Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación
Cada día crece la cifra de denuncias de infiltración de cuerpos de seguridad, o de grupos utilizados por ellos, para ejercer violencia, dentro de la protesta social hondureña. Con la opinión pública en contra, al gobierno signado por narcoactividad no le queda nada más que utilizar armas químicas de manera excesiva y meterse para acelerar desde adentro el final de la dinámica de los grupos que protestan, al tiempo que lo hace para desprestigiar la protesta ante la opinión pública nacional e internacional.
Eso les ayuda no solo porque distraen la atención sobre el endeudamiento externo e interno, los negocios aprobados y la deficiencia de otras políticas públicas, sino porque pueden estigmatizar a quienes protestan, luego criminalizarlos y que la gente diga «esta bueno que les pase por violentos» o en el peor de los casos, la estrategia es un camino para el asesinato de manifestantes, tal como ha venido ocurriendo.
De manera simultánea, toman el control de los medios de comunicación para justificar su imagen internacional.
Se trata de una especie de firma criminal desde el Estado, que se ha ido perfeccionando desde que quemaron buses, una coyuntura que les sirvió para aprobar la figura de terrorismo y que se afinó en el proceso electoral de 2017. Esta firma, sellada con fuego, se va mostrando de manera más diáfana a medida arrecia la protesta pública.
Los hombres de civil que llegan armados a las protestas, los grupos de hasta 30 hombres que aparecen de la nada y empiezan a lanzar consignas, que lo hacen sobre todo en la noches y que van directamente a confrontar a la autoridad para provocar que lance gas lacrimógeno, los grupos de encapuchados que rompen muros, quiebran vidrios tiran fuego, sacan piedras de los adoquines de la ciudad, con herramientas que sacan de manera inexplicable dentro de la protesta frente a la mirada impasible de la policía y las múltiples fotografías de policías reunidos en una postura corporal de autoridad de frente a encapuchados, evidencian que Honduras hay una operación sútil para mellar la protesta desde adentro.
Todo eso ocurre tras bambalinas, hay que cubrir desde el lugar de los hechos las manifestaciones y observarlo con paciencia y tiempo para descubrirlo, de lo contrario, una simple mirada dejará la misma percepción de que hay protestas violentas sin conocer a fondo las dinámicas de los sucesos. Por eso es que es necesario que observadores nacionales e internacionales no solo vayan al lugar de los hechos sino que recopilen evidencias.
Desde que Los Indignados -el primer movimiento de protesta contra la corrupción- salieron a las calles, en mayo de 2015, ha habido una ola de asesinatos contra sus miembros, pero además se ha visto cómo la violencia ha servido para disminuir la cantidad de personas que asisten a protestar. Un ejemplo de esto es el asesinato del abogado Kevin Ferrera en 2016, uno de los organizadores y apoderado legal de Miguel Briceño, también precursor de este movimiento.
En 2017 con el denominado fraude electoral, confluía información con amenazas falsas y convocatorias contradictorias en redes sociales, sumado a una ola de saqueos, quemas de automóviles, acusaciones para personas del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), tal es la acusación para Eduardo Urbina que estaba fuera del país cuando lo señalaron de quemar un vehículo; la aparición repentina de grupos violentos que desaparecían cuando había habido represión y que los demás manifestantes y los líderes decían no identificar, hubo destrucción de bienes públicos frente a la policía nacional y en otros casos, un sospechoso retiro de fuerzas de seguridad en los lugares destruidos o saqueados.
Otro elemento importante ha sido, focalizar el ataque con golpes o bombas lacrimógenas contra corresponsales de prensa internacional, periodistas hondureños que no son controlados con pauta publicitaria y ataques selectivos contra defensoras y defensores de derechos humanos antes, durante o después de las protestas.
A Honduras le falta un año para acudir al Examen Periódico Universal (EPU), así que es útil para el gobierno deslegitimar la protesta ante las y los ciudadanos hondureños y las élites temerosas que no están en el lugar de los hechos y que aún están ambiguas respecto a qué postura tomar en torno a Juan Orlando Hernández porque todavía les venden la idea de que detrás de todo está Manuel Zelaya Rosales generando el caos social para desestabilizar el país, sin tener información precisa del real descontento, pero además ante los observadores que están en el país como la OACNUDH, cooperantes, Comisionado Nacional de Derechos Humanos, les crean una percepción equivocada.
En 2015, en el más reciente EPU Honduras recibió como recomendación: «Tomar todas las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, incluso asegurando que los periodistas y miembros de la oposición política son capaces de expresar sus opiniones sin miedo a la intimidación, y por investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia dirigida a los periodistas».
Sin duda, en el EPU la versión estatal será que los agentes han podido arrestar a personas que protestaron porque no se han manifestando en forma pacífica y legal y que han interferido con los derechos o libertades de otros, «entonces los agentes pueden tomar medidas para prevenirlas, siempre y cuando dicha conducta instigue o provoque violencia, no bastando un mero desorden», dice la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Eso explica por qué para el gobierno es una ventaja que la protesta sea percibida como altamente violenta.
La pericia técnica de la ministra de derechos humanos, Karla Cuevas, que no ha salido para proteger a los manifestantes, pero que sí activa en pro del presidente hondureño, puede servir para justificar el papel del Estado en el marco de la protestas.
En todo este contexto, Honduras parece tener una política de violencia de Estado contra la protesta y de aplicación de leyes de seguridad o penales que bien podría compararse a lo sufrido en Corea del Norte, descrito en el Caso Tae-Hoon Park c. República de Corea, Decisión del 3 de noviembre de 1998, disponible en http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/. Comunicación No. 628/1995: República de Corea. 03/11/98. CCPR/C/64/D/628/1995 (jurisprudencia).
Sobre este caso, el informe anual de 2005 de la RELE cita que «el 22 de diciembre de 1989 el peticionario fue declarado culpable de violación de la Ley de Seguridad Nacional. La condena se basó en que había formado parte de Jóvenes Coreanos Unidos (JKU), una organización cuyo propósito era cometer los delitos de respaldar y fomentar las actividades del Gobierno de Corea del Norte y que, por lo tanto, favorecía al enemigo. La participación del autor en las manifestaciones pacíficas en Estados Unidos a favor de la cesación de la intervención de ese país había equivalido a ponerse del lado de Corea del Norte en violación de la mencionada ley.
De acuerdo con el peticionario, si bien fue condenado por afiliarse a una organización, el verdadero motivo de su condena fue que las opiniones manifestadas por él y por otros miembros de JKU criticaban la política oficial del Gobierno de Corea del Sur, lo que constituye una violación de su libertad de expresión. La condena y la sentencia misma se basaron en el hecho de que el autor, al haber participado en determinadas manifestaciones pacíficas y otras reuniones, había manifestado su apoyo a ciertas posiciones y eslóganes políticos.
El Estado alegó que las actividades que el peticionario realizó como miembro de JKU constituían una amenaza para el mantenimiento del sistema democrático y que, por lo tanto, la interferencia con la libertad de expresión del peticionario era una medida de protección necesaria.
El Comité sostuvo que el derecho a la libertad de expresión es de suma importancia en una sociedad democrática y que toda restricción impuesta al ejercicio de ese derecho debe responder a una rigurosa justificación».
