Por Wendy Funes
- Esta investigación fue realizada por la Asociación Calidad de Vida
Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). El mar del Océano Pacífico, al sur de Honduras, con su muelle triste, esta isla de viento reposado es el escenario del desprecio que la comunidad ejerce contra Camila.
La han proscrito porque fue víctima de un delito que la misma vecindad y la policía local toleró con su silencio: la explotación sexual comercial; la injusticia para Camila (nombre modificado) no radica en la condena contra dos de sus agresores sino en el trato que le da su comunidad.
Ella es la víctima y ella también siente vergüenza y revictimización cuando es señalada por sus vecinos que no quieren comprender que dos hombres, integrantes de la Mara Salvatrucha y policías supuestamente cómplices de la banda, la esclavizaron para trabajo doméstico y la obligaron a la explotación sexual. La amenazaron con secuestrar y vender a su hija y la obligaron a decirle a su familia que ella estaba ejerciendo comercio sexual por decisión propia.
Los hombres de la comunidad llegaban para aprovecharse de ella y nadie le preguntó cómo podía ayudarle parecía como si a nadie le importara. “No me sirve de nada llorar si nadie me va a ayudar”, dice y su frase se repite en las demás mujeres rescatadas.
Por el crimen en su contra y en contra de dos jóvenes más, el Ministerio Público (MP) pidió 15 años de condena para Rosalí de la Cruz Bustillo y su hijo Jorge Alberto Bustillo por este delito, ambos fueron condenados por jueces que integran la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por el delito de Trata de Personas en perjuicio de tres mujeres.
En este caso, la Fiscalía probó que “se presentaron a la casa de una de las ofendidas en el municipio de Amapala para ofrecerle empleo como doméstica, a quien le ofrecieron un pago de tres mil lempiras, quien una vez en empleada en la casa de Rosalí, este mediante amenazas a su familia la obligaba a ofrecer servicios sexuales con varias personas, por lo que tanto el padre como el hijo comenzaron a prostituirla obligándola además a realizar los quehaceres domésticos haciendo lo mismo con las otras dos víctimas a quienes también amenazaba con hacerle daño a su familia”. El ilícito ocurrió en 2016.
Camila no tiene acceso a educación, a un sistema integral de salud aunque fue rescatada por el Estado, carece de oportunidades de distracción. En su caso se denunció supuesta implicación de policías y militares y sin embargo, el caso no ha sido completamente investigado.
Militares implicados
En otro departamento de Honduras, al nororiente, Johana (nombre ficticio) recuerda que sentía impotencia, rabia y vergüenza cuando Xiomara, la cuñada de su papá, la llevaba a moteles, hacía el trato con los hombres y la obligaba a entrar a los moteles con sus clientes.
Ella tenía 15 años, sus clientes iban en carros polarizados, eran hombres de 30, 40 y más años. “Llegué a un punto en que empecé a pedir ayuda y los hombres decían que me iban a ayudar, ‘ayúdeme a denunciar’, les decía. Algunos volvían a pactar con la mujer y entonces ella no les volvía a pedir ayuda, al final ninguno de los clientes la ayudaba.
A Johanna la policía la rescató un 13 de octubre de 2014, en el caso estaban implicados altos mandos del ejército hondureño que fueron encausados y la causa sigue su curso en los tribunales de justicia del país.
Este caso forma parte de la investigación Impacto socioeconómico en las Mujeres Víctimas de Trata de Personas después de ser reinsertadas a la vida social. El estudio fue realizado por la Asociación Calidad de Vida y el apoyo financiero de la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo (TROCAIRE).
El estudio concluye que “las personas sobrevivientes de trata de personas después de ser rescatadas, devueltas o reinsertadas a su vida familiar y social sobreviven en situaciones de vulnerabilidad, algunas en condiciones de precariedad económica, rechazadas por su familia o por la comunidad o escondiendo el hecho del que fueron víctimas porque temen ya que siguen inmersas en contextos de violencia de género que posibilita que vivan con culpa y víctimas de otras causas estructurales que las volvieron vulnerables a este tipo de crimen”.
“Algunas tienen secuelas sicológicas y emocionales que refuerzan el círculo de violencias y las exponen a revictimización o a convertirse nuevamente en víctimas de trata. Cuando son rescatadas llegan con lesiones físicas, vestidas de “manera inadecuada”, a veces vienen drogadas porque son expuestas a los clientes y obligadas a consumir drogas¸ presentan conductas de agresividad, miedo, desconfianza, desconfían de los hombres, quieren dormir, les da hambre, están con estrés, algunas regresan con hijos. Presentan rasgos de trastornos como el estrés postraumático o el síndrome de Estocolmo porque se identifican con el tratante ya que el trabajo al que las fuerzan es una fuente de ingreso”, explicó el coordinador Comisión Interinstitucional de Lucha contra la Explotación Sexual, Comercial y la Trata de Personas, Iván Williams.
Según la criminóloga, Elizabeth López, al ser rescatadas, la mayoría presenta estrés postraumático, ansiedad y depresión, algunas desarrollan trastornos de personalidad, utilizan como mecanismos de defensa el trastorno psicosomático o trastornos conversivos.
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