Un país peligroso del planeta para el periodismo: aumenta riesgo de ir a prisión

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Honduras es un país peligroso del planeta para ejercer el periodismo. Aquí la mayoría de las organizaciones coinciden que el Mecanismo de Protección que ofrece el gobierno, ante ataques, es ineficaz.

Estudios internacionales sobre la libertad de prensa destacan que estos ataques provienen de servidores públicos, por lo tanto existe en el país una exigencia urgente de mecanismos efectivos de seguridad para periodistas.

Las y los periodistas ejercen su oficio marcados por privaciones ilegales de la libertad, el exilio, acoso judicial, amenazas, ataques físicos, vigilancia estatal, estigmatización y cierre de medios, por lo tanto en Honduras no existe una garantía de salvaguardar la vida de una persona profesional del periodismo.

En lo que va de esta nueva administración de gobierno, hay tres querellas y nueve amenazas de querellas. Entre estas, hay una sentencia  contra el periodista Carlos Ávila. Está a punto de ir a la cárcel. Ya lleva 16 años de incertidumbre, daño emocional en esta situación y el año pasado declararon la sentencia firme arreciando aún más su persecución.

Si se analiza de manera específica la cantidad de querellas, en solo 16 meses, entre 2022 y marzo de 2023, hubo 12 querellas y/o amenazas de querellas. Esa cifra representa un vertiginoso aumento del uso del derecho penal para atacar a la prensa si se compara con 20 querellas y amenazas en siete años, en el período comprendido entre 2014 y 2020 que hubo una dictadura denunciada por el partido que ahora gobierna Honduras.

En el gobierno anterior, liderado por el extraditable Juan Orlando Hernández, el periodista David Romero falleció en prisión durante la pandemia de Covid-19, infectado por este virus. Tenía una condena de más de 10 años porque idearon la modalidad de sumar varios delitos contra el honor con el fin de lograr una pena severa. El periodista era un crítico permanente de Juan Orlando Hernández y en sus últimos días mantenía una disputa política y una línea crítica con José Manuel Zelaya Rosales, esposo y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro.

En general, las agresiones contra la prensa y medios de comunicación, entre 2022 y lo que va del presente año, suman 30. De esas, 17 ocurrieron el año pasado y 13 en cinco meses del presente año, confirmando así, un crecimiento en la escalada de agresión contra la prensa en el país. Esas son agresiones generales.

Despenalizar delitos contra el honor

La Comisión de Asuntos Legislativos del Congreso Nacional tiene una propuesta de dictamen para despenalizar los delitos contra el honor. Los legisladores prometieron que a finales de 2022 se sometería al pleno, no obstante, eso no ocurrió. Hay dos iniciativas de ley, una del diputado Darío Morán para descriminalizar por completo el tema y otra del diputado Samuel Madrid que protege datos relacionados con actividades financieras y propone solo eliminar una parte del tipo penal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diversas recomendaciones internacionales han demandado al Estado de Honduras despenalizar los delitos contra el honor para garantizar libertad de expresión sin temor de ir a la cárcel por ejercer un periodismo crítico e investigativo. Las promesas  siguen en papel.

Dina Meza, Directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), advierte que los delitos contra el honor no se van a despenalizar, como lo esperaba la prensa, en la administración de Xiomara Castro a pesar de ser un tema que se viene tocando reiteradamente con funcionarios gubernamentales del Congreso Nacional.

Meza dijo que al analizar los discursos gubernamentales, se puede ver que a los funcionarios no les gusta que los periodistas critiquen, que hablen o que disientan. Y por tal razón, se va a mantener esta figura para neutralizar la voz de la prensa y de ese modo sostener la zozobra para llevar a los periodistas a juicios carísimos de inaccesible pago debido al salario de los profesionales, que no da para pagar un abogado. Esta es una forma utilizada para restringir la información que puede ser vital para la sociedad en la toma de decisiones.

¨Definitivamente se están haciendo los locos también en este Gobierno, en el Congreso Nacional la figura no va a pasar, o sea ahí va a estar y va a llegar la siguiente elección y ahí va a continuar a pesar que el Examen Periódico Universal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y diversos sectores han señalado que mantener esta figura es violatorio a los estándares de derechos humanos¨, advirtió Meza.

¨Aquí en este Gobierno, en el Congreso Nacional actual —y que no me vengan a decir todavía aquí está la estructura criminal, ¿verdad?—  Bueno ahí puede estar, pero lo que no vemos es la voluntad de los diputados, que antes cuando estaban en la oposición, decían que sí lo iban a aprobar.¨ 

Lamentó, la defensora, que la gente dedicada al rubro periodístico no quiere hablar, solo le dicen discretamente que le mandaron una nota o que le mandaron a decir con «x» personas que se callaran o que no lo pueden acreditar en el Congreso Nacional, situación que ya ella denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«Se debería presionar esa comisión para que acrediten a todo periodista. Porque la persona que está en relaciones públicas lo que le dice a los periodistas, «no es que vos no venís constantemente». O sea, queda a libre albedrío de una funcionaria de baja categoría, decidir, si existe o no la libertad de expresión, hay un filtro ahí, para que usted no entre», agregó.

Asimismo, la defensora de la Libertad de Prensa exteriorizó que a nivel nacional, en las redes de periodistas, hay muchísima preocupación. 

En un taller de Reporteros Sin Fronteras con periodistas de la Zona Norte Atlántico manifestaron que ellos tienen muchísimo miedo porque ahora que «los gobiernos locales los dirige el partido en el poder, ya no pueden cubrir conferencias y tienen un acceso restringido a entrevistas, porque los consideran oposición política por haber dado cobertura a funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández».

Sumado a ello, dijo la defensora, en esta zona los funcionarios mantienen un control de premio-castigo con la publicidad oficial. Los periodistas están siendo ahogados. A sus programas no les están dando esa publicidad por discriminación y por eso se necesita una ley de publicidad oficial en el país. Eso vendría a solventar la problemática. También se necesita  una ley de libertad de expresión liderada y discutida por figuras comprometidas con el tema, que sean personas independientes. Esto ùltimo se planteó al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y parece que habría alguna disposición de hacerlo.

En el Gobierno de Pepe Lobo, un periodista que labora en medios corporativos tenía una querella y lo obligaron a negociar, el motivo de esta, había sido descubrir el caso de corrupción la Caja Chica de la Dama antes que la MACCIH, sin embargo, lo obligaron a desistir y a retractarse. Por lo tanto, cuando Meza, como defensora de DD. HH., lo fue a buscar, ya lo tenían intimidado. El periodista respondió que no se quería meter en problemas que ya tenía a sus abogados. Al final, él negoció, leyó una nota aclaratoria y ahí quedó el caso.

«Ese es un tipo de caso emblemático donde se calla al periodista, lo que trae consigo un perjuicio horrible contra la sociedad y contra la libertad de expresión y de prensa».

Querellas, amenazas, coacción obstaculiza la labor periodística

El Presidente del Colegio de Periodistas (CPH), Osman Reyes, cree que este gobierno no tiene ninguna voluntad de despenalizar los delitos contra el honor  más bien los utiliza para intimidar y coaccionar; hay varios diputados que han amenazado con procesar a periodistas. Algunos ministros han hablado también de hacer uso de este recurso  para callar la prensa hondureña.

Tampoco hay voluntad de los actores políticos, la clase política es la misma que no piensan en función del bienestar de los sectores vulnerables y clases sociales sino que en su propio interés. Esto es reflejado en el avance de la propuesta que se había presentado sobre este tema y que era relativamente significativa, aunque de la nada, se quedó en cero, según Reyes.

En la comisiòn habìa integrantes de todos los partidos polìticos del paìs. ¨No hemos visto en los partidos políticos, en las bancadas, ni en los diputados, tampoco esa intencionalidad de querer cambiar esto, hemos visto más bien, gente, que antes que  fuesen Secretarios de Estado, por decir algo, sí se mostraban a favor de nuestra lucha, mas hoy, que son funcionarios y que tienen el aguijón de la crítica, simplemente: o se oponen, o se hacen los ignorantes ante esta realidad¨

Las declaraciones estigmatizantes de funcionarios en contra de medios de comunicación —dice el presidente del CPH— no despiertan el interés ni la atención en los diputados, a nivel de las jefaturas de bancadas y menos de los presidentes de los partidos políticos.

La posición del CPH es que la despenalización de los delitos contra el honor no perjudica a nadie, al contrario, esto es una garantía que puede beneficiar a los partidos políticos, a los funcionarios y personas dedicadas a la vida política; porque hoy están algunos en el gobierno, mañana vuelven a ser revolucionarios.

¨Cuando se está en oposición, hay que cuestionar, hay que criticar, hay que decir la verdad y esta verdad muchas veces puede ser contrarrestada por los que ostenten el poder, en contra de los que están en oposición, argumentando los delitos contra el honor; por ahora quien trabaja por desaparecer esta figura, son las personas afines al periodismo¨.

¿Preparan ley para controlar medios?

Agregó, ¨siempre va a haber algún interés de quien esté al frente del gobierno, de querer limitar la crítica, el cuestionamiento, en contra que se dé a conocer las cosas que no están bien. No tengo la certeza que se esté fraguando en este momento, pero sí hemos escuchado varias informaciones que nos han llegado, que se está hablando de crear la ley para el control de medios, que vendría a través de las reformas a la ley  de CONATEL, nuevas dependencias que se han creado, que podrían en algún momento emplearse¨

¨Nosotros como Colegio de Periodistas de Honduras y como periodistas, no vamos a permitir y no vamos a tolerar ningún tipo de leyes que vengan a limitar derechos, de ser así, pues vamos a buscar las instancias nacionales e internacionales para poder visualizar esta situación¨, expresó.

De acuerdo con este análisis, es una situación peligrosa porque cuando los gobernantes atacan sin fundamento, hay una clara intención de no querer que la ciudadanía tenga información adecuada y crítica y la mejor forma es controlar a las y los periodistas. Después estos discursos se masifican en las redes sociales y en las leyes.

La prensa como enemiga o amiga de ¨X¨ o ¨Y¨ gobierno

La Asociación de Prensa Hondureña (APH), denuncia que en la actualidad hay una escalada de agresión psicológica y física contra periodistas. En esa lìnea de pensamiento es que al partido de gobierno y a las personas funcionarias públicas les afecta la despenalización de los delitos contra el honor debido a mucha corrupción. 

Al haber corrupción debe existir también por parte de la prensa nacional, la denuncia pública y esto les va a afectar. Los partidos no se han interesado en estas reformas debido a que no les conviene que se denuncie la corrupción y nepotismo.

El presidente de la APH, Carlos Ortíz, consideró que en el Legislativo hay muchos intereses de partidos políticos, incluso de la misma bancada del partido en el gobierno, por eso no existe una unidad granítica para este tipo de reformas, quien está en contra de una ley que permita ejercer libremente el periodismo en Honduras, es la clase política dominante en el país representada en el Congreso Nacional, consideró.

Este es un tema que hace mucho tiempo el Colegio de Periodistas de Honduras y la Asociación de Prensa Hondureña vienen discutiendo con la comisión legislativa del Congreso Nacional que preside el diputado Ramón Barrios y la diputada Maribel Espinoza. Hubo varias reuniones de trabajo en el año 2022.

Los diputados sostuvieron que no se puede reformar el Código Penal y la propueta fue reformar la Ley de emisión del pensamiento. En ese caso, desde octubre del año pasado se hicieron algunas propuestas para que estos delitos se lleven al ámbito civil y no en materia penal.

¨Debo decirle contundentemente, no existe voluntad política, porque no hubo otra convocatoria a la mesa de discusiones para finiquitar el proyecto de reformas y en la referente al Código Penal está prácticamente paralizado y que los demás diputados han estado solicitando, precisamente el diputado del Partido Salvador de Honduras, el doctor Umaña, así que no existe voluntad política en el actual gobierno¨, añadió Ortíz.

Cierre de medios con simple ordenanza municipal

En julio del año pasado el alcalde de Danlí, El Paraíso, Abraham Kafatti cerró el medio local, AVIVA TV; en ese sentido el propietario lamentó que se haya cerrado su canal y denunció que todo es una censura por parte del edil. 

Nery Dìaz Castellanos es el gerente propietario de AVIVA TV, una canal fundado en 2010. Desde 2022 los ha salvado solo la libertad en internet. Luego de denunciar supuestos actos de corrupciòn, nepotismo y abusos de autoridad, revelar hechos como que el alcalde del Partido Nacional estarìa contratando sus propias empresas para hacer negocios con el Estado. 

Estas denuncias molestaron al caudillo criollo y el 8 de junio de ese mismo año, mediante una ordenanza municipal se ordenó la suspensión de todos los canales de televisión, pendientes con el pago de los permisos de operación y demás tributos en ese municipio, bajo el acuerdo 061-2022, aprobado en sesión ordinaria el 22 de marzo del 2022.

El periodista ha sufrido porque le han amenazado a sus abogados ya que en el sistema de justicia hay compadres y amigos de las autoridades municipales, dijo.

Ante la CIDH, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) alertó sobre el patrón de alcaldes que han estado ordenando el cierre de medios de comunicación a través de una simple ordenanza del gobierno local. Otra tendencia legal peligrosa que se suma a las querellas.