Tegucigalpa, Honduras |Reporteros de Investigación
Hace cuatro años la comisionada (en retiro) de la Policía Nacional, María Luisa Borjas, advertía que «las masacres ocurridas en Honduras durante los últimos días han sido planificadas por el gobierno para gestionar más recursos y orientarlos al tema de la seguridad».
Ella dio estas declaraciones al periódico Criterio.hn, el 30 de noviembre de 2015. Borjas fue la encargada de Asuntos Internos de la Policía Nacional, separada de su cargo en 2003 por denunciar escuadrones de limpieza dentro de esta institución.
Sus declaraciones pasaron casi inadvertidas. Para ese entonces poca gente relacionaba las masacres ocurridas en Honduras, con las operaciones criminales desde el gobierno.
En cambio desde que los juicios de Nueva York develaron la supuesta implicación del mandatario Juan Orlando Hernández y sus funcionarios con el narcotráfico, el número de voces señalando que las masacres son organizadas desde el Estado ha cobrado fuerza como un río cuyo caudal crece con las horas.
Unos días antes de las muertes masivas, RI había denunciado el clamor de las madres por un supuesto intento de envenenamiento para internos de El Pozo de la pandilla 18.
Vea: Sicarios de la mara del poder
Este año, al aumento de las masacres en las calles, se sumaron las muertes masivas en las cárceles, algo que no se veía desde los tiempos que el país fue gobernado por el nacionalista Ricardo Maduro y la seguridad era encabezada por Óscar Àlvarez.
Por ambos hechos, el Estado de Honduras es enjuiciado en materia de derechos humanos, pero nadie ha denunciado la responsabilidad penal de lesa humanidad pues no habían reaccionado hasta ahora sectores públicos para denunciar un aparente concierto de acciones estatales con el fin de cometer homicidios en masa.
Las muertes múltiples arreciaron luego del juicio por narcotráfico del diputado Juan Antonio Hernández, realizado en Nueva York.
El mismo día que declaraban la implicación de su hermano Juan Orlando Hernández con el Cartel de Sinaloa, él advertía en su cuenta de Twitter que tomaría el control de las prisiones. Menos de un mes después inició una estela de muerte masiva.
Nadie advirtió entonces en el mensaje de Hernández, pero las muertes arreciaron en una época festiva para causar mayor dolor emocional, tal como ocurrió con la Masacre de Chamelecón un 23 de diciembre de 2004, en plena campaña electoral.
El ex fiscal del Ministerio Público y defensor de derechos humanos, Omar Menjívar, escribió en sus redes sociales: Y QUIEREN QUE PENSEMOS QUE SON CASUALIDADES.
- 25 de octubre, en la cárcel denominada La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, asesinan al que fue lugarteniente y mano derecha de Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, narcotraficante extraditado y confeso, en Estados Unidos, que involucra a Juan Orlando Hernández como beneficiario directo del financiamiento del narcotráfico para su campaña, de manos del propio Chapo Guzmán.
- 26 de octubre, en la cárcel conocida como El Pozo, Ilama, Santa Bárbara, es asesinado con lujo de sadismo, Magdaleno Meza Funez, confeccionista de las narcolibretas que dan cuenta detallada de fechas, envíos de droga y sumas de dinero entregadas a Tony y Juan Orlando Hernández y que constituyeron referencia indiciaria determinante en el juicio contra Tony Hernández, en Nueva York.
- 13 de diciembre, es asesinado Pedro Ildefonso Armas, exdirector interino del centro penal El Pozo, que presenció la muerte de Magdaleno Meza Funez, mientras conversaba con él. El asesinato de Armas ocurrió en la carretera del sur, entre Choluteca y San Lorenzo.
- 14 de diciembre, son asesinados cinco reclusos, nuevamente en la cárcel de máxima seguridad denominada La Tolva. Todas las víctimas, de acuerdo con fuentes que tienen por qué saberlo, conocían información sensible que liga a la cúpula gobernante con el narcotráfico.
- 22 de diciembre, una nueva matanza es perpetrada en la cárcel de mínima seguridad de El Porvenir, Francisco Morazán, y en ella son asesinados 19 reos, a solo 48 horas de que otra masacre similar había ocurrido en el presidio de Tela, en el que también murieron diecinueve privados de libertad. Entre los muertos de el Porvenir, según informaciones divulgadas por medios independientes, se encuentran los condenados por la muerte de los periodistas Anibal Barrow de Radio Globo y Alfredo Villatroro, de HRN (asesinatos ligados a carteles del narcotráfico), además del condenado por la muerte de un hermano de Juan Orlando Hernandez, de nombre Yester Hernández, ocurrida hace más de diez años, en el interior de un motel, en Tegucigalpa.
MI SENCILLO ANÁLISIS
La secuencia de hechos denotan un patrón de víctimas que cierne la sospecha mayor sobre el Estado y su director número uno, junto a sus siniestros colaboradores y asesores, de modo que la cacareada intervención del sistema penitenciario, a cargo de militares, solo es parte secuencial del mismo plan y muy probablemente busca eliminar cualquier evidencia o señal indiciaria que involucre a quien ordenó semejante exterminio.
Más voces
Unos días antes, el director de Radio Progreso y coordinador del equipo jesuita ERIC, el sacerdote Ismael Moreno, había señalado directamente al gobierno por estar detrás de estos crímenes:
El día del crimen, por la redes circuló este mensaje:
«ENTRE LOS MUERTOS. En la masacre de 18 privados de libertad en la cárcel de mínima seguridad Siria, ubicada en El Porvenir, Francisco Morazán, murió Wilson Eduardo Valladares, supuesto asesino de Yester Saddy Hernández, abogado y hermano del mandatario inconstitucional, Juan Orlando Hernández.
La esposa de Wilson, quien por razones de seguridad omitió su nombre, asegura que él era inocente del asesinato de Yester Hernández, puesto que las pruebas de ADN indicaron que no participó en el crimen.
Indica que su esposo estuvo privado de libertad durante 10 años en la Penitenciaría Nacional Támara y hace dos meses había sido trasladado a la cárcel en El Porvenir, Francisco Morazán».
Del mismo modo, el ex candidato presidencial Salvador Nasralla posteó varios mensajes en su cuenta luego de estos recientes crímenes.
En su cuenta de Twitter, el doctor Nelson Ávila, economista, señaló «CAOS PATOLÓGICO
CRIMINALES se ORGANIZARON para CONTROLAR ESTADO. Con PODER, IMPUNIDAD, INMUNIDAD ABSOLUTA, NARCODICTADURA LEGISLA AUTOBLINDANDOSE; NOMBRAN sus PROTECTORES en Corte, Fiscalía,TSC, FFAA, Policía; VIOLAN CONSTITUCIÓN, hacen FRAUDES. ES CAOS PLANIFICADO ¡INSURRECCIÓN!».
