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Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Al ver la sonrisa de Lilian Castillo Hernández y su juventud es difícil descubrir que sufre una discapacidad en sus músculos. Trabajó para Gildan Actiwer San Miguel durante 17 años. Pegaba mangas de camisetas. La producción era de 500 docenas en una noche y hacía horas extras cada cuatro días. En 2010, empezó a sentir dolor en sus hombros, iba a la clínica de la fábrica. Le daban calmantes.
En 2011, sus dolores arreciaron. El 2 de agosto de 2011, un ultrasonido reveló que tenía una tendinitis del hombro izquierdo. La doctora de la clínica le dijo que la reasignarían a otra actividad. La médica de la maquila le siguió dando varias incapacidades.
Pero la situación se iba volviendo crítica para Lilian. Era marginada, le decían que ya no servía porque no podía producir las 500 docenas y eso afectaba a sus compañeros.
Cuando conoció a la Colectiva de Mujeres Hondureñas (Codemuh), la organización les ayudó para ir al Seguro Social. En 2012, con la discapacidad parcial y su hombro inflamado, Gildan le dijo que estaba despedida.
“Yo sentía que el mundo se me venía encima”, sus hijos estaban pequeños, cuenta Lilian. Por ocho años de trabajo, le daban 17,000 mil lempiras de prestaciones, pero ella ocupaba 17,000 lempiras para cada clavo de su brazo. Ella no aceptó ese monto.
Desde 2013 inició una lucha y fue reintegrada a Gildan en 2016 como una mujer empoderada, organizada en la Codemuh. A partir de entonces, empezó una lucha por obtener un dictamen de reubicación por su discapacidad. Recibió el dictamen en 2020.
Gildan San Miguel cerró en 2024. Pero después de 15 años trabajando en la maquila su cuerpo ya no es el mismo. Tiene una discapacidad parcial.
Es difícil para ella levantar sus manos, cargar cosas, ponerse su ropa y hacer quehaceres de la casa. En algunos casos ocupa la ayuda de sus familiares, “no tengo empleo ni dinero y tengo destruida parte de mi cuerpo por las jornadas de trabajo, movimientos repetitivos y altas metas de producción”, expresó.
No fue calificada por el IHSS, pero la Secretaría de Trabajo dice que tiene una enfermedad profesional. Cuando Gildan San Miguel cerró, le pagò prestaciones, pero no la indemnizó por su enfermedad.
Las empresas cierran dejando miles de mujeres con discapacidad. Luego esas maquilas no se van de Honduras, simplemente cambian de nombre para evadir el pago de derechos, dijo Reyna Tejada, coordinadora del Área Legal de la Codemuh.
Castillo está exigiendo que la recontraten en otra empresa de Gildan San Miguel.
Si usted compra en Miami, para mencionar una ciudad, quizás encuentre camisetas con la marca Gildan. Es ropa que puede haber sido hecha con el extractivismo de huesos y tendones de mujeres.
Cierran y siguen acá
Gildan San Miguel cerró en septiembre de 2023 y hay varias trabajadoras pidiendo que se les reubique. Antes de cerrar se pasaba una lista para recontratar a personas sin problemas de salud, dijo Tejada.
Hay muchos derechos adquiridos que no son reconocidos, como el derecho a la salud.
Las mujeres dicen que les dan prestaciones que no son las que les correspondían con su tiempo laborado.
Pero además, el Instituto Hondureño de Seguridad Social no emitió su dictamen de calificación, por lo tanto ahí hay un derecho incumplido.
Por ejemplo, las trabajadoras de Hanes Choloma no estaban de acuerdo con sus prestaciones, pero la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social les decía que aceptaran.
La Codemuh ni siquiera se ha podido comunicar con el ministro de trabajo.
Desde 2022 vienen cerrando maquilas porque llegan a su límite y las abren con otros nombres. “También eso lo hacen para deshacerse de personas con problemas de salud”.
Toda esa situación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) la resume en un hallazgo que implica historias no solo como la de Lilian sino de miles de personas despedidas y algunas con discapacidad.
“En 2024, al menos seis empresas maquiladoras cerraron operaciones, generando la pérdida aproximada de 24 000 empleos. La Oficina documentó el cierre de una de estas en el departamento de Cortés, en la que al menos, 1,200 personas, en su mayoría mujeres, perdieron su empleo y no habrían recibido el pago e indemnizaciones laborales correspondientes, contraviniendo lo establecido en el Código de Trabajo. Al respecto, el Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo en su visita a Honduras en 2024 manifestó que “aunque la empresa se benefició de la exención fiscal del gobierno, no respetó los derechos de los trabajadores y el gobierno falló al no proteger sus derechos”.
En octubre 2024, el Congreso Nacional inició el debate sobre el dictamen de la Ley de Justicia Tributaria presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, no se aprobó por falta de consenso. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación por la baja proporción de ingresos tributarios en relación con el producto interno bruto y la alta dependencia de impuestos indirectos en Honduras.
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