Investigan asesinatos de periodistas sin visión de libertad de expresión

APES, la gremial salvadoreña, pidió investigar y esclarecer el crimen contra el periodista, ocurrido en Honduras, Javier Antonio Hércules Salinas, era originario de El Salvador. Tras el asesinato, su cuerpo fue llevado a la morgue de San Pedro Sula, al norte de Honduras.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La primera impresión al ver al jefe policial es que estaba sentado en un altar muy por arriba de una reportera que llegaba a su oficina. Al principio, parecía llenó de puertas, “unas cerradas y otras abiertas”, como canta Pedro Guerra.

Es común encontrar jefes policiales altivos. Lo excepcional es encontrar comandantes policiales humildes y serviciales con la gente más sencilla. Pero sí los hay.

El jefe policial Ángel Samir Rodríguez a medida avanzó la plática fue abriendo sus puertas. Terminó siendo amable. Prometió que, a más tardar la siguiente semana de esta conversación, podrían ejecutar capturas por el asesinato del periodista, Javier Antonio Hércules Salinas.

Ya pasaron dos meses desde entonces y no hay más noticias sobre el crimen contra el periodista. Más bien el subcomisionado Samir Rodríguez ya fue rotado de la jefatura de Santa Rosa de Copán.

Investigación reduccionista

Cuando transcurrían solo ocho días después de la muerte del periodista, las primeras pesquisas policiales de este crimen revelaron que no estaba relacionado con la libertad de expresión porque la prueba científica vincula el caso a un asunto particular.

No es culpa de una sola institución, es que la política de investigación criminal del país se niega a incluir protocolos de investigación ajustados a los criterios de estándares de derechos humanos.

Por eso los fiscales dirigen investigaciones de crímenes contra la prensa que se quedan cortas.

En ese sentido, la visión reduccionista de la investigación criminal de muerte de periodistas hace que siempre lleguen a las mismas conclusiones. De ahí que este sea un país de impunidades. Sin Derecho a la Verdad.

La consecuencia es que cada crimen, en este caso el de Hércules, se suma a más de cien impunes asesinatos de periodistas. El 100 por ciento de los autores intelectuales están impunes.

El estándar en delitos contra periodistas

Pasa lo mismo que en los crímenes contra las mujeres, si el caso no lleva visión de género o de libertad de expresión, el resultado será una investigación que en las primeras 72 horas dejará perder información valiosa para ampliar la mirada y comprender todo el contexto del crimen.

Como resultado, la prensa hondureña se desempeña en un ambiente cautivo e inseguro. Es todo lo contrario a lo que indica el estándar de seguridad para periodistas que reza que el periodismo se debe llevar a cabo en un “entorno libre y seguro para periodistas y trabajadoras/es de los medios de comunicación”.

Las Directrices para fiscales en casos relacionados con delitos contra periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) establecen que “al llevar a cabo una asesoría o supervisar una investigación relacionada con un presunto delito cometido contra un o una periodista, las y los fiscales debieran iniciar o recomendar la realización de un análisis de contexto que permita identificar el nexo entre el presunto delito y las actividades pasadas y presentes que la víctima realizaba en los medios de comunicación».

«Las y los fiscales podrían realizar o considerar la posibilidad de llevar a cabo un análisis más exhaustivo, en función de las consideraciones circunstanciales, la ocurrencia de delitos contra periodistas, los sistemas jurídicos y la legislación nacional”.

“Las investigaciones podrán así incluir el contexto completo del trabajo de la víctima en los medios de comunicación, los vínculos entre los diferentes grupos de personas relacionados con el trabajo de la víctima y las personas que posiblemente se beneficiaron del delito”.

“Este análisis de contexto debe realizarse en una etapa temprana del proceso de investigación para ayudar a identificar a las personas sospechosas y el móvil del delito».

«Todas las personas que hubieren participado en el presunto delito deberán ser identificadas, incluidas las que hubieren ordenado, ayudado, instigado, aconsejado o procurado el agravio. Cuando sean admisibles, esas pruebas deberán presentarse al tribunal como sustento del móvil del delito para efectos de la sentencia o para cualquier otro propósito legal”.

“La transparencia y la rendición de cuentas respecto a las decisiones que se tomen y al desarrollo de los procedimientos son fundamentales para garantizar los valores de justicia y equidad”, dice este estándar.

Nada de eso, se llevó a cabo en el caso de Hércules, tampoco en el caso del periodista Carlos Gilberto Aguirre, el levantamiento legal de su cadáver en Olancho ocurría mientras asesinaban a Hércules en Copán.

Ninguna de las autoridades abordadas, por ejemplo, analizaron o hablaron del contexto político o de crimen organizado que había esa noche. La forma en que el crimen organizado intimida, y a veces hasta captan a la fuerza, a periodistas en La Ceiba, Copán, Olancho o La Mosquitia, no debe pasar inadvertida al hacer este tipo de investigaciones.

Vea: Periodistas rehenes de la narcopolítica

Las autoridades no revelaron si hay información de inteligencia que indique si los crímenes están relacionados con el contexto político, electoral, etc. Lo cierto es que ambos casos, en menos de 24 horas, ocurrieron en dos departamentos situados en la ruta de la narcopolítica.

El contexto en el caso de Hércules es obligado porque además era beneficiario del Mecanismo de Protección de Periodistas.

La periodista Dina Meza desconfía de cualquier versión que quiera hacer ver este como un crimen particular porque eso lo repiten las autoridades en cada crimen contra la prensa, sin investigar de acuerdo con protocolos establecidos en el Estándar de Libertad de Expresión.

Meza, también defensora de derechos humanos y abogada, acompañó a Hércules al Mecanismo conoció las amenazas en su contra y la falta de respuesta estatal por eso para ella es difícil aceptar que quieran darle una mirada reduccionista al caso.

El crimen es investigado por una Fuerza de Tarea de investigación de Delitos Violentos, dependiente de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con 15 investigadores, informó el subinspector, Gerson Ramos, portavoz autorizado en la zona.

Es la misma Fuerza de Tarea que investiga el crimen contra el agente estadounidense Marciano Paisano, asignado a Palmerola.

Organismos internacionales de México y El Salvador han pedido el esclarecimiento. También se pronunció la Sociedad Interamericana de Prensa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Artículo 19, oenegé de Londrés, con sede en México para América Central, Reporteros Sin Fronteras, la Asociación de Periodistas de El Salvador, el Colegio de Periodista de Honduras, la Red Centroamericana de Periodistas y C-Libre. Todas esas organizaciones alzaron su voz para pedir investigación del caso.

Javier Hércules era salvadoreño, era un comunicador muy tranquilo hacía un periodismo imparcial, su taxi era su unidad móvil. Mezclaba su trabajo de comunicador con el de conductor de taxi.

Él contaba a sus amigos que había llegado a Santa Rosa de Copán a vender muebles, luego trabajó como cobrador y después conoció a un joven que le ayudó a entrar al medio de comunicación.

En sus reportes, Hércules se ve como un comunicador muy simpático, con enfoques que apuntan al desarrollo comunitario y ayuda para personas con necesidades.

El crimen ocurrió en Santa Rosa de Copán, la cabecera del departamento y considerada un municipio más pacífico que el resto de municipios de occidente.

La policía lo protegía

Él comentaba entre sus colegas que había sufrido un secuestro. Después de eso, el Mecanismo de Protección le dio la medida de enlace policial. Tenía monitoreo y visita de parte de su enlace policial.

El domingo no reportó al policía que lo cuidaba que trabajaría de madrugada. Generalmente, hablaba con enlace para acompañamiento en su trabajo en taxi, actividad que mezclaba con el periodismo, sin separar horarios.

Se constató que el periodista enviaba notas de agradecimiento a su enlace policial.

El subcomisionado Samir Rodríguez afirmó que una responsabilidad de la prensa, cuando tiene un enlace policial, mantenerse en constante comunicación y notificar sus movimientos.

Responsabilidad compartida

Los periodistas deben estar en plena comunicación con su enlace, es una obligación reportar si saldrán de la zona, tener percepción de riesgo para autoprotección y la obligación del enlace es monitorear, visita, reportar en Libro de Novedades. En la actualidad, hay tres periodistas más, en Copán, con medidas de protección

En un audio, Hércules aparece agradeciendo a su enlace policial porque siempre lo atendía.

Unos meses antes de este crimen, tuvo una denuncia por violencia de género y la policía acudió e incluso él llamó al enlace y fue a la zona, pero le explicaron que eran dos casos legales distintos, por un lado, su protección de parte del Mecanismo y por otro la acción policial por la denuncia en su contra.

Tenía una personalidad a veces controvertida y polémica, podía discutir o generar controversia por algunos temas y siempre acudía a interponer denuncias en la Policía. A veces podía ser desafiante.

Había denunciado destrucción de su equipo de trabajo, de un trípode y le consultaba a la policía que si tenían el nombre del sospechoso por qué no lo capturaban.

Una vez le quebraron piezas de un vehículo, podía tener polémica por problemas de fuentes, competencia. Denunció amenazas de un colega y decía que el colega se subió a su taxi y lo amenazó, pero el otro comunicador negó haberlo amenazado.

Para investigar su crimen, las autoridades debieran tomar en cuenta que los periodistas tienen la costumbre de denunciarse y descalificarse entre sí en esta zona del occidente de Honduras.

Tenía dos interseccionalidades era taxista y periodista. 

Amenazas

El Día del Periodista, el 25 de mayo, en medio de una celebración comentó que después de haber cubierto el accidente entre una motocicleta y una camioneta, lo estaban amenazando.

En el video de su cobertura y la entrevista que hace a una de las partes se ve su número y placa del taxi. Él interpuso esta denuncia en DPI.

Una de las personas que aparece en la cobertura inicialmente fue investigada por sus nexos y porque en la toma aparece una persona que el periodista percibió como sospechosa.

La madrugada del domingo 1 de junio, llamaron al 911 para reportar que había disparos al aire en la colonia y que había una persona sin vida.

El lugar donde lo mataron es una bajada, pavimentada, con poco alumbrado eléctrico, el sector es una colonia con puntos críticos, denuncias por robo, las casas son de concreto, están hacinadas, las calles están pavimentadas, hay que subir pequeñas callejuelas que apenas permiten el paso de dos vehículos y al salir por la parte más alta de la colonia se puede ir hacia Marcala, La Paz.

El portavoz policial, subinspector Gerson Ramos, explicó que el periodista era un hombre amable, respetuoso, colaborador. Una de sus hijas está en curso en Instituto Tecnológico Policial (ITP).

Hércules decía que le tocaba trabajar doble turno para darle todo lo necesario. Tenía una enfermedad de base.

“Hice un desayuno para convivir fuera del espacio de trabajo porque detrás del uniforme y del micrófono hay una persona”, dice el sub inspector y también periodista. Para él es impactante la muerte de su colega y por eso la policía ha puesto énfasis en hacer esta investigación y dar resultados, enfatizó.

“Éramos colegas compartíamos y dialogábamos diariamente. Este es un caso de impacto”.

El sub comisionado Samir Rodríguez explicó que están investigando, no se puede revelar el avance para no entorpecer las investigaciones, pero esperaban en los próximos días ejecutar acciones (capturas), aseguró.

Zonas silenciadas

En Copán, los periodistas tienen miedo. Hay un código secreto de no cubrir temas de crimen organizado.

En el canal donde laboraba dicen que tenía una relación estrecha con el alcalde de la zona, Aníbal Alvarado. Se intentó hablar con el alcalde pero informaron que estaba fuera de su oficina.

Al monitorear sus últimos reportes, se deduce que su labor periodística no estaba centrada tanto en lo político sino en el desarrollo comunitario. Trabajaba en el mismo canal con el periodista Danilo Osmaro Castellanos, en el medio digital A Todo Noticias, que opera a través de Facebook.

Tenía un hijo de cuatro años, una hija de 18 años y era un hombre con sueños y metas.

El periodista Osmaro Castellanos dijo en un programa especial que Santa Rosa de Copán se ha convertido en una zona cada vez con más actos de violencia y hay muertes de ciudadanos, taxistas y jóvenes. Y parte de ese riesgo se ha incrementado por la inmigración descontrolada.

Hércules hacía dos actividades de alto riesgo en Honduras, periodista y taxista.

Contrapunto informó, “Los restos del periodista Javier Antonio Hércules Salinas, de 51 años, que fue asesinado el pasado 1 de junio por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta, mientras conducía un taxi en Santa Rosa de Copán, en Honduras, fueron trasladados al departamento de Santa Ana, El Salvador”.

A pesar de estar bajo resguardo del Estado hondureño desde octubre de 2023, el comunicador fue atacado a plena luz del día, según denunció la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF). El Sistema Nacional de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (SNP) recibió su caso después de un intento de secuestro del que logró escapar ileso en 2023.

RSF calificó el crimen como una muestra alarmante de las fallas estructurales del sistema de protección en Honduras. En palabras de Artur Romeu, director para América Latina de la organización, “este crimen pone en evidencia la ineficacia del Sistema Nacional de Protección, la inercia del Estado frente a la violencia contra la prensa y las condiciones estructurales de impunidad”.

La organización exigió una investigación exhaustiva que esclarezca el caso y conduzca a los responsables ante la justicia, además de exhortar al gobierno a reforzar las garantías de seguridad para los trabajadores de los medios.

En los casos de crímenes contra la prensa, los funcionarios deben acostumbrase a actuar con transparencia y rendición de cuentas sobre los crímenes que investigan, acostumbrarse a decidir con supervisión ciudadana para garantizar justicia y equidad, como dice el estándar de investigación en casos de agresiones contra la prensa.