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El informe final de juristas será publicado en el primer trimestre del 2026.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Este dato alarmante es parte de los hallazgos de juristas internacionales en sus indagaciones sobre la criminalización y despojo territorial de comunidades indígenas y campesinas en el país.
Es una realidad que coloca en un grave riesgo a los espacios rodeados de árboles, tierras fértiles y el cantar de las aves, sinónimo de poblado indígena; un espacio vital, sagrado e intrínsecamente ligado a una existencia espiritual, social y cultural, donde se establece una relación de respeto, reciprocidad y uso no destructivo de los recursos.
Los nueve pueblos indígenas que sobreviven, desarrollaron un profundo conocimiento ancestral sobre la biodiversidad y la gestión sostenible que les permite conservar el suelo, el agua y los recursos naturales, a la vez que adaptan sus prácticas a los desafíos del cambio climático.
Los pueblos indígenas se ven a sí mismos como parte de la naturaleza, no como entidades separadas de ella, esta característica les hace ser un grupo poblacional de mucha importancia, que pone en alto el país por su importancia y seguir parte del legado de los aborígenes, que nos defendieron nuestro territorio contra el saqueo, por parte de los conquistadores españoles.
Las extensiones territoriales donde habitan nuestros compañeros no es solo un lugar físico, sino un espacio que alberga su historia, su cultura, su espiritualidad y sus recursos alimenticios.
En Honduras la criminalización de los pueblos indígenas está marcada por la violencia, derivada de la defensa de la tierra y el territorio.
La discriminación, la falta de acceso a la justicia y la impunidad de los actos ilícitos engloban una dificultad seria para estas poblaciones sensibles.
Esto se traduce en un considerable número de asesinatos de defensores ambientales y de tierras, seguido del despojo de sus territorios por parte de grupos con interés en la explotación de recursos naturales, quienes buscan sus ganancias a costa de las mismas.
Estas acciones de extractivismo tienen impactos ambientales y territoriales devastadores para los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y la población campesina que habita en los territorios.
Los grupos poderosos afectan estas convivencias sanas de los grupos que solamente defienden su forma de convivencia sin hacerle daño a nadie, pero que sus recursos son valiosos para quienes buscan enriquecerse con los bienes naturales ancestrales.
Las acciones de avaricia despertaron en un equipo de juristas internacionales la motivación para realizar una misión de investigación en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Cortés y Colón donde sostuvo encuentros con comunidades indígenas y campesinas, movimientos sociales y sus representantes legales.
Este equipo también se reunió con autoridades gubernamentales, el Ministerio Público, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el cuerpo diplomático, con el propósito de analizar las causas estructurales del despojo de tierras y los desalojos.
Esta situación se agravó con el Decreto 93 del 2021, que permite desalojos inconstitucionales tal como lo resolvió la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, el Decreto sigue vigente.
En conferencia de Prensa, el equipo de juristas, con representación de varios países, informó que las comunidades y personas defensoras de derechos humanos continúan siendo criminalizadas por reivindicar sus tierras y territorios y por oponerse a megaproyectos.
Asimismo, varias comunidades fueron desplazadas mediante actos de extrema violencia, incluyendo asesinatos, cometidos por redes conformadas por empresarios y el crimen organizado que actúan con la participación directa o aquiescencia del Estado, en un contexto de sistemática impunidad.
Garífunas violentados
Criticaron al Estado por continuar incumpliendo las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como la OACNUDH y la Comisión Interamericana en esta materia, y desacatando las sentencias de la Corte Interamericana en favor de las comunidades Triunfo de La Cruz, Punta Piedra y San Juan, del pueblo garífuna.
Sobre los asesinatos y otros hechos de violencia observados, el criminalista Omar Gómez Trejo puntualizó que “Los hechos de violencia, en especial los asesinatos de Berta Cáceres y Juan López, reflejan un patrón de sistematicidad en contra de las personas defensoras del territorio».
Para el criminalista, el interés de las estructuras de poder es, que los megaproyectos extractivos y agroindustriales se ejecuten sin importar la vida. El objetivo es que el río y la mina se exploten y la palma se siembre.
Acciones penales contra comunidades indígenas
En relación con el uso generalizado de la vía penal contra comunidades indígenas, campesinas y personas defensoras de derechos humanos para abordar la conflictividad agraria es otro tema que es muy crítico en el país.
El experto en derechos humanos Daniel Lopes Cerqueira manifiesta que Honduras es uno de los pocos países de la región en donde la vía penal, y no la civil o agraria, es empleada para desalojar a comunidades indígenas y campesinas de sus tierras, sin que la autoridad judicial ejerza un control sobre la validez del título de propiedad que sustenta los desalojos. Esta práctica es contraria a sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Crimen organizado en territorios indígenas
Para el experto en la materia, Honduras es un foco rojo, uno de los países que más criminalizan, donde las comunidades campesinas, pueblos indígenas y el pueblo garífuna han sufrido hechos de violencia sin precedentes.
Cerqueira manifestó que se puede percibir cada vez más clara en territorios indígenas presencia del crimen organizado, que actúan de manera coordinada muchas veces con empresas y bajo la tolerancia de las autoridades estatales, sobre todo a nivel más local; criterio que afianzó poniendo el ejemplo del Bajo Aguán.
Lamentó que estas decisiones estatales ponen a esas comunidades en una situación de riesgo a tal punto que Honduras es uno de los países con más personas defensoras del territorio asesinadas en escala mundial.
Empresas agroindustriales, extractivas y de energía
Por su parte, para el abordaje sobre el rol de las empresas agroindustriales, extractivas y de energía se hizo con la abogada Camila Zapata Besso, abogada especializada en derecho internacional.
“Se ha reportado la participación y el financiamiento de algunas empresas en megaproyectos que carecerían de estudios socioambientales y consentimiento libre, previo e informado. Proyectos que han resultado en daños ambientales y en violaciones a derechos humanos, sin que esas empresas cumplan con la debida diligencia exigida por la normativa internacional”, criticó.
“Nos asombró ver comunidades en situaciones muy vulnerables, viviendo en la extrema pobreza, incluyendo niños muy chiquitos y la extrema pobreza causada por el desalojo, porque los arranca de la tierra que les da de comer”, lamentó.
Externó que es preocupante que la tierra que los apoya económicamente, en la que siembran cosechas, tienen viviendas, después de desalojos quedan con cosechas, con las viviendas quemadas, arruinadas, en situaciones de extrema vulnerabilidad.
La abogada de Derechos Humanos afirmó que, en las reuniones con autoridades gubernamentales, hay voluntad política de cumplir con derechos humanos y ha habido algunos avances positivos, pero el problema es que en Honduras estos temas son tan sistemáticos y fundamentales que requieren una respuesta fundamental a fondo.
Desalojos provocan graves impactos psicosociales
Con respecto a los efectos de los desalojos, la experta en derechos de los pueblos indígenas Isabel Madariaga Cuneo enfatizó que además del efecto en el derecho de propiedad comunitaria, los desalojos o la persistente amenaza de éstos, implican graves impactos psicosociales en las familias que conforman las comunidades indígenas, garífunas y campesinas. Zozobra permanente y falta de acceso a la alimentación, a la educación, a la vivienda, al agua, son solo algunos de los daños que estos procesos de desalojos arbitrarios e inconstitucionales generan.
La delegación que hizo este trabajo insitu observó que las causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas y garífunas se mantienen e incluso se han agravado en los últimos años.
La seguridad jurídica y la protección de sus tierras y territorios son una condición fundamental para resolver esta grave situación de conflictividad.
El equipo fue invitado por el Bufete Justicia para los Pueblos y las Brigadas Internacionales de Paz (PBI).
Con nuevo decreto los desalojos no necesitan control de ningún funcionario público
Edy Tabora, Director del Bufete Justicia para los Pueblos, dijo, es muy importante colocar públicamente lo que está ocurriendo con muchas comunidades en Honduras.
El reconocido abogado defensor hace referencia que esta situación de criminalización que no es nueva, ha venido desde hace mucho tiempo utilizando siempre la figura de usurpación.
Para el abogado, es sumamente grave la aprobación del decreto 93-2021 en octubre de 2021, que agrava los tipos penales de usurpación que incorpora nuevas acciones de criminalización.
“Toda ocupación que tenga 10, 20, 30, 100 años de ser utilizada por parte de las comunidades puede ser desalojado porque incorporaron un elemento que se llama el delito de usurpación, como delito permanente”.
Agregó que con este artículo, el Ministerio Público puede acusar a las personas, por el delito de usurpación. Además, incorpora los desalojos preventivos que no necesitan control de ningún funcionario público.
Explicó que para ejecutar desalojos lo único que tienen que presentar los empresarios, los terratenientes es una denuncia y una escritura pública.
Hay casos donde las personas están condenadas a seis años de reclusión.
En Potrerillos Siguatepeque, 11 personas están condenada a 6 años de reclusión, un caso que está en la Sala de lo Penal de la Corte Suprema.
“La criminalización es una estrategia para el despojo, una situación crítica de falta de protección del Estado. A través de la Dirección de Protección a Personas en Desplazamiento Interno, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos, no hay ninguna respuesta para la protección de las comunidades”, criticó.
Este decreto ha sido impugnado por organizaciones de mujeres, por organizaciones campesinas, por organizaciones territoriales y la Sala de lo Constitucional, después de un año de presentados no les ha dado trámite.
El nuevo Congreso Nacional, que entró en enero del año 2022, se comprometió a darle trámite a través de la junta directiva, conformada por diferentes diputados del partido gobierno.
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