Alto Comisionado de la ONU: Autocensura por ataques y criminalización de la prensa

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Ante la persistencia de @RCVHonduras de difundir información falsa sobre financiamiento de elecciones, SEFIN reitera la interposición de la denuncia por injuria y calumnia contra Dagoberto Rodríguez.
Jueves 20, a las 10 am en el Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de TGU pic.twitter.com/iunf2fTppg

— SEFINHN (@SEFINHN) March 18, 2025

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La Oficina observa con preocupación la continua práctica por parte de algunos funcionarios con altos cargos públicos de estigmatizar, en redes sociales o medios de comunicación, a quienes expresan opiniones críticas sobre la administración pública u otros poderes del Estado. Además, según monitoreo de la Oficina, esta práctica ha fomentado la autocensura y ha creado un entorno permisivo para posibles agresiones.

Eso dice el Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras en 2024 de la la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

La defensora de derechos humanos, Dina Meza, consideró que en este gobierno se esta lacerando el principal pilar de la democracia que son los periodistas.

Un hecho crítico que ha documentado ASOPODEHU es la persecución en diferentes niveles desde la llegada del actual gobierno.

Desde el golpe de Estado y de la década de los ochenta ha habido un deterioro, pero en este gobierno ha habido una involución, consideró la defensora.

Lo más grave es repetir historias del pasado criminalizar a la prensa, querellas impulsadas desde el gobierno central. Un ejemplo es la querella de la Secretaría de Finanzas contra Dagoberto Rodríguez. Eso se había visto impulsado por alcaldías, pero nunca desde gobierno central.

Asopodehu apoyó en 2024 seis periodistas que están en el exilio por amenazas del gobierno y del narcotráfico.

Ataques a periodistas

Oacnudh cita que “los ataques dirigidos a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación continuaron siendo una práctica recurrente en 2024. Al 31 de diciembre, ACNUDH registró 284 ataques contra 319 víctimas, tanto individuos como organizaciones, de las cuales 219 (68.65 %) se dedican a la defensa de los derechos humanos y 100 (31.35%) al periodismo y la comunicación social”.

“Del total de víctimas afectadas (120 hombres, 61 mujeres y 138 organizaciones, colectivos, comunidades y/o medios de comunicación), la mayoría fueron por actos de intimidación u hostigamiento, actos de desprestigio y amenazas. Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente continúan siendo las que enfrentan mayor riesgo, representando 47% del total de víctimas”.

“La Oficina observó en comparación con 2023, un incremento del 48.6% (de 35 a 52 casos) en los ataques dirigidos a desprestigiar la labor de personas defensoras, organizaciones, periodistas y medios, incluyendo las redes sociales, como son las campañas en contra de COPINH y el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) de Tocoa”.

“ACNUDH documentó ocho asesinatos, cinco de personas defensoras y tres periodistas, trabajadoras de medios y/o comunicadoras sociales, de las cuales al menos dos eran defensores de los derechos LGBTI”.

“En septiembre fue asesinado Juan López, ambientalista y miembro del CMDBCP, emblemático defensor del río Guapinol frente a proyectos extractivos. Su muerte sucedió en un contexto de constantes ataques, amenazas, intimidación y criminalización de personas defensoras”.

“La investigación del asesinato conllevó a la captura de presuntos autores materiales, sin embargo, sigue pendiente la identificación de los autores intelectuales, indispensable para garantizar el acceso al derecho a la justicia, a la verdad, la reparación y garantías de no repetición”.

“La investigación efectiva de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas sigue siendo un desafío”.

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida mantiene investigaciones abiertas en al menos 19 casos de asesinatos y desapariciones ocurridos entre 2023 y 2024, incluyendo posibles desapariciones forzadas de personas defensoras y periodistas (13 en etapa investigativa, seis con requerimientos fiscales).

La Fiscalía Especial de Protección a Defensoras y Defensores, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia ha recibido 27 denuncias a noviembre de 2024, la mayoría por amenazas, de las cuales ninguna ha sido todavía judicializadas.

Reducción en tasa de homicidios, reducción de pobreza, desaparición forzada, ejecuciones sumarias, siembra de prueba en estado de Excepción y empresas que no pagan derechos pese a exoneraciones: son algunos de las violaciones a DD. HH, según @OACNUDHHN https://t.co/csQRSjMjDq pic.twitter.com/K4k5PGvKt2

— ReporterosdeInvestigación (@reporterosdeinv) April 9, 2025

Otros hallazgos

• Entre otros obstáculos, no existe un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, a pesar de que esta fue una reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018.
• Con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Protección, en noviembre se aprobó el Acuerdo Ejecutivo N°SEDH-004-2024 que autoriza a la Secretaría de Derechos Humanos a realizar compras directas que podrían agilizar la implementación de medidas de protección. Además, por primera vez desde la creación del Sistema en 2015, se incorporó personal a la Oficina de Asesoría de Planeación e Información de la Dirección General del Sistema de Protección, órgano ejecutor de la protección brindada a las personas beneficiarias.
• ACNUDH saluda la creación de la “Articulación por la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos” y el “Grupo Amplio para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección”, por parte de organizaciones de sociedad civil, con la asesoría técnica de la Oficina, para apoyar al Estado en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección
• A pesar de las medidas mencionadas, el Sistema Nacional de Protección continúa atravesando una crisis institucional que le imposibilita cumplir a cabalidad su mandato de prevención y protección. Los principales retos son la rotación de personal, la falta de herramientas técnicas, corresponsabilidad institucional y de presupuesto suficiente para la contratación de personal técnico e implementación de medidas de protección.
• Preocupa la falta de participación e involucramiento de los titulares de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Protección para la toma de decisiones estratégicas entre el Estado y la sociedad civil que permitan que el Sistema cumpla con su mandato de prevención y protección. Preocupa la continua utilización del derecho penal en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas como forma de obstaculizar su labor legítima. La Oficina también documentó el uso indebido del derecho penal contra personas defensoras de los Consejos Indígenas Lencas “Alianza” y “Unidos por el Trabajo”; la comunidad garífuna de Nueva Armenia, la Asociación por el desarrollo de la península de Zacate Grande, Santos Hernández y Abel Pérez; la defensora Nolvia Obando, integrante del movimiento de mujeres campesinas “Las Galileas”; así como contra una persona defensora del Consejo Indígena Lenca de Nueva Palestina.
• En 2024, ACNUDH registró diez casos de detenciones arbitrarias de personas defensoras previamente absueltas, sobreseídas o que gozan de medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva, debido a que los sistemas de la Policía Nacional no se actualizan según las resoluciones del Poder Judicial. Esto continúa a pesar del convenio suscrito entre la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Seguridad para mejorar los sistemas informáticos sobre órdenes de captura.
• Persisten los retos de acceso a la información pública. El acuerdo 001-SG-2024 aprobado en marzo que permite declarar bajo reserva “información esencial relativa a negociaciones internacionales”, podría afectar negativamente el ejercicio de algunos derechos humanos, como el derecho al acceso a la información, así como el escrutinio público y la rendición de cuentas.

Una cosa que me dio tristeza es que el Alto Comisionado diga que hay como oscuridad en el nombramiento de la representante de la sociedad civil ante Conaprev. Me dio pesar que hayan puesto eso. Mejor lo hubieran dejado asilado, puesto que apoyan una tesis violatoria del espacio cívico como es que 17 organizaciones eligieron a la abogada Mildred Meléndez y nunca la juramentaron porque no le dio la gana al gobierno porque había colusión con organizaciones de sociedad civil que son afies al gobierno. La estrategia es llegar a julio para que la sociedad civil elija a su representante pero el problema es que ha metido las manos el gobierno en un espacio que es de sociedad civil, lo mismo hicieron con Conaprev.