Estos fueron los privilegios del sistema judicial para dos supuestos cabecillas criminales

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación.  El asistente y cuñado del presidente de la Corte, Henry Lara y Evelio Hernández Lara, de Servicios Generales, prepararon el equipo y todo lo necesario para que el expresidente Juan Orlando Hernández pudiera comparecer ante la nación desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según lo consigna un informe con el sello de recibido de la Sala Constitucional.

Henry Lara es menor de 35 años y es cuñado de Rolando Argueta, informó en 2016 el periódico Confidencialhn. Lara era el asistente del Consejo de la Judicatura y del Poder Judicial cuando esta dependencia era dirigida por Teodoro Bonilla, condenado por el delito de tráfico de influencias.

El vídeo fue difundido el 17de marzo pasado. El expresidente de Honduras habló desde el Salón de Plenos del Poder Judicial aunque ya estaba en trámite su extradición como uno de los supuestos cabecillas del narcotráfico en Honduras y del tráfico de armas. Este salón es el mismo sitio donde los 15 magistrados de la CSJ toman decisiones sobre la administración de justicia en Honduras.

El exmandatario Hernández dijo que el juicio que enfrenta es una venganza de los narcotraficantes por el combate frontal que impulsó contra la narcoactividad. “Salvamos muchas vidas y eso valió la pena”, declaró.

Argueta mintió

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, declaró que “ningún miembro del Poder Judicial tuvo ninguna participación a efecto de poder facilitar o tener conocimiento del propósito de la grabación”, pero el informe interno lo desmiente.

El otro supuesto cabecilla favorecido

¿Pero qué tienen que ver Juan Orlando Hernández y Carlos Alberto Álvarez Cruz?  Que ambos aparecen supuestamente ligados a una misma estructura criminal y que ambos recibieron privilegios dentro del circuito judicial. 

Para los órganos de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad, Álvarez Cruz no es el verdadero Cholo Houston, pero sí un cabecilla con el rango de administrador financiero de la Mara Salvatrucha (MS) mientras que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es categorizado como un paisa firme, aliado al grupo criminal.

Un juicio con recurrentes suspensiones

El 18 de abril en el Tribunal de Sentencia de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Extorsión inició el juicio de Álvarez Cruz, coimputado junto a Lizeth Carolina Claros Inestroza, Elsy Marian Cortés Rodas, Cristian Samir Mendoza Rivera, Suamy Albat García Harry, Gustavo Adolfo Hernández y Luis Manuel Izaguirre.

RI tiene copia de documentos que confirman tratos privilegiados para Álvarez Cruz como una autorización dada por una jueza para que se le permita ingresar desayuno a la instalación judicial, pero no pasa lo mismo con el resto de imputados en la misma causa. Esto ocurrió mientras Álvarez Cruz estaba en prisión preventiva.

Durante la cobertura del juicio, se documentaron las dilatorias al proceso que favorecieron a los imputados aunque hubo casos en los que también los trámites judiciales les afectaron como cuando los tuvieron en prisión preventiva aunque había una decisión judicial para que salieran con arresto domiciliario. 

Las constantes suspensiones del proceso, por la sobrecarga laboral que tiene el Tribunal de Sentencia, han postergado que haya una decisión judicial. Este juicio inició en el año 2019. 

En audiencia preliminar, la Fiscalía formalizó cargos por almacenamiento de armas de guerra y por un supuesto error de dedo, el auto de apertura a juicio no consigna este delito. La defensa sostuvo que este era un vicio de nulidad. 

Inicialmente el Tribunal de Sentencia había declarado con lugar parte de la petición. Mediante un recurso de reposición que interpuso el Ministerio Público, se pudo continuar con este cargo.

Los alegatos y trámites procesales, que constan en el expediente judicial de 11 tomos, facilitaron que se venciera la prisión preventiva y finalmente la Corte de Apelaciones ordenó la liberación del sospechoso que ahora está en arresto domiciliario.

En el transcurso de la cobertura periodística del juicio, a la periodista de Reporteros de Investigación en dos ocasiones se le advirtió que no podía hacer uso del celular dentro de la Sala de Juicios Orales. Por el contrario, a los imputados se les permitió el uso de celulares aun dentro de la Sala de Juicios Orales. 

En una ocasión uno de los guardias se acercó a Cruz Álvarez y a sus seis coimputados para pedirles amablemente que guardaran sus teléfonos móviles porque las cámaras del Poder Judicial estaban grabando.

El uso de celulares se permitía mientras afuera y adentro había tropas de policías con fusiles y otras armas de reglamento, algunos de ellos con el rostro tapado que custodiaban a los imputados en arresto domiciliario y a Hernández e Izaguirre que siguen en prisión porque enfrentan otra condena por extorsión.