Por María Virginia Díaz Méndez
Tegucigalpa, Honduras | Reporteras de Opinión. Las mujeres privadas de libertad viven cotidianamente en los centros penitenciarios violencia física, emocional y sexual, por un ambiente altamente violento, militarizado recibiendo mala alimentación limitándoles el acceso a servicios de salud, medicamentos, material de bioseguridad y se le restringe de las visitas familiares, quienes les proveen de las necesidades de aseo personal, alimentos de calidad, medicamentos para atender sus enfermedades de base y las complicaciones a su salud integral. Además, las cárceles no cuentan con la infraestructura física y social para propiciar un ambiente saludable desde la perspectiva del respeto de los derechos humanos. Las(os) menores que están internados con su madre ven limitados los afectos por las situaciones de depresión y deterioro de la salud de ellas. Tampoco se les provee de una alimentación nutritiva en parte por la falta de acceso de recursos económicos de las mujeres privadas de libertad y el limitado presupuesto que asigna el Estado a los centros penitenciarios.
Las mujeres privadas de libertad, son víctimas de un continuum de violencia estructural, son las más empobrecidas, las que muchas veces tienen que realizar acciones delictivas por la falta de oportunidades y empleos dignos o las que por sus condiciones de subordinación son obligadas a colaborar con sus cónyuges, novios o compañeros de hogar con las acciones delictivas que ellos ejercen. También, son las que por permanecer más tiempo en el espacio doméstico son acusadas de portación ilegal de armas o de guardar drogas, en las redadas o cateos que la policía realiza, que dejan en custodia los hombres, pertenecientes a las maras y pandillas, que integran su entorno familiar o afectivo. Igualmente, cuando son víctimas de la violencia femicida o la muerte violenta, cuando son asesinadas por venganza o botín de guerra. Lo que se denomina femicidio por conexión.
También son víctimas de relaciones desiguales de poder históricas y la violencia sistémica que ejerce el Estado al no asumir su función de garante de derechos, que como consecuencia no se prioriza lo social en las agendas de los gobiernos, para quienes la violencia contra las mujeres, pobreza, violaciones sexuales a niñas, niños y jóvenes no son temas de interés de los gobiernos, ni son parte de la democracia y la política. La priorización de lo social en las políticas del Estado hondureño afecta a las mujeres porque pierden brutalmente los beneficios de las políticas sociales (descanso por maternidad, impacto de la violencia doméstica, el acceso a la seguridad social). Además, se ven nuevamente obligadas a realizar tareas de reproducción social en las que el Estado se desatiende (cuidado de la salud de la familia, atención emocional de los niños y niñas, cuidado de las personas ancianas).
Es decir, las mujeres en este país, son descartables para el sistema, tiene como condena, la violencia, la tortura, la muerte y la cárcel. El día de ayer 48 mujeres privadas de libertad fueron víctimas de la conjugación de estos cuatro destinos para las mujeres, murieron torturadas, acribilladas y algunas calcinadas, bajo la custodia del Estado en una institucionalidad estatal que tenía y tiene por mandato garantizar sus vidas y sus derechos humanos.
Este repudiable siniestro es otra demostración más, que Honduras es un estado feminicida, en el que sus instituciones son un rotundo fracaso y un caldo de corrupción; fracasó el sistema educativo y de salud, que pudo haberles brindado oportunidades a estas mujeres; fracasó el sistema de justicia, que tubo que haberlas sentenciado para que mujeres inocentes no estuviesen hoy en la morgue, esperando por una autopsia. Fracasó el sistema penitenciario que opera con mecanismos corruptos para que ingresen armas letales a la cárcel; fracasó una sociedad profundamente patriarcal que asigna a las mujeres involucradas en actos de corrupción a las cárceles y protege a los hombres corruptos en los batallones asegurando sus vidas o les deja libres bajo el manto de la impunidad. Fracasó la Secretaría de Derechos Humanos al no garantizar los derechos de las poblaciones más excluidas, como lo son las privadas de libertad. Y por no hacer ingentes esfuerzos para derrocar un sistema patriarcal que legitima las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres. Fracasó la hipócrita frase del socialismo democrático, que ha privilegiado las políticas del mercado mientras asesinan defensores, defensoras, mujeres y privadas de libertad.
Honduras está de luto porque asesinaron 48 mujeres que son hijas, madres, sobrinas, ciudadanas, que su delito fue haber nacido pobres, las eternas excluidas del sistema capitalista y patriarcal, las descartables, las nadie.
Exigimos castigo a los culpables, la no revictimización de las privadas de libertad que aún están vivas en CEFAS, que les permitan recibir visitas y que se tomen medidas de compensación urgentes, que garanticen su bienestar físico y mental. Que se les brinde un trato digno y humano a las y los familiares de las víctimas, sobre todo la pronta justicia.
¡Son 48 mujeres, son nuestras hermanas y fue el Estado el culpable!!!
