Periodistas de Honduras rehenes de la narcopolítica

Periodistas de Honduras rehenes de la narcopolítica

Capítulo 7

Serie Narcopolítica

El jefe de la bancada del Partido Libre, Carlos Zelaya, dijo que el narcotráfico en Honduras lo maneja la DEA.

“Esto impacta en los periodistas porque se vuelven parte del negocio o los matan; se vuelven parte o los callan. Otros se van del país, no los callan, ni lo compran, por eso tanta muerte de periodistas. Al cubrir se dan cuenta, escuchan, miran y se convierten en estorbo y por eso es que los matan”.

Defensora de DD. HH.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. “No hay manera de contar tanto dolor”, con esa frase en una nota final, el periodista mexicano Javier Valdez concluyó el libro Narco Periodismo, publicado en septiembre de 2016. Ocho meses más tarde, Valdez fue asesinado en Culiacán, la capital de Sinaloa.

En junio de 2021, la fiscalía mexicana logró la condena de alias El Quillo parte del Cártel de Sinaloa. La orden a los sicarios para asesinar al periodista salió de la facción que encabezaba Dámaso López, ‘El Licenciado’, y Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’, antiguos aliados de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán, informó el periódico La Jornada.

Dámaso López era, según los juicios de Nueva York, uno de los encargados del Cártel de Sinaloa para Honduras.  Las descripciones que Valdez hizo en su libro Narco Periodismo se parecen mucho a la forma en que el periodismo se ha tornado la mayoría de veces rehén y a veces en cómplice del narcotráfico en Honduras.

 

En occidente

Si el dolor y el olvido pudieran explicarse con una canción, seguramente, sería con la desolación de los primeros acordes de la guitarra de Andrés Calamaro cuando interpreta Sus ojos se cerraron.

 

 La cobertura del caso de un narcotraficante lo colocó en riesgo, tuvo que ir a dar explicaciones a la finca de los Valle Valle. Eso le salvó la vida. Entonces llamaron al jefe de sicarios El Muco y dejaron anulada la orden de matarlo.  Después de eso, lo invitaban a eventos, comidas, celebraciones que no podía rechazar porque de otra forma, los Valle Valle lo hubieran tomado como un desplante.

No fue un caso aislado, conocido para esta investigación y trabajado sin identidad por el riesgo del periodista, sino una práctica común para controlar a la prensa. Los reporteros tenían temor de caer en desgracia con ellos. Algunos recibían dinero en efectivo, en dólares.

La captura de Luis Valle generó un momento de peligro para la prensa de la zona. Luis mandó a un comunicador social —que ya asesinaron en el gobierno de Juan Orlando Hernández— a ofrecer dinero y a prohibir que se publicará. Le dio mil lempiras a cada persona que estaba dando cobertura periodística en el parque. La noticia tuvo como escenario la cabecera de Copán, Santa Rosa de Copán, pero no trascendió a nivel central. Nadie se atrevió a contarlo.

En esa época, la labor de los medios era utilizada para tener información de movimientos de la DEA, por medio de amenazas y dinero.

Es común entre la prensa de la zona escuchar la anécdota de El Muco que una vez llegó donde los Valle Valle a pedir una retroexcavadora porque estaba cansado de cavar a mano para enterrar los cadáveres o recordar con una sonrisa al sicario alias El Profesor porque regañaba a las víctimas y les explicaba por qué merecían la muerte.

Un periodista que se dedicaba a la cobertura de nota roja

En una oportunidad hubo una operación policial, el comunicador fue a dejarle a uno de los narcotraficantes todo lo que grabó ese día. El vídeo sirvió para identificar a los policías y luego, a los agentes los mataron.  Fue igual por muchos años. Nada cambió hasta que atraparon a los Valle Valle.

Los Valle Valle no eran simples narcotraficantes, fueron socios del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, traficaban bajo común acuerdo con el alcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón, del Partido Nacional, mientras a ellos, se les conocía como parte del Partido Liberal.

Entre 2003 y 2007, seis periodistas fueron asesinados en Copán. El primer periodista de la escalada de más de 80 crímenes ocurridos entre 2003 y 2020, en Honduras, fue asesinado en Santa Rosa de Copán, la cabecera de la provincia.

El día miércoles 26 de noviembre del 2003, a eso de las 6: 25 de la noche fue asesinado de un disparo en la cabeza, German Antonio Rivas, de 45 años.

Antes del crimen en su contra Rivas había hecho reportajes, a través de la televisora en la que trabajaba, para reportar los daños de una minería, también reveló la infiltración que había en el Estado por parte de bandas implicadas en tráfico de ganado y colusión policial.

Una fuente de Copán aseguró 18 años después del crimen que luego de matar a German se habrían refugiado en la Policía. El parte policial justificó la muerte como «un crimen pasional» (El mismo modo de operar del caso Berta Cáceres y del crimen contra Julián Arístides Gonzáles). El asesinato sigue en la impunidad.

En Copán incluso hablan de que Magdaleno Meza o Nery Sanabria pagaba dinero para que los radares no detectaran la droga y que en las narco libretas, que aportan evidencia contra el expresidente de Honduras, también consta que supuestamente los narcotraficantes de Copán habrían financiado un canal de importante audiencia en el país, pero no hay más certidumbre que este testimonio y Meza fue asesinado en la cárcel.

 Costa Atlántica

En la zona atlántica, uno de los directivos gremiales pone como condición para hablar, el anonimato. En este lugar el narcotráfico decide qué sale publicado en los medios y qué callar. La orden es ante todo para los medios de cobertura nacional y el mensaje llega a través de otros colegas o de las mismas autoridades.

El periodista cuenta cómo recibió amenazas de otro colega. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) se interesó en conocer si había colusión entre este comunicador y la banda criminal que mandó la advertencia.

En Atlántida han asesinado a ocho periodistas.

En su momento, con Los Cachiros la prensa se vinculaba directamente con ellos y había relación por medio de la cobertura deportiva. Los periodistas de La Ceiba y Yoro viajaban a Colón y recibían viáticos de Los Cachiros, cuentan los comunicadores en tertulias.

Hasta 2021, en Atlántida, había bajado el lavado de activos y el tráfico de drogas seguía vigente en La Ceiba, la cabecera del departamento. Continuaban operando las mismas estructuras políticas tradicionales, lo que cambió es que fueron desplazadas las bandas que eran muy evidentes. Los Grillos llegaron a amenazar periodistas. Esta banda fue eliminada.

Ahora hay más presencia de la Mara Salvatrucha que opera en todo el oeste, mientras la 18 está en el sur. 

Zona norte

Los que no se alinean, se mueren…

Pareciera ser una consigna, pero la realidad ante todo en las comunidades rurales del país es que a los periodistas los amenazas, hieren y asesinan. San Pedro Sula y Puerto Cortés, en el departamento de Cortés son los municipios con más periodistas asesinados.  En Choloma, el caso del periodista Alex Sabillón es emblemático porque alrededor de su denuncia por supuestos actos de corrupción en la municipalidad, hubo al menos ocho muertes, relata un informe presentado a nivel internacional y facilitado a RI.

Este informe detalla que Alex Sabillón siempre fue un periodista crítico del alcalde Leopoldo Crivelli. El informe describe que “fue presentador y reportero del noticiero «Hechos de Choloma» que se transmitía por Multicanal. Como periodista, cubría las denuncias hechas por varias personas en el caso de Aguas de Choloma. A partir del 2011, y directamente vinculado con su trabajo periodístico, empieza a recibir amenazas”.

Salió de Choloma. Tuvo que salir del país. Entre 2011 a 2014, la oenegé Comité por la Libre Expresión registró unas 11 agresiones en contra de Sabillón, ocurridas en la ciudad de Choloma. 

Como resultado, le asignan a Sabillón protección policial. “El 12 de Febrero del 2014 el agente asignado, Nelson Eduardo Espinal Lagos, fue asesinado a pocos pasos de la posta de Choloma cuando venía de la casa de Alex Sabillón. Luego llegó un desconocido a la casa de Alex aconsejándolo que abandone la cuidad porque le habían pagado 50,000 Lempiras por matarlo. A este individuo, de nombre desconocido pero que residía en la San Rafael, ya lo mataron. Sabillón acudió en no menos de siete ocasiones a las autoridades buscando la investigación de las amenazas en su contra”. Las peticiones de Sabillón no tuvieron respuesta, finalmente salió del país para salvar su vida.

Al oriente de Honduras

En Colón la tierra de Los Cachiros. entre 2003 y 2020, dos periodistas fueron asesinados. En 2009 fue asesinado Nahúm Palacios.

Cejil informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocerá el caso de Nahúm Palacios.

El relato de Cejil ante la CIDH revela que:
El 29 de junio, un día después del golpe de Estado, Palacios recibió amenazas del entonces Comandante de la base naval de Puerto Castilla, el capitán Héctor Manuel Tercero, para que desistiera
de su labor periodística y cesara las transmisiones de la Televisora y de Radio Tocoa. Esa misma noche, las instalaciones de estos medios fueron allanadas ilegalmente por miembros del ejército y al día siguiente, su personal fue detenido y trasladado a la base naval.

Palacios estuvo detenido por varias horas, en las cuales fue sometido un interrogatorio ilegal, agresiones verbales, hostigamiento y amenazas. Previo a ser liberado, fue apercibido de que si continuaba con su línea editorial, tendría que asumir consecuencias. Ocho meses después, en marzo de 2010, Nahúm Palacios y su esposa, Yorleni Sánchez, fueron atacados en las afueras de su casa, por un grupo de personas fuertemente armadas con fusiles de asalto. Nahúm murió en el momento y Yorleni, días después.

Las investigaciones sobre el asesinato han sido deficientes, con errores en la cadena de custodia de pruebas y pocos o nulos esfuerzos para dar con los responsables.

En los 78 asesinatos, cometidos por Los Cachiros, Devis Maradiaga, mencionó a su testimonio que mató a Nahúm Palacios y también al periodista Aníbal Barrow.

El crimen contra Barrow se prolongó durante varios días porque promocionaban por los medios la forma en que buscaban su cuerpo mediante acciones policiales televisadas y lo encontraron desmembrado en una laguna al norte de Honduras, en el departamento de Cortés. Las investigaciones posteriores determinaron que lo secuestraron y mataron la misma noche, después lo descuartizaron y lo lanzaron a una laguna con lagartos.

La Mosquitia, Gracias a Dios, es un punto álgido para la narco política en Honduras. Un simple comunicado, una imagen puede significar la muerte. Con la crisis política, la presión para la prensa se convierte además en presión del crimen organizado. Dar más detalles para la prensa es peligroso. En 2019 un periodista y su esposa fueron asesinados.

Los mataron por un comunicado, creían que ellos lo habían difundido, dijo una fuente. La regla en La Mosquitia es la autocensura para preservar la vida.

En la zona central y en el sur

Al sur del territorio, la narco política es un tema tabú. Los comunicadores conocen los nombres y apellidos de las personas implicadas en el tema. Al impune asesinato de dos comunicadores al sur del país se suma la autocensura.

En la capital de Honduras, el mandatario hondureño señalado por narcotráfico subvencionó los medios de comunicación masivos con publicidad oficial y con una ley que autorizó la exoneración de impuestos a cambio de publicidad. Eso sumado a la cultura de soborno facilitó el control de los medios de comunicación.

En su segundo mandato, los medios se volcaron en críticas constantes contra el mandatario.

“Está operando en su último mandato cada vez con más oposición de empresarios, dueños de medios de comunicación, periodistas de renombre, por eso el interés de promover el caso Hermes para presionarlos. A los periodistas no solos los acusan por el caso Hermes, en algunos casos les falsificaron firmas de casos que supuestamente les dieron. Con la inteligencia estatal realiza vigilancia electrónica y chantaje para opositores, dueños de medios, alcaldes”, dijo en 2021 una fuente policial.

Narcopolítica y libertad de expresión

 La narco política instaló la violencia estatal para reprimir la protesta ciudadana contra la política extractivista. 

 

Un importante obstáculo para el narcoestado es tener población organizada. Las comunidades indígenas, son las que presentan más eficaz resistencia, por eso es muy común que las organizaciones de sociedad civil estén infiltradas o intervenidas.

Las operaciones terminan con paralelas dividiendo las organizaciones en el mejor de los casos o con conflictos internos de las personas que han sido víctimas de operaciones sicológicas militares.

En 2021, se documentaron casos de personas que se acercaron a directoras y directores de organizaciones para entablar un romance y terminaron dividiendo el tejido de sociedad civil.

Es como si el movimiento social estuviera sometido a operaciones permanentes de infiltración.

El crimen contra Berta Cáceres dio a entender la penetración de militares que se acercaron a ella con el fin de vigilarla y planificar actividades de represión en su contra y en contra de la organización. Las agresiones, criminalización y conflictos provocados aumentaron en los días cercanos al crimen en su contra.

La lucha ambiental, territorial, el militarismo y narcotráfico se juntan en el panorama de violaciones a derechos humanos. Las cruentas violaciones son justificadas bajo la necesidad del modelo extractivista para lograr desarrollo a costa de la concesión de los recursos naturales de pueblos indígenas y campesinos, a espalda de la comunidad.

Las comunidades se oponen, un ejemplo es Guapinol, utilizan institucionalidad que no reacciona a su favor, las comunidades al ver que no reaccionan a sus denuncias protestan y la respuesta es violencia estatal y criminalización contra las personas defensoras.

El doctor Joaquín Mejía encuentra en esta lógica tres pasos que forman parte del patrón de operaciones:

Primer paso: Creación del enemigo, terrorista comunista, contra el desarrollo. Eso mismo pasó en los sesenta, ochenta.

Segundo paso: amenazas, hostigamiento, intimidaciones.

Tercera etapa: utilización de fuerzas policías y militares con empresas para reprimir y dar lección con derecho penal, criminalización, de ahí surgen casos como Guapinol, Reitoca, los asesinatos de Berta Cáceres, Margarita Murillo, contra garífunas y tolupanes.

Utilizan figuras penales contra defensores como sedición, usurpación, asociación ilícita, jurisdicciones nacionales, justicia selectiva, por ejemplo, a quienes se asociaron para matar a Berta no los acusaron de asociación ilícita, pero sí a los campesinos de Guapinol. Luego la última etapa es la muerte. 

Berta Oliva, directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) cree que el gobierno anterior tenía inteligencia fina y además era capaz de borrar evidencias como sea, esto generó miedo para la defensa de Derechos Humanos.

El narcotráfico perfeccionó, afinó sus formas de represión, antes los mataban tal es el caso de Carlos Luna, Escaleras, Kawas, pero ahora la perfección porque el interés es lavado de activos con industria renovable, no quieren dar imagen de asesinato sino que utilizan la institucionalidad.

 “El Golpe de Estado fue el punto de quiebre, antes lo sabíamos, mirábamos la alcantarilla, sabíamos la podredumbre, se destapó y podemos ver en carne viva las ratas, la mierda y vemos con toda crudeza penetración de narco dictadura en toda la institucionalidad y pueden definir elecciones, lo vimos en las elecciones primarias en Yoro”, dice Joaquín Mejía.

La peor parte es para la defensa de derechos humanos porque hay asesinados, encarcelados, judicializados y desplazados, por ejemplo, en la lucha por el rio en Reitoca allanan supuestamente con legalidad en un Estado ilegal que robó los sellos del Estado de Honduras con apoyo internacional.

El allanamiento fue a las 5 de la mañana, los capturaron, los someten a juicios y para parecer que son buenos, los dejan con medidas sustitutivas, pero los expulsan del territorio, hay cinco familias desplazadas.

Abusos de la DEA

Las policías de Honduras son vistas con resquemor y percibidas como antagonistas de los derechos humanos. A las policías locales hay que sumar a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

El jefe de la bancada legislativa del partido Libre, Carlos Zelaya, sostuvo el 28 de junio de 2021 en entrevista con RI que el tráfico de drogas en Honduras lo maneja la DEA.

Otros analistas con acceso a información prefieren pensar que la DEA en Honduras tiene un papel de control de drogas porque un día sin cocaína en Estados Unidos sería un problema de salud pública.

En los últimos años la DEA ha estado cada vez más presente en Honduras. No es muy claro el papel que ha jugado con Juan Orlando Hernández, pero al hacer el recuento, esta agencia ha detenido y debilitado a todos los narcotraficantes que le estorbaban al mandatario, incluso a su hermano, Juan Antonio Hernández.

“Hilda viva o muerta que no sabemos si está viva, es producto de la negociación, si movió también es parte de eso o se generó para que no lo toquen o para obligar a negociar al hermano», cuenta la defensora de derechos humanos.

El caso más conocido de abuso militar de la DEA fue la contratación de mercenarios para operar en La Mosquitia. El resultado fue una masacre en Ahuas.

En un inicio, el caso fue procurado por Cofadeh, pero las operaciones de desestabilización no se hicieron esperar. Utilizaron diferentes tácticas para obstaculizar las investigaciones, hubo intimidación, amenazas a muerte. El caso iba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de varias estrategias para frenar el seguimiento, la familia de las víctimas le quitó la representación al Cofadeh, según la versión oficial.

Violaciones a derechos humanos en distintos ámbitos:

  • En el Aguán, el narcotráfico está infiltrado aun en el movimiento campesino.
  • Los narcotraficantes han venido manejando los centros penales
  • En las cárceles vienen protestando por la pésima alimentación, falta de atención, comida en mal estado.
  • Hay una estrategia para remilitarizar la policía, una campaña de desprestigio sostenida por las fuerzas castrenses en contra de la policía.
  • Al menos cinco fuentes distintas alegan que la intención es desprestigiar a la policía cometiendo crímenes con falsos uniformes, con la campaña de una falsa depuración.
  • El encostalamiento de personas y los crímenes con uniforme policial son parte de esta estrategia.
  • Las policías como la ATIC, FNAMP, etc. fueron un brazo armado del gobierno pasado para vigilancia, espionaje, crímenes y control de la ciudadanía.
  • Las cárceles de máxima seguridad son drenaje para lavar dinero y narcotráfico, con gente bajo control.

Serie completa

Tierra de sangre

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