Diseño de investigación: Jared Olson, Estados Unidos | Wendy Funes, Honduras | Héctor Silva, El Salvador | *Reporteo y redacción: Wendy Funes y Jared Olson | *Edición: Héctor Silva Ávalos |Esta es una investigación transnacional pues hubo reuniones con diversas fuentes en diferentes países entre marzo y diciembre de 2023.
Un trabajo difundido por: Infobae, Argentina | Prensa Comunitaria, Guatemala | Criterio.hn, Pasos de Animal Grande, Reportar sin Miedo, Diario en Altavoz, Contracorriente Honduras | Expediente Público, medio regional de Centro América
PARTE II. La 43 mujeres asesinadas y el secreto en el relevo del aparato de seguridad
Pocas horas habían pasado de la masacre cuando la presidenta Castro destituyó a Ramón Sabillón, el general de la Policía Nacional que dirigió la década pasada los operativos para capturar a varios cabecillas de los clanes de narcotráfico de Honduras y que llevó la batuta en los últimos trámites para la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y del diputado Midence Oquelí Martínez Turcios. Ese último pone a temblar a políticos de los tres partidos mayoritarios que dominan el espectro electoral en Honduras. Tres funcionarios de alto nivel en el gobierno de Castro han relatado para esta investigación como ambos hechos, la masacre y la destitución, se relacionan.
Las tres fuentes señalan a Melgar Urbina como uno de los militares que participó, antes de la masacre, en un complot para desbaratar la nueva configuración del aparato de seguridad público tras el ascenso al poder de la presidenta Castro, quien había decidido dar la batuta a oficiales de la policía y no a los militares, de quienes ella y su entorno desconfiaban por el golpe de Estado que en 2009 depuso a su esposo, Manuel Zelaya.
La primera alerta llegó el 6 de diciembre de 2022, cuando, empujada por el aumento en las extorsiones, la presidenta decretó estados de emergencia parciales en varios municipios del país y dio, con ello, más poder a la cúpula militar. Cuando aquello ocurrió solo habían pasado tres días desde que la Policía, bajo el liderazgo de Sabillón, había capturado al exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, quien en su momento fue aliado político de Manuel Zelaya.
Midence Oquelí fue extraditado el 30 de marzo pasado. Poco después de la extradición, entregó a la cúpula militar el control absoluto de las cárceles y de las investigaciones sobre crimen organizado, gracias al Decreto Ejecutivo PCM-28-2023, y con ello devolvió las rutas por las que circula la mayor parte de la cocaína, en el corredor hondureño, al control del ejército. Cuando Sabillón asumió, el ejército había perdido buena parte de su poder en esas rutas, pero con esta estrategia lo retomaban.
Al decretar los estados de emergencia, la presidenta Castro puso en remojo a Sabillón y a todo su gabinete de seguridad. El mando militar, en el que siempre estuvo Melgar Urbina, presionaba para dar plazos perentorios a las autoridades policiales. Una de las fuentes consultadas asegura que, en marzo de 2023, se concretó un plazo de 72 horas a Sabillón, lo cual fue el primer paso para la destitución.
El 6 de marzo, de hecho, fue la misma presidenta quien dio el plazo a Sabillón y a su gabinete de seguridad.
“Secretaría de Seguridad: Todo lo que me han solicitado se los he resuelto… No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios… ¡Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas! ¡Se terminó el tiempo de espera!!, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter -hoy X- aquel día.
En el entorno de Sabillón sabían que era el principio del fin y que el plan de los militares era que el general de la policía estuviese fuera en junio. Lo que pocos sabían, entonces, era que el plan, de acuerdo con los funcionarios consultados y de una de las hipótesis investigativas posteriores, incluía a Támara.
Un mes después del ultimátum, el 11 de abril de 2023, la presidenta nombró en un Consejo de Secretarios de Estado una comisión interventora en las cárceles mediante el Decreto Ejecutivo PCM-16-2023. A partir de ahí, desde la exacerbación de diferencias internas en Seguridad hasta la matanza de 43 privadas de libertad, todo formó parte del mismo rompecabezas.
La Interventora fue nombrada luego de que el 8 y el 9 de abril hubo reyertas y hecho violentos simultáneos en cinco penales. Un informe en poder del gobierno, al que esta investigación tuvo acceso, dice: “Estos atentados evidencian el alcance de la organización, coordinación y comunicación que mantienen las estructuras criminales que todos los días operan, se alimentan y fortalecen desde las cárceles a nivel nacional para la comisión de delitos relacionados con la extorsión y conexos”. En ese informe, además, se habla de la posible complicidad de algunos mandos policiales y militares con el complot.
La Comisión Interventora, a la cabeza de la cual la presidenta Castro nombró a Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, empezó a hacer cosas que nunca se habían hecho en el sistema carcelario hondureño, como elaborar un padrón de presos, utilizar la inteligencia penitenciaria para detectar fugas de información y generar información sobre las estructuras criminales internas.
Hubo al menos 48 comunicaciones oficiales de la Interventora a las autoridades policiales pidiendo apoyo logístico, pero no obtuvieron respuesta. Con todo eso, el camino quedó allanado para la entrada, de nuevo, de las autoridades militares en los asuntos de las cárceles.
La retoma del control de parte de los militares coincidió, según un documento de inteligencia penitenciaria al que esta investigación tuvo acceso, con el abastecimiento de las armas y medios que luego serían utilizadas en Támara para la masacre. Así, el 20 de junio de 2023, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que es el nombre oficial de la cárcel femenina, 46 privadas de libertad fueron asesinadas. De ellas, 23 fallecieron calcinadas y 23 ejecutadas con armas de fuego y/o armas blancas.
Llegó luego la destitución de Sabillón, como estuvo previsto desde marzo de 2023. Entonces el coronel Melgar Urbina, convencido de que él podría ser el próximo ministro de Seguridad, apoyado por diputados oficialistas, interpuso su renuncia, dice una fuente de alto nivel. En las cárceles, el control del crimen organizado en Honduras pasó nuevamente a manos de las Fuerzas Armadas, gracias en parte al Decreto Ejecutivo PCM-28-2023.
El plan, sin embargo, no salió según lo esperado por Melgar Urbina. En sustitución de Sabillón, la presidenta Castro nombró a Gustavo Sánchez, un oficial policial que hasta entonces había sido director de la Policía Nacional. En apariencia, el nombramiento truncaba el plan militar de retomar todo el aparato de seguridad y, en específico, las intenciones de Melgar. Sin embargo, uno de los altos funcionarios consultados en Honduras asegura que Sánchez tiene su propia agenda, que también incluyó sacar del camino a Sabillón. Se intentó conocer la opinión de Melgar Urbina en varias ocasiones a través de canales institucionales y mensajería electrónica pero no hubo respuesta.
En diversas coberturas observando tanto a Sánchez como a Sabillón, en los últimos meses, fue evidente que había una relación cordial entre ellos. Y diversas fuentes policiales señalaban que ambos estaban expuestos a un complot permanente que apuntaba a la destitución de uno y otro. Ese ambiente de tensión hizo sorpresivo el nombramiento de Sánchez.
Parte I: Los narcomilitares nunca se fueron de Honduras: Elías Melgar, un complot y el ascenso de los militares en el gobierno de Xiomara Castro
Diseño de investigación: Jared Olson, Estados Unidos | Wendy Funes, Honduras | Héctor Silva, El Salvador | *Reporteo y redacción: Wendy Funes y Jared Olson | *Edición: Héctor Silva Ávalos | | Expediente Público, medio regional de Centro América
Esta es una investigación transnacional pues hubo reuniones con diversas fuentes en diferentes países entre marzo y diciembre de 2023.
Un trabajo difundido por: Infobae, Argentina | Prensa Comunitaria, Guatemala | Criterio.hn, Reportar sin Miedo, Diario en Altavoz, Contracorriente, Honduras | Expediente
Un reportaje de Reporteros de Investigación
Pocas horas habían pasado de la masacre cuando la presidenta Castro destituyó a Ramón Sabillón, el general de la Policía Nacional que dirigió la década pasada los operativos para capturar a varios cabecillas de los clanes de narcotráfico de Honduras y que llevó la batuta en los últimos trámites para la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y del diputado Midence Oquelí Martínez Turcios. Este último pone a temblar a políticos de los tres partidos mayoritarios que dominan el espectro electoral en Honduras. Tres funcionarios de alto nivel en el gobierno de Castro han relatado para esta investigación como ambos hechos, la masacre y la destitución, se relacionan.
Las tres fuentes señalan a Melgar Urbina como uno de los militares que participó, antes de la masacre, en un complot para desbaratar la nueva configuración del aparato de seguridad público tras el ascenso al poder de la presidenta Castro, quien había decidido dar la batuta a oficiales de la policía y no a los militares, de quienes ella y su entorno desconfiaban por el golpe de Estado que en 2009 depuso a su esposo, Manuel Zelaya.
La primera alerta llegó el 6 de diciembre de 2022, cuando, empujada por el aumento en las extorsiones, la presidenta decretó estados de emergencia parciales en varios municipios del país y dio, con ello, más poder a la cúpula militar. Cuando aquello ocurrió solo habían pasado tres días desde que la Policía, bajo el liderazgo de Sabillón, había capturado al exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, quien en su momento fue aliado político de Manuel Zelaya.
Midence Oquelí fue extraditado el 30 de marzo pasado. Poco después de la extradición, entregó a la cúpula militar el control absoluto de las cárceles y de las investigaciones sobre crimen organizado, gracias al Decreto Ejecutivo PCM-28-2023, y con ello devolvió las rutas por las que circula la mayor parte de la cocaína, en el corredor hondureño, al control del ejército. Cuando Sabillón asumió, el ejército había perdido buena parte de su poder en esas rutas, pero con esta estrategia lo retomaban.
Al decretar los estados de emergencia, la presidenta Castro puso en remojo a Sabillón y a todo su gabinete de seguridad. El mando militar, en el que siempre estuvo Melgar Urbina, presionaba para dar plazos perentorios a las autoridades policiales. Una de las fuentes consultadas asegura que, en marzo de 2023, se concretó un plazo de 72 horas a Sabillón, lo cual fue el primer paso para la destitución.
El 6 de marzo, de hecho, fue la misma presidenta quien dio el plazo a Sabillón y a su gabinete de seguridad.
“Secretaría de Seguridad: Todo lo que me han solicitado se los he resuelto… No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios… ¡Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas! ¡Se terminó el tiempo de espera!!, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter -hoy X- aquel día.
En el entorno de Sabillón sabían que era el principio del fin y que el plan de los militares era que el general de la policía estuviese fuera en junio. Lo que pocos sabían, entonces, era que el plan, de acuerdo con los funcionarios consultados y de una de las hipótesis investigativas posteriores, incluía a Támara.
Un mes después del ultimátum, el 11 de abril de 2023, la presidenta nombró en un Consejo de Secretarios de Estado una comisión interventora en las cárceles mediante el Decreto Ejecutivo PCM-16-2023. A partir de ahí, desde la exacerbación de diferencias internas en Seguridad hasta la matanza de 43 privadas de libertad, todo formó parte del mismo rompecabezas.
La Interventora fue nombrada luego de que el 8 y el 9 de abril hubo reyertas y hecho violentos simultáneos en cinco penales. Un informe en poder del gobierno, al que esta investigación tuvo acceso, dice: “Estos atentados evidencian el alcance de la organización, coordinación y comunicación que mantienen las estructuras criminales que todos los días operan, se alimentan y fortalecen desde las cárceles a nivel nacional para la comisión de delitos relacionados con la extorsión y conexos”. En ese informe, además, se habla de la posible complicidad de algunos mandos policiales y militares con el complot.
La Comisión Interventora, a la cabeza de la cual la presidenta Castro nombró a Julissa Villanueva, subsecretaria de Seguridad, empezó a hacer cosas que nunca se habían hecho en el sistema carcelario hondureño, como elaborar un padrón de presos, utilizar la inteligencia penitenciaria para detectar fugas de información y generar información sobre las estructuras criminales internas.
Hubo al menos 48 comunicaciones oficiales de la Interventora a las autoridades policiales pidiendo apoyo logístico, pero no obtuvieron respuesta. Con todo eso, el camino quedó allanado para la entrada, de nuevo, de las autoridades militares en los asuntos de las cárceles.
La retoma del control de parte de los militares coincidió, según un documento de inteligencia penitenciaria al que esta investigación tuvo acceso, con el abastecimiento de las armas y medios que luego serían utilizadas en Támara para la masacre. Así, el 20 de junio de 2023, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), que es el nombre oficial de la cárcel femenina, 46 privadas de libertad fueron asesinadas. De ellas, 23 fallecieron calcinadas y 23 ejecutadas con armas de fuego y/o armas blancas.
Llegó luego la destitución de Sabillón, como estuvo previsto desde marzo de 2023. Entonces el coronel Melgar Urbina, convencido de que él podría ser el próximo ministro de Seguridad, apoyado por diputados oficialistas, interpuso su renuncia, dice una fuente de alto nivel. En las cárceles, el control del crimen organizado en Honduras pasó nuevamente a manos de las Fuerzas Armadas, gracias en parte al Decreto Ejecutivo PCM-28-2023.
El plan, sin embargo, no salió según lo esperado por Melgar Urbina. En sustitución de Sabillón, la presidenta Castro nombró a Gustavo Sánchez, un oficial policial que hasta entonces había sido director de la Policía Nacional. En apariencia, el nombramiento truncaba el plan militar de retomar todo el aparato de seguridad y, en específico, las intenciones de Melgar. Sin embargo, uno de los altos funcionarios consultados en Honduras asegura que Sánchez tiene su propia agenda, que también incluyó sacar del camino a Sabillón. Se intentó conocer la opinión de Melgar Urbina en varias ocasiones a través de canales institucionales y mensajería electrónica pero no hubo respuesta.
En diversas coberturas observando tanto a Sánchez como a Sabillón, en los últimos meses, fue evidente que había una relación cordial entre ellos. Y diversas fuentes policiales señalaban que ambos estaban expuestos a un complot permanente que apuntaba a la destitución de uno y otro. Ese ambiente de tensión, hizo sorpresivo el nombramiento de Sánchez.
Parte I:
Los narcomilitares nunca se fueron de Honduras: Elías Melgar, un complot y el ascenso de los militares en el gobierno de Xiomara Castro
Parte II
Parte III
Vea mañana 15 de diciembre | Narcomilitarismo: Los escuadrones de la muerte en el Bajo Aguán
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