sánchez respondió que no tiene ni la más minina idea si ellos están ligados a la edificación en la que sucedió el siniestro.
No hay registros públicos que precisen de quién es el inmueble donde se registró la tragedia de interés público. Los funcionarios que llegaron al sitio no quisieron revelar de quien es la propiedad responsable de esta construcción.
La empresa más afectada
Con un rastreo de información documental, se descubrió que la sociedad mercantil más afectada es proveedora del Estado.
Ingelmec, con daños materiales y humanos en el local de su oficina, existe desde 1993, de acuerdo con la Escritura 45 de 17/05/1993, inscrita No. 92 Tomo 296 del Registro Mercantil de Francisco Morazán. Se encontró, con este rastreo, que en 2022 obtuvo el permiso ambiental PA-145-22.
Desde 2022, aparece legalizada como proveedora del Estado y en septiembre de 2025 ONCAE renovó su inscripción estatal de mediante la resolución 7048-2025.
El accidente
Una cámara muestra a los empleados saludándose de manera amable mientras ingresan al local número 8 de la empresa Inversiones Generales en Máquinas y Equipos de Control, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (Ingelmec, S. DE R.L. DE C.V.), unos segundos después estaban soterrados.
El primer día, luego de más de 12 horas, desde que ocurrió el siniestro, recuperaron sin vida entre las 7:00 y 8:00 de la noche, a Claudia Suyapa Garay. La buscaban desde la mañana. El tercer día encontraron a Félix Núñez.
Luego de la tragedia, los políticos aprovecharon para capitalizar su imagen pública y se arriesgaron a desfilar por la zona del desastre que 12 horas después seguía emanando gases de litio y plomo.
Los políticos se posaron ante las cámaras para lamentar la tragedia en el sitio del accidente.
Pero ninguno colocó en el debate publicó, por ejemplo, como la parte alta de la colonia El Loarque, continua al sitio del accidente, es una zona de alto riesgo. En ese sitio hay varios proyectos en construcción.
Un reporte municipal de ejecución de mayo de 2017 dice sobre varias zonas incluida Altos de El Loarque “evaluar la ubicación de los inmuebles del Distrito Central para conocer su situación de riesgo con el uso de mapas y herramientas, coordinar la cooperación de los organismos internacionales y empresas privadas para el desarrollo de proyectos de prevención y mitigación de amenazas naturales”.
Tampoco hablaron de cómo la ciudad lleva nueve años trabajando un marco regulatorio para construcciones.
Reglamento aprobado en 2017
Con el monitoreo de actas de Corporación Municipal se constató que desde 2017 se aprobó el Reglamento para la Reducción del Riesgo de Desastres en el Distrito Central. Consta en el Acuerdo No. 29, Acta No. 20.
Este reglamento ha servido para mapear las zonas con vulnerabilidad en la capital.
El especialista en gestión de riesgo y director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (SIMGER), Julio Quiñónez, cuya presencia sí era importante en la zona del desastre, explicó que existe un Reglamento especializado.
Quiñonez explicó que en la actualidad el personal está enfocado en la evaluación del sitio del incidente. Luego vendrá una revisión de construcciones en esta zona para recomendar mayor seguridad con el fin de prevenir riesgos.
Según el funcionario, existe un Reglamento de Reducción de Riesgo (2019) y que existe un «antes» y un «después» de la aplicación de este reglamento. Las obras construidas después de 2019 tienen condiciones y exigencias distintas a las anteriores.
Anunció que este año (2026) se realizará una actualización del reglamento con un equipo de especialistas y entidades de la alcaldía.
Quiñonez explicó que el reglamento surgió debido a la recurrencia histórica de incidentes y la necesidad de controlar cómo se construye.
Durante la conversación recordó que en 2007 en la colonia El Retiro, un corte de terreno hecho por personas (no por una empresa) provocó la pérdida de siete vidas.
Muchas personas han fallecido en obras que no contaban con permisos de construcción y que, por ende, no pasaron por los procesos de la municipalidad, lo que hace difícil responsabilizar a la institución, dijo.
Con un rastreo documental, se encontró un Reglamento de Zonificación, Obras y Uso de Suelo.
Este reglamento fue reformado según Acuerdo No. 21, consta en el Acta No. 15 del 6 de junio de 2018 uso de suelo.
Construcciones y muerte
Este no es un hecho único. Entre 2014 y 2026, con un monitoreo de prensa, se encontraron al menos diez coberturas noticiosas que cuentan la muerte de diez personas y ocho heridos en distintos incidentes. La mayoría de víctimas eran obreros de la construcción. Los reglamentos fueron aprobados, pero las muertes continúan.
Reinaldo Sánchez indicó que los equipos de rescate de bomberos, Unidad de Respuesta Inmediata de COPECO, Batallón Humanitario de Rescate llevaban varios días trabajando continuamente en la búsqueda de las víctimas.
Una vez finalizada la búsqueda, se debe realizar una evaluación e investigación para emitir un informe que determine qué pasó, lo cual derivará en labores preventivas y correctivas, apuntó.
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