Tegucigalpa, Honduras. Se espera que Honduras sea declarada responsable internacionalmente de violaciones a los derechos humanos y transfemicidio cuando el próximo 11 de noviembre del 2020 se realice una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Vicky Hernández, mujer transexual hondureña que presuntamente fue víctima de ejecución extrajudicial la noche del 28 de junio de 2009.
Hernández, de 26 años, fue asesinada durante el toque de queda en San Pedro Sula, el mismo día en que se produjo el golpe de Estado realizado por el mandatario de facto Roberto Micheleti contra el presidente Manuel “Mel” Zelaya.
La organización Lésbica Cattrachas junto con Robert F. Kennedy Human Rights presentaron una demanda ante la CIDH. El caso de Vicky fue sometido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por Cattrachas el 23 de diciembre de 2012 en vista de falta de diligencia en la investigación.
Según la demanda, el Ministerio Público de Honduras se negó a investigar líneas para descartar la presunta participación de agentes estatales en el asesinato de Vicky Hernández.
“La negligencia en la investigación fue tanta que se negaron a realizarle una autopsia por suponerla VIH positiva, basados únicamente en su identidad de género. El caso de Vicky permanece en impunidad”, señala un documento de Cattrachas sobre el caso.
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Actualmente el caso es litigado en conjunto con la Robert F. Kennedy Human Rights. La Comisión Interamericana aprobó el informe de fondo del caso el 7 de diciembre de 2018, notificándose a las peticionarias y al Estado el 30 de enero del 2019.
En este informe, la Comisión concluyó que el Estado de Honduras es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, libertad de expresión, igualdad y no discriminación, y protección judicial, protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belem Do Pará.
La Comisión además consideró que el caso de Vicky Hernández puede catalogarse como un asesinato por prejuicio basado en la identidad de género y que hay fuertes indicios de involucramiento estatal directo, por lo que se trataría de la primera ejecución extrajudicial transfemicida reconocida por el Sistema Interamericano.
“El caso de Vicky Hernández es la historia de cientos de mujeres trans de toda la región que son víctimas de discriminación y violencia por parte de las autoridades y de muchos otros sectores de la población”, expresó Angelina Baeyens, directora de incidencia y litigio de Rober F. Kennedy HUman Rights.
Por su parte, Indyra Mendoza de Cattrachas dijo “la sentencia será más que importante para la población LGBTI de Honduras y América. Los derechos de las mujeres trans son derechos humanos. Es un gran precedente legal para las personas trans de toda América Latina”.
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