Gracias a la organización Artículo 19 por apoyar a Reporterosdeinvestigación.com con esta valoración comparativa sobre la situación de la prensa en México y en Honduras.

Hacia la Construcción de una Democracia

Por: Itzia Miravete

Honduras al igual que México, es uno de los países latinoamericanos que desde hace casi 10 años atraviesa una fuerte crisis de violencia y violaciones graves a derechos humanos, sin que los gobiernos asuman las responsabilidades dispuestas en diversos tratados internacionales y convenciones para reconocer el derecho a la verdad y el derecho de las víctimas a saber.

Como en cualquier país con un contexto similar, el debilitamiento de la democracia, el Estado de derecho y la impartición de justicia son condiciones que vulneran y mantienen en estado de indefensión a su población. Si bien, la violencia de ninguna forma puede considerarse unidimensional, la falta de actuación de los gobiernos en el acceso a la justicia, el acceso a la información, la consulta para el reconocimiento de los problemas públicos y la creación de mecanismos que aporten a la rendición de cuentas gubernamental, sugieren un compromiso limitado que omite una de las funciones primordiales de la creación del Estado democrático de derecho y por el cual éste tiene el uso exclusivo de la fuerza como mandato constitucional: la seguridad y el orden públicos.

No es estéril recordar que uno de los pilares trascendentales de cualquier sistema democrático es la libertad de expresión que incluye el derecho a manifestar opiniones sin interferencias y a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El asesinato de periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores en cualquier región del mundo vulnera directamente a la sociedad y debe ponderar el diseño de políticas integrales de protección a quienes por medio de su oficio o vocación quieran realizar esté ardua y peligrosa tarea en la región.

En Honduras, desde el año 2003 a julio del actual y de acuerdo con información documentada por la organización C-Libre, han sido asesinadas y asesinados 68 periodistas, reconociendo que el año 2015 fue el más violento con la atroz cifra de 12 periodistas asesinados.

Cómo reflejo, en México, la exposición a los feminicidios, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, el desplazamiento o cualquier tipo de agresión, no sólo es cometida por la delincuencia organizada, sino por agentes del propio Estado. De acuerdo con las cifras publicadas por ARTICLE19, organización internacional defensora del derecho humano a la libertad de expresión y de información, tan sólo del año 2000 a julio de 2017 se han asesinado a 108 periodistas; los últimos ocho asesinatos en este año, incluyendo al periodista hondureño, Edwin Rivera, quién fue desplazado de manera forzada a causa de amenazas.

Si bien México, un país que no está en guerra, no deja de ser el lugar más peligroso para ejercer la prensa en Latinoamérica y el impacto de callar las voces de periodistas que diariamente denuncian una realidad con la que ya nadie quiere seguir viviendo es inimaginable, en términos de la construcción y fortalecimiento de una democracia endeble, imaginar la magnitud de daño en Honduras es escalofriante.

Cuando un periodista es asesinado por el ejercicio de su libertad de expresión, se convierte en un ataque contra la sociedad en general al impedir que estas tengan acceso a la información. En este punto no debemos olvidar algo: la información es poder y es lo que nos permite exigir el cumplimiento de las obligaciones internacionales y nacionales que los Estados contraen para garantizar una vida digna para la población. ¿Cuál es el impacto en la democracia hondureña, cuya población es 15 veces menor a la de México, de coartar el derecho a la libertad de expresión de 68 periodistas y el derecho a la información del resto de la sociedad?

Además de los asesinatos, hay que sumar el resto de agresiones, tales como amenazas, violencia institucional, bloqueos informativos, lesiones, desapariciones, desplazamientos forzados, entre muchas otras que han documentado organizaciones y organismos locales e internacionales y que de igual manera generan autocensura y limitan que la prensa informe de manera libre.

Por ello desde ARTICLE19 Oficina para México y Centroamérica hacemos un llamado a las autoridades hondureñas a saldar la deuda con la sociedad y generar políticas públicas que garanticen de manera integral el derecho a la libertad de expresión e información, así como esquemas de protección y prevención reales, incluyendo el combate a la impunidad, para la prensa y medios ante agresiones físicas y digitales por parte de servidores públicos y particulares. La sociedad ha tolerado por muchos años demasiadas injusticias y sólo a través de proteger, promover, respetar y garantizar estos derechos, pilares de la democracia, se podrá avanzar en su historia hacia un camino donde las personan puedan acceder a una vida digna y libre de violencia. #NoNosVamosACallar