Políticos de los partidos en el poder contratan sicarios. El sistema de justicia se encarga de limpiar los casos: No es nada nuevo el modo de operar solo cambió de color. Así opera el sicariato en Honduras.
Un Poder Judicial controlado por un gobierno azul que pasó al poder de un gobierno rojo y negro, sería más de lo mismo; pero esta vez es más grave porque las denuncias de penetración del crimen organizado en los últimos 14 años, avanzaron a los más altos niveles de magistraturas, según consta en los expedientes de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
En las negociaciones para la nueva Corte Suprema de Justicia participó un ex convicto del Distrito Sur de Nueva York, Yani Rosenthal. Puso sus condiciones. También las puso el Partido Nacional, liderado aún en esos días con la influencia del convicto Juan Orlando Hernández.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La nueva Corte Suprema de Justicia entró con el dilema de la extradición. El saliente gobierno de Juan Orlando Hernández había intentado eliminarla sin éxito por la presión de Estados Unidos.
Mientras la extradición sigue en el tintero, en el camino la justicia ha empezado a construir impunidad con un primer hecho concreto que representa un antes y un después para la nueva Corte porque es el primer crimen de supuesto sicariato que involucra a un político.
Esta vez la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) decidió no archivar el caso que involucra a un político del partido de gobierno y, juzgado por un sistema judicial controlado por el mismo partido del imputado.
La impunidad como consecuencia
Las redes sociales estallaron desde el día que el Poder Judicial anunció en su cuenta de X que la Corte de Apelaciones —Sin precisar cuál de todos los tribunales de alzada del país—revocó la medida de Prisión Preventiva y además ordenó dar carta de libertad provisional al ex diputado del partido oficialista, Miguel Navarro.
Este caso queda abierto por cinco años y la Fiscalía anunció que impugnará la decisión. Este caso evidencia los riesgos que implica que un poder como el Judicial haya cambiado de color, pero no de estructura. Además, el entramado retrata muy bien el poder que tiene la impunidad cuando se eligen jueces mediante negociación de cuotas de poder de la política partidista.
Así se construye impunidad en Honduras
Hay dos momentos importantes que se cruzan en esta historia de impunidad.
Un primer instante ocurrió en septiembre de 2022 cuando se instaló la Junta Nominadora (JN) para elección de la Corte Suprema de Justicia.
El otro, fue un 8 de septiembre de 2023. Era viernes.
Esa madrugada, los sicarios vigilaban al subcoordinador del Programa Nacional de Recuperación de Pérdidas Eléctricas (PNRP), en la capital y alrededores, Rafael Leonardo Lagos Armijo (49).
El asesinato por encargo le costaba, en este momento, al ex diputado Navarro unos 6000 dólares (150,000 lempiras). Habían tenido diferencias con Lagos Armijo, según la versión del proceso penal.
El empleado del partido oficialista vivía en la colonia San José de la Vega, al sur de la capital de Honduras. Salió y cuando estaba cerca de su automóvil, los sicarios lo acribillaron.
Con el proceso de investigación científica, la Fiscalía determinó que el ex diputado le había entregado a su hombre de confianza, Humberto Velásquez Martínez, los 150,000 lempiras. El intercambio de dinero ocurrió en una gasolinera de la colonia Las Palmas de Tegucigalpa, al oriente de la capital.
Desde aquel momento, se inició un procedimiento criminalístico que duró seis meses y demostró que sí hay voluntad, hay capacidades de investigación.
El 22 de marzo de 2024, la División de Investigaciones Especial de Delitos contra la Vida detuvo al ex congresista.
Su detención ocurrió en Talanga, por orden del Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa. Recibió auto de prisión el 27 de marzo, lo cual indica el indicio racional del ilícito, de acuerdo con el Código Procesal Penal. Solo dos meses después, el 20 de mayo, la Corte de Apelaciones ordenó su libertad. Al día siguiente, el Ministerio Público anunció que impugnará. Es aún un capítulo no cerrado.
Industria del Sicariato
Acá hay que hacer un paréntesis porque el sicariato en Honduras no empezó en septiembre de 2023, viene de muchas décadas atrás, pero ya explicamos porque marca un hito. Además, Olancho, es uno de los departamentos que marca una preocupante tendencia, tal como lo muestra este mapa. El sicariato está en la ruta de la droga y en las tierras donde hay conflictos territoriales, corrupción y poder político y económico.
Un mes más tarde, del hecho que involucró al político de Libre, el 13 de octubre de 2023 la gerente de recuperaciones del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) Doris Euceda, fue atacada a balazos por sicarios.
14 días más tarde, el 27 de octubre de 2023 en la colonia Monteverde de López Arellano, norte de Honduras, sicarios asesinaron a Cristhofer Cruz.
El 16 de diciembre de 2023 al exalcalde del partido opositor en Yocón, Olancho, Francisco Antonio Reyes (63), fue asesinado en el municipio turístico de Valle de Ángeles, departamento de Francisco Morazán. Todos estos casos están en la impunidad.
Las negociaciones: como origen de impunidad
Retomemos el otro hilo, ligado a esta historia de impunidad. Comenzó en 2022. Desde la instalación de la nominadora. Mientras la junta intentó seguir un proceso técnico, las fuerzas políticas negociaban a puerta cerrada.
La Junta Nominadora trató de meter los mejores candidatos en la nómina de 45. Pero hubo tres debates que marcaron la influencia política.
El primer debate se centró en quién haría las evaluaciones sicométricas. En vez de que fuera un ente técnico como el Colegio de Sicólogos, se designó a la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII). Un ente con visión militarizada y bajo control político. Ciertos miembros de la Junta Nominadora empezaron a sentir que ya las fuerzas políticas manipularon la decisión final para meter a sus candidatos.
El segundo debate que empantanó el trabajo de la JN fue cuando el Partido Nacional condicionó que su candidata definitiva era la abogada Anny Ochoa.
En caso contrario, había seis magistrados de la antigua Corte Suprema de Justicia que querían reelegirse pese a los cuestionamientos y a la sombra del coconspirador para tráfico de drogas y de armas, Juan Orlando Hernández, que se cernía sobre ellos.
Acá de nuevo se volvió a hacer evidente la negociación político partidista. Los integrantes de la Junta Nominadora votaron, de acuerdo con la línea recibida desde cada sector político que representaban. La negociación cercó incluso a representantes de organizaciones no estatales de derechos humanos.
Fue de esa forma como los entonces candidatos a magistrados Anny Ochoa, Daniel Sibrián y Milton Jiménez Puerto avanzaron pese a las tachas que había en su contra.
Un tercer instante fue el de la calificación controlada. Por ejemplo, el candidato Luis Fernando Padilla Castellanos no aparecía de los mejores calificados, pero con la modalidad que se inventaron a última hora apareció con las calificaciones más altas.
Mientras los representantes de la JN debatían, los liderazgos en aquellos días del Partido Libre con Manuel Zelaya Rosales, a la cabeza; el Partido Nacional con David Chávez, los diputados nacionalistas y la influencia de Ana García y Yani Rosenthal en el Partido Liberal, tenían el destino de la justicia en sus manos.
En al menos una ocasión, el equipo de Reporteros de Investigación dialogó con diputados que contaron que se había llegado a un acuerdo previo para elección de los magistrados y no se concluía porque no había un pacto final con Yani Rosenthal en cuanto al número de magistrados.
RI reveló que hubo presiones para que tres de los candidatos más tachados entraran en la lista de magistrados. De ahí en adelante, cuando el listado fue enviado al Congreso Nacional empezaron una serie de cabildeos y negociaciones secretas.
Un acuerdo se hizo público en el periódico Poder Popular. Ahora al buscarlo en internet no se encuentra.
El único chivo expiatorio de toda la negociación para darle credibilidad al proceso, al final fue Daniel Sibrián.
Con el paso de los días: la creación de una mega estructura burocrática de magistrados, el debate para hacer reformas al proceso de extradición y los pactos de impunidad, las órdenes arbitrarias dadas por políticos que irá revelando el equipo de RI van dando idea de los temas que en realidad se negociaron y que se ocultaron al pueblo.
Pero además, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York hay personas extraditadas que tuvieron nexos legales o políticos con magistrados actuales. Un ejemplo puntual es que el ex diputado Midence Oquelí Martínez Turcios tuvo como uno de sus notarios, en “julio de 2019, a Luis Fernando Padilla Castellanos. “Fue uno de los notarios que representaron al narcotraficante Midence Oquely ante el IP, para “VENDER” las propiedades de los CACHIROS a los testaferros de César Garrido” (sic).
No es casualidad entonces que con un Poder Judicial comprometido haya existido la posibilidad de una orden directa desde el Poder Ejecutivo para dejar en libertad y absolver al ex diputado. ¿Que si hay pruebas? Un testimonio recibido que sugiere que esa llamada habría ocurrido. Los hechos tampoco lo desmienten.
Vea: Olancho es ancho para entrar, angosto para salir
Para esta investigación, hubo un abogado de un bufete aliado al equipo de RI haciendo monitoreo permanente en la Junta Nominadora; hubo al menos seis reuniones con una fuente, reuniones con diversas fuentes periodísticas del ámbito de acceso a justicia y derechos humanos, monitoreo de medios de comunicación y observación diaria del desenvolvimiento de los hechos para verificar hipótesis sobre las negociaciones. Cuando anunciaron la carta de libertad del ex diputado Navarro, supimos que era el momento de publicar la primera parte y más suave de este serie que sigue abierta tan abierta como la herida de la justicia que fomenta la impunidad, la corrupción y la muerte con tal de acumular poder.
Vea: Midence Oquelí, el ex diputado que estremecerá al tripartidismo en Honduras
