1/4
Iguala, Lempira; Honduras | Reporteros de Investigación. Había neblina esa madrugada. Los pinos apenas se miraban disipados por el hielo cercano al amanecer. El viento de finales de enero era turbio.
Era la segunda ocasión que las autoridades judiciales subían aquí. A la montaña con Amapolas y marihuana.
Para llegar a la aldea La Cumbre, la caravana de carros policiales debió trepar la carretera de tierra blanca, rodeada de pinos.
Aún no amanecía. Al agricultor, Yester Orlando Jacinto Miranda, le pareció que eran las 4:00 de la mañana de ese 31 de enero. Entre el helado humo blanco, escuchó gritos. Le ordenaban que se rindiera.
Un comando de hombres armados, al mando del oficial Leandro Osorio, había entrado al cultivo ilícito. Le advertían que, si no se rendían, los iban a matar. Lo primero que Yester sintió fue miedo.
No entendía lo que pasaba. La noche anterior trabajaba chapeando el terreno que él —dice—creía de hortalizas.
Esta mañana un comando de policías de fuerzas especiales avanzó, lo sometieron y lo golpeaban mientras le ordenaban que dijera la verdad.
“Todo lo que pasa, uno no sabe de dónde le dependen las cosas. Nunca me había quedado y se me hizo tarde y me quedé” —recuerda Yester—. De esa forma explica el motivo por el que la noche del 30 de enero de 2014 decidió dormir en el sembradío sobre la montaña y no bajar a su aldea El Derrumbado como hacía todos los días cuando terminaba su jornada.
“A las 4:00 de la mañana llegan y nos dicen que nos rindamos, nos amenazaron que nos iban a matar y me andaban golpeando y me querían sacar verdad. Yo les decía: si yo supiera, les digo”. No dejaron de golpearlo hasta que llegaron personas defensoras de derechos humanos. “En la mañana que cae la policía yo ni sabía lo que había ahí, pero después en la cárcel, los traficantes me decían que mejor que yo no hubiera sabido porque bien me hubieran matado al terminar la cosecha”.
Yester dice que no entiende cómo fue que hicieron en la televisión para pegar su foto con la de Tony Hernández y junto al colombiano Rubén Pinilla Roldán si nunca ha conocido a Tony Hernández ni se han tomado fotos juntos, platica ingenuamente.
Un agricultor exhibido como un gran traficante
Desde esa madrugada de 2014 inició para Yester una travesía judicial inesperada, con abogados, audiencias. Su imagen aparecía en la prensa. Decían cosas sobre él. Ahora lo resume con la frase, “los medios no dicen lo que es”.
El expediente judicial No. 43-2016, en el folio 25-28, hace constar que “en el municipio de la Iguala, Lempira…procedió a realizar un registro personal al señor Orlando Jacinto Miranda. Nació el 8 de noviembre del 1988, 24 años, originario de El Derrumbado”.
«No porta documento de identidad, se le encontró en su pantalón jean, en la bolsa izquierda, un teléfono celular BlackBerry, con su respectiva batería C-52 y su tarjeta de memoria de 2 GB. El teléfono se encontraba apagado”.
El viaje a El Derrumbado inició cuando al revisar el juicio para esta investigación, se descubrió la primera mentira que hemos contado los medios nacionales e internacionales.
Por eso tomamos la decisión de recorrer 287 kilómetros de los caminos empinados hacia El Derrumbado, por las montañas rodeadas de pinares que parecen gigantes colosales de cuatro metros.
Y al llegar a su descarnado rancho, la realidad desmiente con brutalidad lo que venimos escribiendo en los periódicos: Hemos venido representando a un agricultor, con la primaria incompleta, como un peligroso narcotraficante y no como el jornalero que es.
Dos mentiras
La segunda mentira es que hayan salido libres inmediatamente. Es una confusión. Quienes quedaron libres fueron los colombianos Rubén Pinilla Roldán y Freddy Roldán Jiménez, pero en 2013. En 2014, Pinilla Roldán y Jacinto Miranda tuvieron que permanecer cuatro años en prisión.
En el juicio revisado encontramos que la defensa de Yester Orlando Jacinto Miranda, alegó que era un agricultor con tercer grado de primaria. Lo habían contratado y le habían hecho creer que estaba chapeando un terreno de hortalizas. Tenemos copia de las constancias judiciales que acreditan que apenas había cursado tercer grado.
En la audiencia inicial, durante su juicio, en 2014 declaró: “donde yo trabajo me buscaron para limpiar una tierra y no sabía lo que tenía siempre ahí cuando yo la veía. A mí me llegó de sorpresa porque no sabía lo que había ahí. Yo era mozo, nada más, no tengo nada que ver en nada de eso”.
En la cárcel, los militares dieron fe de su buena conducta, mediante la constancia del 18 noviembre 2016, número 617-2016.
También, la municipalidad y los vecinos consultados lo ven más como un jornalero que trabajaba en un cultivo ilegal que como un peligroso narcotraficante.
Yester proviene de un hogar integrado, es uno de los tres varones y tiene tres hermanas. Desde pequeño mostró buena conducta, llegó hasta el tercer grado en la escuela rural José Francisco Díaz Portillo, dice su estudio socio económico, revisado para esta investigación.
Desde los 19 años se acompañó en unión libre con María Rodríguez.
Cuando lo capturaron llevaba seis años con el vicio de tomar aguardiente. Había empezado a alcoholizarse desde los 18 años. Eso le generó problemas en su hogar. Pero en la visita de 2025, cuando se le preguntó si él había tenido problemas con el alcohol, lo negó.
Visitamos su casa
Los vecinos amables conducen a su vivienda. Una casita de adobe a la orilla de la carretera sin asfalto.
Su hijo mayor, un adolescente con los brazos embarrados de barro, obedeció a su vecino que le dijo:
—Anda buscando a tu papá, llevala allá—. El adolescente cándido atravesó dos sencillas casas sin cercos ni muro, con suelo de tierra húmeda. No paró de correr hasta entrar a su casa con piso de tierra y paredes de barro, rodeada por algunos palos de café y maleza que va creciendo a su gusto.
Yester salió un poco huraño y con una sonrisa hospitalaria. Junto a su esposa María invitaron a pasar adelante. Al contarle que era un periódico, su semblante tímido cambió y parecía tener vergüenza para atreverse a negar la entrevista a una periodista.
Dijo que han dicho muchas cosas de él, pero que todo se lo deja a Dios porque ahora está libre y sigue trabajando la agricultura.
Este marzo de 2025, pasaron 11 años desde aquella mañana. A Yester los años le han caído con mucho peso. Ahora es un hombre con 35 años que parece tener más edad. Su piel trigueña brilla incendiada por el sol.
Esa mañana andaba con los brazos llenos de barro casi hasta los sobacos. Había estado produciendo adobes, (ladrillos de barro). Vestía sandalias negras, un pantalón raído, color negro y una camiseta rosada desteñida con el paso del tiempo.
Es un agricultor que parece ingenuo, sencillo. Permaneció de pie y así parado empezó a dar la entrevista mientras se entretenía jugando a escarbar tierra de la orilla de una raíz expuesta. La raíz salía de un tajo desnudo de tierra, que sirve de pared del patio frontal y más arriba se convierte en la calle por donde pasan los vehículos.
“Me querían echar a mí que yo era el dueño del terreno y yo les decía que ni idea sabía de quien era la propiedad”, contó.
Un 14 de septiembre de 2013, Yester caminaba con su tío por la montaña. Los colombianos que llegaron al país para tecnificar el laboratorio con la última tecnología en cultivos ilícitos, tenían solo dos meses de haber sido liberados por una maquinaria corrupta de la justicia penal.
Yester y su tío no sabían nada de eso. Habían ido a recoger sensén, una hierba que acá se come cruda. “Andaba senseniando”, dijo su esposa.
El informe socioeconómico relata que Yester trabajó con su tío en la agricultura, con azadón, machete, pujaguante, hacha, colima y lima.
Sembraban granos básicos de primera necesidad, como ser café, maíz y frijoles. Yester trabajaba desde los 12 años.
Entonces cuando pasó por el “solar”, gestionado por los colombianos, le ofrecieron trabajar por 200 lempiras el día. Le pareció una buena paga porque el ganaba 120 en un día. Le dijeron que era para sembrar hortalizas.
Empezó a labrar la tierra y pasaron dos meses, pero no le pagaban porque se excusaban con que no había dinero, contó. Sin embargo, acá hubo una segunda contradicción en sus declaraciones, pues, en la primera audiencia judicial, sus abogados dijeron que sólo tenía 15 días de trabajar en esa propiedad.
—Mire cómo es la vida— platica ahora Yester.
Su esposa recordó que cuando se lo llevaron, aguantó hambre junto a sus dos hijos y lo poco que ella ganaba, era para el puesto de la casa.
Yester mencionó que no sabe quién pagó sus abogados, pero está agradecido de que no lo hayan dejado en prisión porque él no tenía para pagar defensor privado. Cada vez que el colombiano cambió de defensor, Yester también.
Los primeros abogados que tuvieron renunciaron al caso con temor, dijo Yester. La constancia judicial indica que los abogados renunciaron el 29 de julio de 2014.
Al segundo abogado, Jorge Maradiaga, lo conocieron en la cárcel cuando los tres estaban presos y ahí les ofreció llevar su proceso. Maradiaga tomó la defensa a finales de julio de 2014. Solo estuvo tres meses como su apoderado.
Según Yester, el abogado no hizo lo suficiente por liberarlos.
No fue hasta mayo de 2015 que contrataron a la abogada Irma Yamileth López que pudieron reducir su condena al aceptar su culpabilidad. Los abogados lo convencieron de declararse culpable para lograr una rebaja de su pena. Lo condenaron a nueve años. Un grupo de fiscales —identificados más adelante en esta investigación— y su defensa, les ayudaron para que estuvieran el menor tiempo en prisión.
Hizo preliberación en 2018. Es decir que quedó en libertad condicional. Lo mismo pasó con el colombiano Rubén Pinilla Roldán. Desde 2018 cumplió medidas de ir a firmar al juzgado, no podía salir del país, no podía ir a lugares donde venden alcohol ni portar armas.
Debía pagar una multa de cinco mil lempiras y los pagó por error en Banadesa. “Esos cinco mil lempiras los perdí”, platicó.
Entonces, por su error, el sistema le permitió pagar la multa con trabajo comunitario en la alcaldía de La Iguala.
En 2023, Yester terminó de pagar su pena.
Yester estaba en las garras de un poderoso clan cuya cabeza era el presidente de la República, Juan Orlando Hernández Alvarado (JOH).
El terreno con marihuana y amapolas era del hermano del presidente y diputado Juan Antonio Hernández Alvarado. Apoyado por el director de Fiscales de Honduras, Rolando Argueta, jueces y oficiales de la policía como Constantino Zavala Laínez y jerarcas militares.
El colombiano que estaba con Yester esa madrugada, Rubén Pinilla Roldán, había salido en menos de una semana en 2013, mas esta vez su liberación por el narco laboratorio iría más lenta y sutil.
Colombiano con una baja escala de valores
Por su lado, Pinilla Roldan dijo al juzgado que viviría en La Iguala, pero al preguntar donde vive, la gente calla. A Pinilla Roldán no fue ni fácil ni posible encontrarlo. Por el contrario, es fácil llegar a la casa de Yester.
Los análisis de personalidad y socioeconómicos de Pinilla Roldan revelaron que es un hombre con una inteligencia promedio.
Proviene de un “núcleo familiar desintegrado, necesita aumentar y fortalecer su escala de valores”. Creció sin una figura de autoridad paterna y eso le provocó un conflicto con la figura de autoridad.
Es el último de cinco hermanos, hijos de una señora de 87 años de edad. A su padre no lo conoció. A los 18 años formó su primer hogar, tuvo tres hijos. Estuvo siete años con su primera pareja. A los 25 años conoció otra joven con la que tiene 13 años de convivir y tienen una hija.
“Emocionalmente es inmaduro, refleja poca coordinación entre sus pensamientos con su manera de actuar, actuando por conductas infantiles y precipitadas generando problemas. Presenta poca tolerancia a la frustración y al aburrimiento por lo que prefiere estar realizando actividades. Tiene rasgos de personalidad ansiosa y puede diferenciar lo bueno de lo malo”.
El 20 de septiembre de 2018, la Constancia de conducta 653-2018 dice que “ha demostrado buena conducta. En el penal aprende a elaborar hamacas, bolsos, decoración de jarrón. Actualmente trabaja en una pequeña cafetería de Juan Carlos García”. Le dieron esta constancia, a petición de su defensa, casualmente el 31 de julio de 2018. La misma fecha en que se cumplían cinco años desde que operadores judiciales corruptos lo dejaron libre junto a Roldán Jiménez.
Para reconstruir esta historia 11 años después y llegar a El Derrumbado se pasó primero por el centro de la Iguala.
Allí, el casco urbano parece una cuenca rodeada de montañas altas. Las calles están pavimentadas, tiene una alcaldía con un diseño moderno. Es diferente a los demás pueblos que tienen la iglesia en frente.
Acá la iglesia del Siglo XX más bien está de espaldas al edificio municipal.
Es muy común encontrar en las carreteras, jóvenes subidos en Buggys o cuatrimotos, parecidas a las que circulan por el pueblo de Los Valle Valle en Copán.
Además, niños y adolescentes se divierten en motos Pulsar NS 200. La motocicleta que no es para montaña y que tiene un costo de unos 75,000 lempiras, parece ser una moda entre los jóvenes de esta área rural. La motocicleta cuesta casi seis salarios mínimos de los que gana un obrero en la ciudad.
Los motociclistas viajan incesantes por la carretera. El paisaje recorrido por motociclistas es como si se viviera un deyavu, una cultura, una moda que se repite en ciertos municipios. Pasan con frecuencia y van dejando atrás los vehículos.
Al verlos, hacen pensar de nuevo en que así se ve alborotada por las motos la narcocarretera de Catacamas de los Amador, en Olancho, al nororiente; o las motos que recorren los terrenos de los Castillo en El Triunfo, Choluteca, al sur; o las motos en los dominios de los Valle Valle, en Copán, al occidente, pero acá es la Iguala, Lempira.
La Iguala es un pueblo con una envidiable ubicación con salidas hacia Copán-Guatemala, por occidente. También da acceso al norte y al centro del país.
Es una zona cafetalera por excelencia en Honduras con las mayores calificaciones en productividad del grano.
Se ubica cerca de Gracias, Lempira la tierra natal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado y de los hermanos Reyes, Samuel, Mario, Evelio, etc.
A muy pocos kilómetros, se llega también a Lepaera, Lempira, la cuna del ex presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta y cerca está también Santa Rosa de Copán.
Una cortina de bruma
La bruma de esa madrugada fue fotografiada por los operadores judiciales que participaron en la operación. La secuencia fotográfica, con fecha 31 de enero de 2014, consta en el informe 064 y 065-14. El reporte tiene el sello de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
Esta neblina se ha extendido a todo el caso. Son dos casos distintos enredados en uno solo. Los dos casos, uno de 2013 y otro de 2014, se han manejado cómo en un matorral de corrupción, mentiras y confusiones.
Todo esto fue descubierto cuando se revisaban archivos, para esta investigación periodística, en el Juzgado de Letras con Jurisdicción Nacional y en el Juzgado de Ejecución con Jurisdicción Nacional en la capital hondureña.
El resultado de la operación de 2013 fue: 1) miles de pinos cortados 2) Dos colombianos detenidos 3) el bufete de Tony Hernández Alvarado ayudando a los colombianos a salir libre 4) Tony Hernández Alvarado investigado por el crimen del policía Walter Levi Guerrero 5) Jueces, el policía Constantino Zavala Laínez y el director de fiscales Rolando Argueta (más tarde ungido como presidente de la Corte), denunciados por influir en el caso para liberar a los presuntos traficantes.
El resultado de la operación de 2014 fue: 1) el decomiso de más de 2713 plantas de marihuana y una escopeta calibre 20 marca Mossberg serie 577227 2) el jefe policial de investigación criminal, Leandro Osorio, destituido por el clan Hernández Alvarado, 3) una red de funcionarios moviendo una aceitada maquinaria para proteger al colombiano Rubén Pinilla Roldán, ligado al hermano del presidente de Honduras, Juan Antonio Hernández 4) fiscales que redujeron la calificación del delito para lograr una rebaja de la pena 5) La libertad de los acusados en solo cuatro años 6) Una conciliación con la Procuraduría General de la República 7) confusión en la prensa al enredar los dos casos como si se tratara de lo mismo. Era la misma red criminal, pero dos procesos penales distintos.
La primera vez, en 2013, no valieron ni las 73 plantas de supuesta marihuana ni las 2440 plantas en vivero de supuesta marihuana, en estado de germinación y los 4,000 pies tablares de madera de pino deforestados. Salieron libres en una semana gracias a la maquinaria judicial al servicio del diputado Juan Antonio Hernández Alvarado.
Y esta madrugada del 31 de enero de 2014, estaban otra vez acá impasibles sembrando droga en el cerro La Cumbre, de la Iguala, Lempira.
Lea mañana: Segunda entrega | La amapola no apareció en juicio
Descubre más desde Reporteros de Investigación
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.