Tegucigalpa, Honduras |Reporteros de Investigación
La involución de los derechos humanos y garantías ciudadanas en Honduras detonaron pública e impunemente hace 10 años. Los medios de comunicación que ese 28 de junio de 2009 transmitían tiras cómicas, ahora quieren sembrar en el pensamiento colectivo que este es un simple pleito del nuevo partido Libre contra el bipartidismo. Con su acostumbrada visión reduccionista, dejan de lado la capacidad política del pueblo hondureño para exigir que los grupos de poder, que no solo controlan estos medios de comunicación sino los demás medios de producción, no quieren redistribuir su riqueza y mucho menos compartir las decisiones de país con la participación democrática del pueblo.
Los medios que en 2009 editaban imágenes para borrar la sangre de las víctimas hoy soslayan que hay un pueblo en resistencia, crítico de Libre, que nunca estuvo de acuerdo con la vía electoral.
Además, la estructura mediática de los grupos de poder se empeña en que el pueblo se olvide del conflicto por la precariedad de sus vidas hacia donde nos han conducido las oligarquías que gobiernan el país y han logrado centrar en el debate público, el discurso anticorrupción y antinarcotràfico que tanto conviene a Estados Unidos para la militarización. Una evidencia cercana es la presencia de 300 marines estadounidenses que llegaron este mes a suelo hondureño. Con su llegada ha coincidido la fuerza militar excesiva, bombardeos y muertes contra manifestantes, cometidas en las protestas.
A 10 años del golpe, la población de Choluteca, en el sur de Honduras, lleva más de un año en protesta desde el fraude electoral y la reeleccion inconstitucional de Juan Orlando Hernández, en 2017, y los médicos y maestros han salido hace un mes a protestar contra la privatizacion de la salud y la educacion, mientras la resistencia ya sea de Libre o no, ha aprovechado cada espacio de protesta durante estos diez años para seguir manifestándose.
En realidad, tanto la corrupción como el narcotráfico son una secuela natural del gobierno de castas y casi dinastías que han podido gobernar con la podredumbre que permite la impunidad y la decisiones para todo un pueblo, adoptadas por parte de unas cuantas familias, pero eso es lo que se oculta al pueblo.
En esta década, se profundizó la militarización, se abolió la independencia de poderes, han asesinado, criminalizado y desprestigiado a organizaciones de derechos humanos, se privatizaron instituciones estatales, el lempira vale menos frente al dolar, aumentó la violencia, la criminalidad y la penetracion del crimen organizado en la estructura estatal. Los gobiernos pasaron de ser parte logística de la estructura a ejecutores o fuerza motora del crimen organizado, sin olvidar que desde 2009, los militares han tenido cada vez año más poder del que ya les había dado Zelaya Rosales antes del Golpe de Estado.
La madrugada del domingo 28 de junio del año 2009, un contingente de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) allanó la vivienda del presidente, José Manuel Zelaya Rosales, su finalidad era su captura, después de sacarlo del país, redactaron una orden judicial dictada por el Juez natural Tomás Arita para decir que tenían sustento judicial. Pero los testimonios indican que tanto el requerimiento como la orden de captura se hicieron después bajo presión, en oficinas de prensa, con errores ortográficos por la premura; de estos papeles, hasta la fecha no hay análisis forense independiente.
Tras la detención ilegal del presidente de Honduras, la Junta de Comandantes de las FF. AA. decidió de manera arbitraria expulsar del país vía aérea al mandatario, en lugar de presentarlo ante los entes de competencia nacional. En su libro El Golpe Golpe 28 J, presentado este 27 de junio de 2019, Zelaya Rosales dice que reconoció al general Fredy Díaz Zelaya, como el que llegó a su casa; a René Osorio Canales como el militar que comandó su traslado y al Coronel Landa como el que iba de piloto en el avión de la Fuerza Aérea Hondureña a la base militar estadounidense, situada en Palmerola, Comayagua. Los dos primeros se convirtieron en los años siguientes en jefes de las Fuerzas Armadas.
En el momento de su captura, una de las hijas de José Manuel Zelaya Rosales, mejor conocido como “Mel”, denunció lo ocurrido, por una llamada telefónica, a un medio de comunicación. De manera inmediata, la energía eléctrica fue cortada en gran parte del territorio nacional y dibujos animados y canciones sustituyeron los espacios informativos de medios de comunicación, también la señal de telefonía móvil fue restringida en un afán de desinformar a la población lo que estaba ocurriendo.
Como era de esperarse, el derrocamiento de Mel conllevó a una crisis social, política y económica en Honduras, de manera inmediata la ciudadanía salió a manifestarse en las calles, en un acto simbólico de protesta contra lo ocurrido y la represión militar, no se hizo esperar. Mientras, en el Congreso Nacional, el diputado José Alfredo Saavedra, juramentaba al titular del Legislativo, Roberto Micheletti, como el nuevo Presidente de la Republica de Honduras. Lo juramentó después de leer una renuncia falsa de Zelaya, el hecho contó con la participación protagónica de Marcia Villeda.
En una realidad paralela, la auto convocatoria ciudadana de forma inmediata inundó históricamente los espacios públicos y con la finalidad de retomar el orden constitucional, los y las hondureñas se mantuvieron en las calles en demanda del regreso de Mel. Ante este escenario de participación autentica de la ciudadanía el único recurso fue el desalojo violento haciendo uso de las armas, impunidad, toques de queda, bombardeos con uso excesivo de gases lacrimógenos y todo lo que pueda implicar el irrrespeto a las garantías individuales y colectivas.
La bota militar fue la encargada de “resguardar el orden y la seguridad”, ellos se encargaron de poder mantener el Status Quo de nuestro país, dejando graves secuelas de dolor, lágrimas, sangre y delitos de lesa humanidad contra compatriotas catrachos.
Durante días, los y las hondureñas se aferraron al regreso de su presidente electo democráticamente, esta factura dejó un saldo impagable con pérdidas de vidas. La oenegé Cofadeh contabiliza 134 ejecuciones, 16 ejecuciones selectivas y 13 desapariciones como resultado de la resistencia al golpe.
En el año 2011, el informe oficialista presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación titulado “Para que los hechos no se repitan”, resaltó recomendaciones puntuales a las FF. AA., enfocadas en la restricción de sus competencias, derechos y obligaciones.
“Recomendamos que en la Constitución de la república, revisar la función de las Fuerzas Armadas, incluyendo la supresión de cualquier misión de carácter político para las mismas, así como establecer claramente la prohibición de utilizarse para funciones policiales, a no ser en caso de estado de excepción, de conformidad con las prescripciones que al efecto establece el sistema interamericano de protección de derechos humanos y bajo un control judicial independiente”.
Hoy, 10 años después del Golpe de Estado Militar, la ciudadanía continúa su lucha pacífica desde espacios públicos al igual que en el 2009, exigiendo justicia, participación y calidad de vida. Desde hace una década a pesar de contabilizar asesinatos durante y después de jornadas de protesta, arrestos, presos políticos, estigma y criminalización, el pueblo de Honduras se mantiene en resistencia histórica y valiente.
Las ambiciones políticas cada día nos hacen retroceder en materia de derechos humanos sin poder hasta la fecha resarcir el daño ocasionado en el marco de la crisis emanada del Golpe de Estado Militar del año 2009.
Los y las responsables de nuestra realidad se olvidaron rápidamente de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, incluyendo desde luego a la ex Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Durante su gestión, se hicieron reformas legales para lograr su reelección como rectora, como después haría Juan Orlando Hernández. Castellanos salió en 2017 de la UNAH dejando tras de sí una estela de 200 estudiantes criminalizados, hubo una desaparición forzada y dos asesinatos de sindicalistas.
También queda en el baúl de la impunidad, la responsabilidad compartida de las cúpulas de los partidos políticos, empresarios, religiosos, militares y medios de comunicación, mientras que las únicas víctimas reales y tangibles del Golpe de Estado Militar aún se mantienen firmes en las calles exigiendo garantías y derechos ante un sistema desigual e injusto que se olvida del castigo al opresor.
Las principales víctimas siguen siendo víctimas y los agresores-ejecutores, los mismos, los militares siguen haciendo el trabajo sucio de los políticos, empresarios, religiosos y medios de comunicación, o por el contrario, son los militares los que mueven el hilo de la marioneta.
Lo cierto es que estamos llenado de mártires cementerios y cárceles.
Ellos no aparecen en el discurso público que trata de desviar la atención y reduce la lucha del pueblo hondureño, para tener democracia participativa, en vez de representativa, a un simple pleito electorero.
